14/02/2017

“El Subprograma Cesión de Derechos Posesorios es ilegal"

Una nueva Resolución del gobierno, aprobada a fines de 2016, establece que quienes tengan derechos provisorios sobre viviendas de las villas 31 y 31 Bis deben cederlos al gobierno a cambio de dinero. Aseguran que se estaría violando la Ley 3.343.

En la Ciudad de Buenos Aires continúa la polémica por los planes de urbanización de las villas y el acceso a las viviendas dignas. A través de la Resolución N°208/2016, en diciembre del año pasado el gobierno aprobó el “Subprograma de Cesión de Derechos Posesorios sobre Construcción de la Villa 31, 31 Bis y San Martin”. El Observatorio del Derecho a la Ciudad advirtió que la nueva medida es “ilegal” y que no se respeta la Ley 3.343.

El Subprograma establece que quienes tengan derechos provisorios sobre viviendas de las villas 31 y 31 Bis deberán cederlos al gobierno a cambio de un monto de dinero. Consultado por este medio, Jonatan Baldiviezo, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, advirtió que la urbanización que se quiere hacer “no se está respetando las garantías mínimas que establecía la Ley en cuanto a los desalojos”.

En particular, esta Resolución violaría el artículo número 9 de la norma 3.343 que garantizaba que no habría “desalojo forzoso alguno, y para aquellos actuales habitantes -de acuerdo al censo poblacional establecido en el artículo 3º- cuyas viviendas necesiten ser relocalizadas se garantizará, en acuerdo con los mismos, una solución habitacional de similares características dentro del polígono establecido en el artículo 1º de la presente Ley”.

Según Baldiviezo, “ninguna familia puede irse de su vivienda sin consentimiento previo y lo único que le puede ofrecer el gobierno, de acuerdo al artículo 9, es una casa dentro del barrio pero no puede ofrecer dinero para que se vayan a vivir a otro barrio”.

“Este subprograma lo que pretende es comprarle a las familias los Derechos Posesorios y con este dinero los hacen renunciar a sus derechos adquiridos con la Ley que es el derecho a la vivienda dentro del polígono de urbanización”, agregó.

Al ser consultado por los montos que estaría dispuesto a pagar el gobierno por las viviendas, Baldiviezo confesó que “todavía no se sabe qué valuación va a realizar el gobierno sobre los Derechos Posesorios. Se debería tener en cuenta el valor del terreno (propiedad del Estado), el valor de la construcción y algo más. Pero este dinero no serviría para comprar otra casa”.

El Observatorio ahora espera que el gobierno porteño “de marcha atrás con la resolución” y de no ser así se tomarán medidas para proteger los derechos de los habitantes de las villas 31 y 31 bis.

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