30/05/2017 Congreso

Culpables hasta que se demuestre lo contrario

Un nuevo proyecto de ley del diputado Juan Carlos Giordano pretende invertir la carga de las pruebas para los funcionarios y empresarios implicados en delitos de corrupción. “Son ellos los que deben demostrar su inocencia”, destacó. 

El representante de la Izquierda Socialista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Giordano, presentó un proyecto de ley contra la corrupción que intenta invertir la carga de las pruebas para los funcionarios gubernamentales y empresariales implicados en este tipo de delitos. GestionPublica.info entrevistó en exclusiva al legislador para conocer más sobre la iniciativa.  

¿Cómo surge el proyecto?

Siempre tuvimos la intención de terminar con los actos de corrupción dentro de los negocios capitalistas. Creemos que los bienes de los involucrados deben ser embargados y rematados para que la plata vaya a la educación, construcción de viviendas, etc.

Al mismo tiempo que presentamos este proyecto, el gobierno nacional quiere hacer valer otra norma que exige que respondan no solo las personas sino también las empresas. Pero cuando analizamos la ley notamos que no es para que las empresas sean castigadas sino que se vean beneficiadas y esto justamente se intenta implementar con el caso “Odebrecht”.

¿Por qué el proyecto plantea la necesidad de invertir la carga de las pruebas?

Porque en este tipo de delito nosotros no tenemos las pruebas. En los casos de corrupción los que deben demostrar su inocencia son los funcionarios y los empresarios. Debe presumirse que son culpables y embargar sus bienes.

¿Esto no viola el principio de presunción de inocencia?

No, porque para algunos delitos como el enriquecimiento ilícito ya está contemplado el invertir cargas. En casos de hechos tan probados en donde hasta los involucrados aportan las pruebas, como Odebrecht que informó el monto de coimas pagadas al Estado argentino, la justicia no le puede dar las mismas garantías que se le dan a un preso común.

¿Cuándo se generaría el embargo?

Desde que existe una primera sospecha. Un ejemplo: hoy Lázaro Báez está preso y muchos de los bienes que tenía los hizo con plata del Estado Nacional; lo que proponemos es que todas esas propiedades sean embargadas y, en este caso, que sean rematadas para usar este dinero, por ejemplo, en el conflicto docente de Santa Cruz. Además, el Estado debería sacarle las empresas que tiene y se las tendría que entregar a los obreros para que puedan mantener su lugar de trabajo y sigan construyendo obra pública.

¿Qué opinión tiene sobre los organismos de control ligados a los casos de corrupción?

Hay organismos como los entes reguladores de la electricidad y del gas que son cómplices de las privatizadas. Los gobiernos de turno le dan a las empresas el manejo de los servicios, luego tarifazos o subsidios y los organismos de control simulan que los van a controlar. Por esa complicidad o cobertura nunca se cae una concesión. Tuvo que ocurrir la masacre de Once para que le saquen la concesión a TBA, sin embargo el ferrocarril no pasó a manos de los trabajadores sino que quedó en una empresa estatal manejada por los funcionarios de Macri.

¿Qué viabilidad le ve a su proyecto?

No considero que vaya a tener un apoyo masivo porque lamentablemente los gobiernos de turno trabajan para sus propios empresarios y los tienen dentro de sus gabinetes. Esta ley sirve para salir al cruce de todos los gobiernos que quieren seguir con la impunidad y desenmascararlos frente al electorado.

El proyecto

ARTÍCULO 1°: A partir de la presente ley se combatirá en forma estructural los actos corruptos que llevan a cabo empresarios y funcionarios de los distintos organismos del estado. Atento a ello, inviértase la carga de la prueba para los funcionarios gubernamentales y empresariales implicados en delitos de corrupción. A partir de la presente ley se los considera culpables debiendo demostrar su inocencia, procediéndose en forma inmediata a disponer la prisión preventiva, hasta tanto se demuestre lo contrario.

ARTÍCULO 2°: Procédase a embargar y rematar las propiedades, acciones, títulos, bienes y demás a creencias de las empresas vinculadas a casos de corrupción, y de los bienes personales de sus accionistas, directivos y representantes. Lo mismo vale para los funcionarios gubernamentales involucrados. Ese dinero pasará a las arcas del estado engrosando los presupuestos de educación, salud, vivienda y demás programas sociales para combatir las urgentes necesidades populares.

Las empresas responsables pasarán a funcionar bajo la órbita del Estado nacional o provincial, según corresponda, las cuales serán controladas, gestionadas y administradas por sus trabajadores.

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