14/02/2017 Columnista

Incompatibilidad de intereses en acto

Por Atilio A. Boron.  El acuerdo otorgado por el gobierno nacional al Grupo Macri por la deuda contraída durante su gestión al frente del Correo Argentino suscita numerosos interrogantes de todo tipo. 

La historia es bien conocida: en la orgía privatizadora de los años noventas el gobierno de Carlos S. Menem privatizó el Correo y el ganador de la licitación fue el conglomerado empresarial presidido por Franco Macri. Pero al hacerse cargo del servicio el grupo rehusó pagar el canon establecido en el contrato firmado con el gobierno aduciendo que dado que el Estado no le permitía aumentar las tarifas no podían hacer frente a los compromisos de pago acordados en su oportunidad. En el año 2001, Correos Argentinos entró en un concurso preventivo en donde se estableció que la deuda del grupo con el Estado ascendía a 300 millones de pesos. Claro que todavía en ese momento, cuando regía la Convertibilidad, dicha suma equivalía a 300 millones de dólares. En la propuesta que hizo el grupo al Estado para saldar esa deuda se proponía pagar la totalidad de la misma pero a valor nominal, es decir, 300 millones de pesos al día de hoy. Y el Estado, a cuya cabeza se encuentra un miembro del grupo, aceptó la oferta que significaba una quita del 98,82 por ciento del total de la deuda, y un generoso plan de cancelación de la misma que se extendería hasta el año 2033. La inesperada intervención de la Fiscal General en lo Comercial, doctora Gabriela Boquín, declarando “abusiva” la oferta del grupo detuvo la operación, abriendo un compás de espera que puede ser más extenso y embarazoso de lo que muchos imaginan.

Decíamos que toda esta operación desencadena numerosos interrogantes. Nos referiremos sólo a una: la evidente incompatibilidad de intereses entre el Jefe de Estado que es quien acepta la oferta y que es a su vez miembro del grupo que ofrece una solución “abusiva” y claramente perjudicial para el Estado argentino. No es necesario ser un eximio jurisconsulto para concluir que este conflicto de intereses produce una profunda deslegitimación del sistema político en general, y de la figura del Jefe de Estado en particular. También, de los órganos de control del estado, comenzando por la Oficina Anticorrupción y siguiendo por todos los demás y, por supuesto, de la Justicia. El acuerdo otorgado por el gobierno de Macri a su propio grupo es un caso que sorprende por la grosería de la decisión y por la cuantía financiera involucrada en la misma. Una encuesta hecha días atrás por una de las principales consultoras del país arrojó como resultado que dos de cada tres entrevistados dijeron “estar al tanto” de la información y de ese total, el 80 por ciento se manifestó en desacuerdo con la actitud de la Casa Rosada. Es más, según ese mismo estudio, “el 62,4 por ciento de las personas encuestadas considera el acuerdo como un acto de corrupción”. No sorprende pues que otros sondeos revelen un descenso de los índices de imagen positiva del presidente Macri.

Pocas pruebas podrían ser más concluyentes acerca de la precariedad de nuestra institucionalidad republicana que cuestiones como las que nos ocupan no hayan suscitado un escándalo político y social de proporciones. Se podrá objetar que lo mismo también está ocurriendo en Estados Unidos con el magnate Donald Trump. Pero hay una diferencia muy importante: hasta ahora al menos la incompatibilidad de intereses entre el jefe de la Casa Blanca y su holding empresarial no se tradujo en un acto, en una decisión administrativa, que favoreciera a las empresas del grupo. En el caso de Macri, a la inversa, la incompatibilidad se materializó en un acto institucional que benefició a los intereses privados del presidente a costa de un grave perjuicio financiero ocasionado el Estado. En cualquier democracia madura esto se llama corrupción. La suma condonada equivale, según algunas estimaciones, a algo más de la mitad del presupuesto destinado a Educación para el año 2017, lo que no es poca cosa. En suma: la inadmisible decisión presidencial podría ser el inicio de una investigación que desembocaría en un juicio político del presidente, del cual sería muy difícil que pudiera salir ileso. El diputado nacional por Entre Ríos Julio Solanas (FpV) ya solicitó que la Cámara de Diputados discuta dicha posibilidad “por ser una maniobra que viola disposiciones de la Constitución Nacional, artículos de la Ley de Ética Pública, y que se enmarca como delito doloso en el Código Penal”.

 

 

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