25/04/2017 Columnista

Gobernantes y maestros: una asimetría ruinosa

Por Atilio A. Boron. El prolongado conflicto docente que afecta a la Argentina pone de relieve un problema que hace mucho tiempo afecta a nuestro país y que sucesivos gobiernos fracasaron en encarar satisfactoriamente.

Estamos hablando de la revalorización del carácter fundamental de la educación para elevar la condición de la sociedad civil, mejorar la calidad de las instituciones democráticas y promover un mejor desempeño de la economía. Lo que hoy es novedoso no es la existencia del problema, que como decimos viene de larga data, sino los alarmantes relieves que el mismo adquirió bajo el actual gobierno. Esto ha sido causado por su rechazo a cualquier tentativa de abrir una paritaria nacional docente o, a falta de ello, facilitar que los gobiernos provinciales cuenten con los recursos necesarios para resolver el diferendo en sus respectivas jurisdicciones y normalizar sin más premura el dictado de las clases.

Va de suyo que un problema como este puede ser analizado desde diferentes ángulos más o menos específicos -más allá del crucial e impostergable tema del salario docente- y que van desde los contenidos de la enseñanza, la organización de la escuela, los libros de texto, las instalaciones edilicias, la formación de los maestros y otros por el estilo.  Voy a privilegiar uno: la valoración que los gobernantes hacen del rol del docente. Y esto no es cuestión de bellos discursos sino de gestos prácticos y concretos en materia de remuneraciones.  Un gobierno como el actual, que dice inspirarse en los principios de la filosofía liberal debería recordar lo que escribiera una de las figuras más prominentes de esa escuela de pensamiento, John Stuart Mill. En su obra Consideraciones sobre el gobierno representativo afirma que una de las pruebas decisivas para discernir la calidad de un gobierno es observar si, a través del impulso que le otorga a la educación, logra “mejorar la virtud y la inteligencia de su pueblo.”

Un objetivo como ese no puede ser alcanzado con maestros mal pagados como, desgraciadamente, tenemos en la Argentina en donde la remuneración de quienes se encuentran transitando los primeros tramos de la carrera docente no alcanza a superar la línea de la pobreza. Repito: los problemas de la educación en nuestro país no se reducen a los malos salarios de los maestros, pero sin una radical recomposición de sus ingresos nada de lo demás podrá ser hecho. La necesaria reforma que demanda el sistema educativo en su conjunto será inviable si, primero, no se resuelve esta cuestión.

Una breve ojeada a algunos números puede ser ilustrativa de la escasa importancia que nuestros gobernantes, desde hace mucho tiempo, le asignaron a la educación. En Finlandia, país reconocido como un modelo de excelencia en materia de educación pública, el Primer Ministro recibe una remuneración que es 4.8 veces mayor que la de un maestro de grado. En Suecia es 5.7 veces. En la Argentina el sueldo bruto de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, meridiano crítico del conflicto docente, era en Diciembre del 2016 más de nueve veces superior al de un maestro con diez años de antigüedad, distancia que se acrecentaba cuando se lo comparaba con el de un maestro de reciente ingreso a la carrera magisterial. En el plano de la nación el sueldo bruto del presidente era, a esa fecha, de 173.473,15 pesos, mientras que el promedio del salario docente en la Argentina, con diez años de antigüedad y jornada simple, ascendía apenas a 13.909 pesos. La ratio: 12,5 veces. Cifras elocuentes que hablan por sí solas de la importancia que los países escandinavos la asignan a la educación pública y el ninguneo que la misma padece en nuestro país. ¿Será que, en nuestro país, un gobernador o un presidente tienen una función tantas veces más importante que el maestro que forma a los futuros ciudadanos? No parece. Si esta flagrante asimetría no comienza a ser reducida, ya mismo, sin más dilaciones, la crisis educativa seguirá profundizándose y la Argentina, que otrora sobresalía por la calidad de su educación, estará condenada a padecer las gravosas consecuencias sociales, políticas y económicas del embrutecimiento de su población.

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