11/10/2016 Salud en riesgo

Poco se sabe sobre las zonas expuestas a los agroquímicos

La Auditoría General de la Nación publicó un video interactivo en sus redes sociales donde remarca que el mapa de uso del glifosato en Argentina “no está actualizado”.  Además, remarcó la falta de una campaña nacional de prevención. 

La semana pasada la Auditoria General de la Nación (AGN) publicó un video interactivo en sus redes sociales en el cual se explican algunas falencias encontradas en el  informe que evaluó la gestión de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA).  El periodo auditado fue de 2009 a 2014 donde se observó que  el mapa de uso del glifosato en la Argentina no está actualizado, no se hicieron acciones para concientizar e informar a la población, faltan insumos y personal.

“En Argentina con la expansión de la frontera agrícola se incrementó el uso de agroquímicos y la cantidad de personas expuestas a sus efectos. Tanto el producto químico como su envase vacío representan riesgos para la salud y para el medio ambiente.  En 2002 y en 2011 el volumen comercializado de plaguicidas creció un 127 %, la mitad de ese porcentaje se dio en solo 3 años entre 2008 y 2011  por el incremento del área sembrada por soja”, expresó la AGN en el video.  La CNIA se creó en 2009  para dar respuesta a esta problemática pero su trabajo se discontinuó por no presentar una organización institucional ni contar con una afectación presupuestaria.

Dentro de las falencias, la Auditoria remarcó que no existe un diagnóstico de la situación inicial ni de los lugares donde hubo más demandas judiciales, no se realizó un mapa nacional con sitios contaminados ni cronogramas de remediación, tampoco se actualizó el mapa de uso de glifosato en la Argentina y no se hizo el estudio sobre las 10 sustancias más significativas por su volumen de importación anual. “La Comisión no sabe la cantidad ni la calidad de los agroquímicos utilizados, las zonas de uso, ni conoce la población expuesta”, expresó  el organismo de control.

“Dentro de esta Comisión se creó el programa de Prevención y Control de Intoxicaciones por Plaguicidas y Químicos de Uso Agrícola (PRECOTOX)  para realizar acciones de vigilancia epidemiológica, diagnostico, asistencia y prevención. Pero resultó insuficiente para cumplir sus objetivos principalmente por no tener un presupuesto asignado.

No hay un proyecto de Ley de agroquímicos lo que impide fortalecer el sistema de fiscalización de su uso”, remarcaron los auditores y señalaron que en las oficinas de Precotox los trabajadores no dan información porque no están “habilitados a dar información sobre la confección de las guías de uso y prevención de agroquímicos”.

“La comisión no actualiza el mapa  del uso de glifosato basado en las áreas cultivadas de trigo, maíz, soja y girasol desde 2009. No se realizó una campaña nacional de difusión para la prevención efectiva del uso de agroquímicos ni una guía de uso responsable de agroquímicos. Tampoco se capacitó a docentes ni a escuelas rurales para la prevención. No se fortalecieron los centros de formación, asesoramiento y asistencia toxicológica para la atención en todo el país. No se puso en práctica la recomendación del estudio multicéntrico del 2007 de informar y capacitar a la población en general y a los trabajadores agrícolas en particular”, expresó la AGN. La Universidad de La Plata realizó en 2015 un informe de las zonas con más cáncer en Argentina y este mapa condice con las zonas de mayor uso de Glifosato presentado en 2009 por la CNIA.

El informe de la AGN revela que más del 50 % de los intoxicados no acude a la consulta médica. Para recibir reclamos y denuncias, el Ministerio de Salud habilitó el 0800-345-0044  pero “se desconoce la difusión que se le dio al mismo y si se implementó algún mecanismo de consulta sobre su funcionamiento en el interior del país”.

Gestionpublica.info llamó a este número para efectuar una denuncia y Cecilia, quien recibió el llamado, explicó que “las denuncias se derivan al Ministerio de Salud pero no sabemos qué hacen con ellas porque aún no hay un área encargada del seguimiento. “Nosotros llenamos una planilla que no sabemos a dónde va a parar ni quien le da respuesta a esas denuncias”, agregó. Asimismo, los números para el área de Prensa y Comunicación no están en funcionamiento.

Este medio llamó también a los números que figuran en la página oficial de la Comisión pero no están en funcionamiento o se deriva directamente al Ministerio de Salud haciendo la investigación más engorrosa y sin recibir ningún tipo de información.  La AGN manifestó que “los datos publicados en la página resultan incompletos, mal sistematizados y desactualizado”.

Envases

Uno de los puntos que destacó la AGN son los envases contenedores de glifosato sobre el cual “no hay estudios de cantidad ni mecanismos de devolución, tratamiento y recuperación”. “La toxicidad anunciada en las etiquetas corresponde solo al principio activo pero hay que sumar el de las sustancias transportadoras y diluyentes que pueden ser más toxicas aun, agua solventes organizas, aditivos e impurezas, conformando así uno de los principales focos de contaminación con agroquímicos”, destacaron. En septiembre se sancionó en el Congreso de la Nación con 162 votos a favor y 13 en contra la Ley de Envases Fitosanitarios. Es la primera iniciativa parlamentaria impulsada por el Ministerio de Agroindustria que logra convertirse en Ley. Ahora falta el decreto reglamentario para su promulgación definitiva.

Esta norma establece la responsabilidad extendida a los fabricantes que deberán hacerse cargo del destino de los envases que contienen sus productos. A partir de esta legislación, se implementarán sistemas de recolección y lugares de destino de los recipientes, y se establece un régimen especial de tratamiento con el cual los productores deberán regirse, basado en un triple lavado de los recipientes. En Argentina se consumen unos 17.000.000 contenedores de fitosanitarios al año, lo que significan 13.000 toneladas de plástico. Néstor Roulet, secretario de Agregado de Valor, en dicha ocasión expresó a la prensa que “con esta Ley se garantiza la gestión integral de los envases vacíos”.

 

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