11/10/2016 Cuenca Matanza Riachuelo

Prórroga de la emergencia social, urbanística y sanitaria

Lo aprobó la Legislatura porteña. Será por cinco años. Aseguran que aún persisten “serios inconvenientes” como la relocalización de la población afectada por la contaminación de la zona. Buscan garantizar un “ambiente sano”.

La legislatura porteña aprobó, la semana pasada, una prórroga por cinco años de la emergencia social, urbanística y sanitaria de la Cuenca Matanza – Riachuelo. GestionPublica.info dialogó con el Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, quien aseguró que “hay muchas cosas que quedan por hacer”.

El artículo 1 de la ley 3.947 declara “por el término de cinco años la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano presente y de las generaciones futuras”.

“Si se necesitó una prórroga a esta Ley es por dos cosas: por un lado, porque se están llevando a cabo trabajos por parte del Gobierno de la Ciudad, pero por otro porque aún quedan muchas cosas por hacer”, indicó Andrés Nápoli.

En los fundamentos de la prórroga se estableció que “más allá de los esfuerzos y las acciones realizadas para sanear el curso de agua de esta cuenca que atraviesa las comunas 4, 7, 8 y 9 de la Ciudad, se cree necesario mantener la emergencia hasta tanto no sean resueltos los serios inconvenientes que aún subsisten, señalando que este punto geográfico se encuentra entre los diez sitios más contaminados del mundo”.

Según el Director ejecutivo de FARN, “el gobierno porteño ha implementado políticas que fueron exitosas, como por ejemplo la recolección de residuos en el borde de la cuenca. Sin embargo, hay políticas que han fallado, entre ellas el traslado de la población afectada”.

La norma prorrogada determina que en el mes de octubre de cada año la Comisión de Ambiente convocará una “Reunión Pública Especial” en la Legislatura, a la cual deberá asistir el Poder Ejecutivo para informar sobre las acciones realizadas.

El trabajo del Ejecutivo porteño será entonces informar sobre la cantidad de habitantes relocalizados provenientes de los asentamientos; el total de empresas empadronadas y señalar cuantas fueron declaradas como agentes contaminantes; estado financiero de los créditos otorgados por convenios con organismos multilaterales de créditos; asignación presupuestaria para las actividades de ACUMAR en la cuenca dentro de CABA y estado de situación del sistema de salud.

Los fundamentos de la Ley aclaran que “la incorporación de esta instancia pública permitirá mayor transparencia y la participación de los sectores de la población afectados y/o comprometidos con la causa de lograr una mejor calidad de vida en el área de la cuenca. Además, facilitará el ejercicio del derecho de los ciudadanos al acceso a la información, y a controlar la gestión de los gobiernos, fortaleciendo el vínculo entre el Estado y la sociedad civil.”

 

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