22/11/2016 Columnista

El año que vivimos en el cambio

Por Facundo Martínez*. Hace un año, el presidente Mauricio Macri se imponía por un escaso margen en el ballotage ante el candidato del oficialismo, Daniel Scioli. 

Su discurso parecía extraído de una matriz progresista y por momentos se animaba rozar alguna que otra idea del populismo, ese concepto que hoy es sinónimo de todos los males heredados del kirchnerismo, y que se presentan como la verdadera razón del atraso de las mejorías prometidas durante la campaña electoral del 2015: “pobreza cero” o “supresión del impuesto a las ganancia”, entre otras.

Roberto Lavagna, ex ministro de economía de Néstor Kirchner, y a quien los massistas suelen elevar a la estatura de un verdadero gurú de la economía nacional, se animó a decirlo sin tapujos al señalar que la política implementada hasta ahora por el Gobierno tiene conexiones evidentes con las política económica neo-liberal aplicada durante el gobierno de Carlos Menen y, un poco más allá en el tiempo, con aquella que, con Martínez de Hoz como punta de lanza, implementó la Dictadura Cívico-Militar tras el Golpe de Estado de 1976. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, salió al cruce y, como se dice en el fútbol, barrió por el piso al comparar al economista con Hebe de Bonafide y su carta al Papa en la que la Madre de Plaza de Mayo recalca la pobreza y la exclusión en la Argentina.

Mientras tanto, en la calle, las CGT unificadas ganan la Plaza de los Dos Congresos y le reclaman al Gobierno, con el que negocian a través de la mesa del Diálogo Social, que levante el pie del acelerador y meta un volantazo en el rumbo porque los trabajadores ya no pueden seguir sosteniendo el cambio desde sus flacos bolsillos y, para colmo, se vienen un paquete de leyes poco felices para el sector como la reforma al régimen de la Ley de Riesgos de Trabajo y el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por más equilibrio dialoguista que la dirigencia sindical intente llevar a adelante, resulta difícil sostener cuando los conflictos laborales tienden al aumento, como el 30 por ciento registrado en el último mes de septiembre en comparación con agosto. El dato duro, según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), es que en el segundo semestre, allí donde los trabajadores esperaban que comenzaran a cumplirse las expectativas optimistas del Gobierno, los números empeoraron, la recesión se agravó y lo único que aumentó fueron las protestas gremiales y sociales frente a la pérdida del poder adquisitivo del salario y la ola de despidos y suspensiones en algunas ramas de la industria, principalmente en las Pymes.

“Venimos a decirle al Gobierno que deje a un lado los justificativos, la excusa de la pesada herencia, y que la termine con los despidos. Queremos trabajo digno y salario justo para los trabajadores informales, porque el ajuste está tocando las puertas de nuestras familias”, esgrimió Juan Carlos Schmid, uno de los tres jefes de la CGT unificada desde el palco montado sobre las escalinatas del Congreso. Mientras que, Carlos Acuña, otro de los miembros del triunvirato cegetista, apuntó: “Se terminó el tiempo de espera, queremos respuestas ya”. En la plaza escuchaban las bases de los trabajadores nucleados en la central obrera y varios integrantes de los Movimientos Sociales, todos presentes ahí en apoyo al proyecto de ley de la Emergencia Social y Alimentaria.

Justamente, este proyecto fue presentado como una herramienta para poner freno a la caída sostenida que sufre la economía argentina desde el cambio de gobierno y ya obtuvo media sanción en el Senado, donde fue aprobado por amplia mayoría. Ahora debe ser tratado por la Cámara Baja. El proyecto apunta a generar un millón de puestos de trabajo y a mejorar los ingresos de los sectores más castigados por la crisis que todos perciben pero casi nadie se anima a ponerle nombre.

Una encuesta publicada por el diario Página 12 (20/11/16) señala que el 70,6 por ciento de los encuestados evalúan negativamente la situación económica del país y señala también que el 57,35 por ciento responsabiliza por ello al gobierno nacional, mientras que un 34,6 por ciento piensa que el principal responsable de la situación actual es el kirchnerismo y su herencia.

Pero aunque no lo digan a boca de jarro, el Gobierno quiere evitar el tratamiento de este proyecto en las sesiones ordinarias de la cámara y tampoco tendría pensado incluirla en las extraordinarias para las que prometió tratar una mejora en el impuesto a las ganancias, otra de las deudas de campaña que no pudo cumplir. En una entrevista con el diario Clarín (20/11/16), a propósito de este primer año de gestión que se aproxima, el presidente Macri ironizó sobre este proyecto. “Por qué quedarse tan cortos, por qué no generar un proyecto para crear cinco millones de puestos de trabajo”. Está claro que la estrategia del Gobierno con respecto a la Emergencia Social y Alimentaria es postergar su tratamiento, para evitar un veto del presidente que podría traerle a Cambiemos consecuencia negativas de cara a la elecciones de medio término del año próximo. Ahí parecen concentrarse por estas horas funcionarios y dirigentes del frente oficialista.

Macri prefiere ilusionarse con lo que vendrá ante que cuestionar sus propias decisiones, y el cambio radical en las políticas: redistribución regresiva del ingreso, devaluación, una inflación que prácticamente dobla las expectativas más pesimistas, inestabilidad laboral, cosas que en la calle se perciben como políticas que tendieron a mejorar la situación de los más ricos. Millones de pesos para los bancos, pero para los pobres nada más que sinceramiento.

La batalla económica pareciera estar encarrilada, pero todavía queda por librar la batalla cultural, que sin dudas será clave en la contienda electoral y vital para la refundación del estado nacional que encarna el proyecto oficialista. Por supuesto que sería ingenuo no preguntarse sobre qué base podrá el Gobierno sostener su imaginario cuando la realidad comienza a pisarle los talones.

Por ahora, en el plano de las intenciones, Macri continúa desbordando optimismo e imagina un triunfo en las elecciones de 2017. “Vamos a ganar las elecciones porque la gente quiere seguir en esta línea”, apuntó. De alguna manera, el Presidente es consciente de que su futuro está ligado a la aprobación en las urnas de lo hecho hasta ahora y que una victoria en 2017 impulsaría su carrera hacia la reelección. “Es una posibilidad. Estamos impulsando una transformación, un cambio cultural tan profundo, dejando atrás décadas de populismo, de negación, de conflicto. Es razonable pensar

que los primeros pasos de ese cambio pueden llevar ocho años”, apuntó. Claro que antes de soñar con eso, el Gobierno debería atender cuestiones centrales que parecen pasar por al lado de su propio relato.

Son cifras oficiales: la inflación tocará el 40 por ciento; el 32 por ciento de los argentinos vive en la pobreza; 120.000 trabajadores perdieron sus puestos en los últimos doce meses. De seguir así las cosas, el espíritu dialoguista que el Gobierno sostiene con la dirigencia sindical tendrá fecha de vencimiento incluso antes de las elecciones de medio término. “Nos reciben siempre bien en los despechos, pero nunca nos dan ninguna respuesta”, es la cruda síntesis que comienza a realizar la dirigencia sindical.

 

*Sociólogo y periodista.

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