16/05/2017 A seis meses de su sanción

La Ley de Acceso a la Información ya tiene demoras

Cinco instituciones debían crear un organismo que facilite el cumplimiento de la norma, pero solo uno actuó en tiempo y forma. Se trata del Ministerio Público de la Defensa que en abril puso en marcha la Oficina de Acceso a la Información.

En septiembre del año pasado el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.275 con el objetivo de “garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”. A más de 6 meses de su promulgación, todavía hay partes de la norma que no se han cumplido. 

Según el artículo 28, “en un plazo máximo de noventa (90) días contado desde la publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial, el Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura crearán, cada uno de ellos, un organismo con autonomía funcional, con competencias y funciones idénticas a las de la Agencia de Acceso a la Información Pública previstas en el artículo 24, que actuará en el ámbito del organismo en el que se crea”.

GestionPublica.info le consultó a las instituciones mencionadas si efectivamente habían creado el organismo exigido, en el plazo adecuado. Las respuestas fueron diversas: una de las entidades realizó satisfactoriamente el trabajo, dos están en proceso y otras dos prefirieron no brindar información.

Ministerio Público de la Defensa

Este ministerio, comandado por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, el 24 de octubre del año pasado dispuso “crear la comisión de implementación de la ley 27.275 para la realización de gestiones destinadas a la efectiva implementación de la ley de acceso a la información pública”, a través de la resolución 1656/16. Como coordinador de esta comisión quedó a cargo el Director General de la Asesoría Jurídica, Ernesto Geijo. 

Por el trabajo realizado desde octubre, en abril de este año y bajo la resolución 401/17, el Ministerio Público de la Defensa anunció la creación de la Oficina de Acceso a la Información Pública a cargo de Patricio Giardelli, siendo el primer organismo en cumplir con lo dispuesto por Ley. 

El 10 de mayo pasado, la defensora general participó en el Seminario Internacional “Miradas y Aportes para el Pleno Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública” en donde destacó a la Ley 27.275 como “un enorme avance, que constituye una herramienta útil para promover la participación ciudadana y representa un elemento primordial para combatir la corrupción”.

“La utilización del secretismo, práctica muy difundida en la esfera judicial, es algo vetusto y debe dejarse atrás”, afirmó la defensora. “Todo ciudadano debe poder conocer qué hace un servicio público; y la administración de justicia no es ni más ni menos que un servicio público”, culminó.

Ministerio Público Fiscal

El 6 de octubre de 2016, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, encargó la realización de un estudio pormenorizado, en un plazo de 30 días hábiles, que debería aportar recomendaciones para la implementación de la Ley 27.275.

El informe tenía que “abordar la compatibilidad de los lineamientos de la ley con el principio de autonomía funcional previsto en la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el tenor de las actividades de investigación propias del organismo en materia de persecución penal, y con la protección de los datos personales”.

Desde el Ministerio le informaron a este medio que “el documento fue presentado a fines del año pasado (cumpliendo con el plazo de 30 días hábiles) y en este momento está en estudio”.

“Obviamente se va a implementar antes de septiembre, como lo establece la norma. El problema de la puesta en marcha será el presupuesto”, advirtieron y concluyeron que “a pesar de que por la Constitución el MPF tiene autarquía funcional y financiera, el Poder Ejecutivo tomó una serie de decisiones que redundaron en un recorte presupuestario de alrededor del 25%”.

Poder Legislativo

De los tres poderes del Estado este fue el encargado de revisar, corregir y aprobar la Ley 27.275. Sin embargo, todavía no presentó ni creó la comisión encargada de la generación del organismo previsto en el artículo 28 de la norma.

GestionPublica.info dialogó con la Directora de transparencia de la Fundación Directorio legislativo, Agustina De Luca, quien aseguró que desde la publicación de la Ley “el Congreso recibió propuestas de distintas organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos para armar las directrices del organismo”.

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