18/10/2016 En Mendoza

Exigen participación “real” en las audiencias públicas

A través de un proyecto de Ley, la CTA junto a la senadora Anabel Fernández Sagasti (FPV), propone integrar al ciudadano en las decisiones relacionadas al costo de los servicios públicos y respetar así el acceso a la información. 

El martes 11 de octubre se presentó en la sede de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) de Mendoza un proyecto para garantizar la participación ciudadana en las audiencias públicas. La idea surge a raíz de los resultados poco satisfactorios obtenidos tras las audiencias por la tarifa del gas durante el mes de septiembre. El proyecto de Ley, que impulsa también la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, busca ser federal y asegurar la participación “real y concreta” del vecino.

Esta iniciativa reglamentaría el Decreto 1172/03 firmado por Néstor Kirchner de acceso a la información pública, tendiente a garantizar los derechos constitucionales de los usuarios de bienes y servicios de participar en decisiones administrativas a fin de mejorar la transparencia gubernamental y la calidad democrática. Asimismo, establece que las audiencias públicas sean obligatorias y federales y que cuenten con presencia de funcionarios nacionales involucrados con el tema para que se garantice la participación ciudadana. “También se contempla la creación de una Comisión Evaluadora de las empresas de servicios públicos para que la información sea accesible a la población”, afirmó Sagasti a la prensa el día de la presentación.

La iniciativa mendocina surge luego de la audiencia pública por la tarifa de gas que se realizó en septiembre en Mendoza donde más 373 personas se anotaron para orar y duró 3 días. En esta oportunidad, “no nos dejaron hablar aunque nos habíamos inscripto y presentado un informe. Ni siquiera pudimos entrar a la audiencia. Entonces presentamos un recurso administrativos ante la justicia e impugnamos la resolución de ENERGAS”, denunció Gustavo Correa, de la CTA de Mendoza en diálogo con Gestionpublica.info.

Según consta en el texto presentado en el Congreso Nacional, "cuando un ente prestador de servicios públicos que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional pretenda establecer modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos o cualquier otra modificación que, como consecuencia, produzca un aumento de los costos para los consumidores, la realización de audiencia pública tendrá carácter obligatorio y se llevará a cabo bajo los procedimientos establecidos".

El proyecto está diseñado en base a tres ejes importantes a cumplir. Uno es que las audiencias sean de criterio federal, para garantizar la participación de distintas regiones del país. EL otro es que se garantice el derecho a la información “para que en la audiencia exista la posibilidad de discutir con la información en mano”, expresó Correa quien además contó que en Mendoza no pudieron “acceder al valor real del gas en la boca de pozo y que no hubo forma que el Estado Nacional  garantizara el acceso a la información”. El tercer eje es regular quién habla y quiénes no. “Este tema no puede quedar a la arbitrariedad de la autoridad de turno como nos pasó a nosotros que a pesar de que hicimos todos los trámites y cumplimos con todos los requisitos, no nos dejaron hablar”, recalcó.

Luego de esta situación ,“es necesario que este mejor normado y reglamentado, que las audiencias públicas se respeten y que los trabajadores, los usuarios, las multisectoriales tengamos la posibilidad cierta de participar y ser escuchados, hay que lograr que los funcionarios tomen lo que se está diciendo y sea tenido en cuenta”,  aseveró  Correa.  En Mendoza, luego de que los funcionarios desoyeran a los oradores de la audiencia que reclamaban un tarifario diferenciado al resto de las provincias por condiciones climáticas diferentes, regirá una tarifa que se iguala a la de Buenos Aires o el norte de Córdoba.

Para Gustavo Correa, de la CTA, la importancia que tiene reglamentar y garantizar las audiencias públicas radica en dos puntos: “El primero es que los ciudadanos conozcan cual es la situación de estas empresas que se enriquecen y lucran con el dinero de los trabajadores de todos nosotros. Acceder a esa información para saber si los aumentos tienen criterio de rentabilidad, distribución de recursos o son meramente criterios empresariales maliciosos. El otro punto es garantizar la participación federal”.

Próximos pasos

Luego de la presentación del proyecto, Gustavo Correa explicó que “tenemos que hablar con los senadores, pedirles una audiencia para saber cuál será su posición frente a esto, nos llama poderosamente la atención que tengamos un silencio por parte del radicalismo  o del PRO frente a esta situación”.

“Esperamos poder avanzar y que los senadores puedan pensar en función de las necesidades de las provincias que representan, esperamos que expresen esa voluntad porque este fue un reclamo unísono”,  finalizó. En octubre y en diciembre en Mendoza siguen las audiencias públicas, primero por la tarifa del agua y en diciembre nuevamente por la de gas.

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