25/11/2010 Una auditoría dijo que el servicio actual no se usa

Quieren crear una nueva reglamentación de telefonía para hipoacúsicos

Desde la CNC indicaron que los teléfonos públicos especiales tienen una “facturación anual cero”. Propondrían tarifas diferenciales para mensajes de textos de celulares y un organismo del Estado que tenga jurisdicción sobre las prestadoras. Por ahora, se espera la “buena voluntad de las empresas”.

El área que hará el trabajo es la Policía de Control Telefónico.

La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), a través de su dependencia de Policía Técnica de Control Telefónico, creó una comisión investigadora sobre telefonía pública para hipoacúsicos. El objetivo es confeccionar un informe especial a partir del cual se pueda propiciar un cambio en la regulación del servicio. Esta iniciativa surge a partir de que varias auditorías indican que los equipos instalados se encontrarían en desuso.

“Nuestro trabajo es mostrarle a quienes hacen la reglamentación lo que sucede en la calle”, señala Nicolás Panichelli, de la Policía Técnica de Control Telefónico. Según el representante de la CNC, “los teléfonos públicos para hipoacúsicos tienen una facturación anual cero”, y vincula este fenómeno al acceso masivo a internet y al uso de los mensajes de texto de los celulares.

Panichelli sostiene que con las inspeccionen de los equipos, y las multas a las empresas por aquellos que no funcionen de manera adecuada, no se resuelve el problema y por eso considera que deberían trabajar en conjunto con asociaciones de personas hipoacúsicas para promover cambios que sean de su utilidad.

Este trabajo de seguimiento del tema, y elaboración de propuestas para el mejoramiento del servicio debía ser llevado adelante por la Comisión para Usuarios Telefónicos con Limitaciones Físicas (CUTeLFi) creada en 2000.

En 2008, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) revelaba que no se habían encontrado datos sobre el funcionamiento de la CUTeLFi ni de su antecesora, la Comisión para Hipacúsicos e Impedidos del Habla (CHIH), desde 1997 hasta 2006. Al mismo tiempo, la investigación indicaba que la CNC no había asumido la función de coordinar ese ente.

Al respecto Panichelli admite no haber hecho el seguimiento correspondiente porque no recibió ningún informe sobre los trabajo realizados por la CuTelFi.

La CuTelFi debía estar integrada por representantes de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, la CONADIS (Comisión Nacional para la Integración de Personas Discapacitadas), del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), los prestadores del Servicio Básico Telefónico, representantes de ONG's vinculadas a la discapacidad y a un integrante de las Asociaciones de Consumidores inscriptas en el Registro Nacional.

Daniel García Rolero es miembro de la CuTelFi, designado por la Secretaría de Comunicaciones desde 2006. Según su visión, la Cutelfi se creó para “velar por la instalación de los teléfonos y no había una obligación legal más allá de la instalación, después la CNC sería la encargada de fiscalizar”.

Por otro lado, García Rolero comparte con Panichelli la idea de que los teléfonos públicos para hipoacúsicos no estarían siendo de utilidad para las personas con esa discapacidad, y asegura que esa fue una conclusión elaborada por la CuTelFi.

Si bien el funcionario admite que, como comisión, la CuTelFi no se reúne desde 2007, afirma que el tema está teniendo su seguimiento en el programa de Apoyo Tecnológico para la Discapacidad (ATEDIS) que depende de la Secretaría de Comunicaciones. Desde este programa se intenta generar un acuerdo con las empresas de telefonía celular para garantizar el acceso a planes de mensajería de texto preferenciales para personas hipoacúsicas con un certificado de discapacidad.

García Rolero explica que la CuTelFi no tiene jurisdicción sobre la telefonía celular, y sí sobre la básica, por lo que la concreción de estos planes correría por parte de la “buena voluntad de las empresas”.

Otra manera de llevarlo adelante sería financiarlo mediante el Servicio Universal de Telefonía que debía haber empezado a funcionar desde el año 2000, pero que recién fue reglamentado en 2008. Por el momento sólo restaría esperar.

Mientras tanto, según datos de la CuTelFi, habría instalados en todo el país 1280 teléfonos públicos para personas hipoacúsicas. Su distribución es muy irregular: hay provincias como Santa Cruz con sólo 9 aparatos instalados y una concentración de casi 700 teléfonos entre Capital Federal, Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Ni la CuTelfi ni la CNC cuentan con los datos que determinen cuántos equipos deberían haber sido instalados y en qué lugares, teniendo en cuenta la demanda a partir de la existencia de personas con hipoacúsia en los diferentes rincones del país.

Al mismo tiempo, Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), hasta 2003 había 2.176.123 personas con discapacidad en la Argentina, lo que representaba algo más del 7% del total de la población. De esa cifra, 520.533 tenían discapacidad auditiva, y 110.073, del habla.

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