30/05/2017 Ciudad de Buenos Aires

126 mil personas viven en situación de hacinamiento

Lo reveló la Defensoría del Pueblo. Al mismo tiempo, indicó que hay más de 65.000 viviendas en condiciones de ser habitadas. Desde Ciudad Sin Techo, aseguran que los programas habitacionales del gobierno no brindan soluciones permanentes.

La semana pasada, Claudia Enrich, de Ciudad Sin Techo, dialogó con Gestionpublica.info sobre la realización del Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿Cuál es el panorama y cuáles son las soluciones habitacionales que existen hoy en día para esta problemática?

“El derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado deben ser entendidos de una manera amplía a partir de su correspondencia con otros derechos humanos elementales”. La expresión pertenece a  la Dirección de Vivienda y Hábitat de la Subsecretaria de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo, quienes, a raíz de un informe de 2015, denunciaron que 480.000 personas tienen problemas de vivienda.

“El 5% del total de las viviendas de la Ciudad presentan condiciones habitacionales deficitarias”, fue uno de los datos contundentes que arrojó este relevamiento realizado por la Defensoría. El 40% de los porteños son inquilinos u ocupantes, el 6% de la población total vive en villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios. Son 200 mil las personas que habitan los 30 barrios más carenciados de la Ciudad, la mayoría en zona sur, de los cuales el 20% carece de conexión cloacal, mientras que un 56% de las viviendas ubicadas en estos barrios presentan hacinamiento.

La situación de hacinamiento afecta a más de 126 mil personas, cuando en la Ciudad hay más de 65.000 viviendas en condiciones de ser habitadas. Solo en Buenos Aires 53 mil viviendas utilizan garrafa como principal combustible para cocinar y existe un amplio porcentaje de las viviendas ubicadas en villas que no cuentan con los servicios elementales. La Defensoría detectó aproximadamente 10 mil personas en situación de calle y unas 80 mil residen en Complejos Habitacionales y Barrios Municipales.

Programas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con el programa Buenos Aires Presente (BAP) el cual brinda la línea 108 de asistencia social inmediata a personas que se encuentren en situación de calle. Está disponible las 24 horas y cuenta con 700 trabajadores y profesionales. Entre los servicios que ofrece está la “atención, acompañamiento, higiene, ducha, ropa, comida y cama para dormir”, según su página oficial. “Esta medida no brinda una solución permanente”, resaltó Enrich.

Por otro lado, Buenos Aires también es la única Ciudad que cuenta con “recursos y un programa a través del Decreto Nº 690 que define el subsidio habitacional, que consta de un monto mensual para alquilar una habitación en un hotel”, especificó Enrich.  “Atención para Familias en Situación de Calle” entrega una suma que va desde los 3.500 a los 4 mil pesos por familia. Aunque la iniciativa es buena, según Enrich, “no alcanza”.

Instituto de la vivienda

El Instituto de la Vivienda de la Cuidad (IVC) es el otro ente encargado de la problemática habitacional. Este organismo ofrece tres programas: Uno de Créditos Individuales basado en la Ley 341, destinado a hogares en situación crítica de emergencia habitacional. El segundo es Primera Casa B.A. que posibilita la adquisición de una vivienda en conjunto con el Banco Ciudad de Buenos Aires, este es el único programa de solución permanente. Y el último, el programa Alquilar Se Puede, del IVC junto con el Banco Ciudad, busca ayudar a quienes residan, trabajen o estudien en la Ciudad.

“Lo que ofrecen es mentiroso, no se construyen viviendas con ese fin. Prometen cosas que no cumplen nunca, juegan con la gente”, denunció Enrich y remarcó que lo mismo sucede con el Plan Procrear. “Las cosas que piden para poder acceder no son viables para personas en situación de calle”, aseguró.

En un relevamiento realizado por  el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales (CEICS) el problema del Plan Procrear es que “al día de hoy no se sabe cuántas fueron finalizadas y cuántas se entregaron de forma efectiva”. Según el CEICS, “la gente denunciaba que no alcanzaban para cubrir los costos necesarios para comprar un terreno que cumpla con los requisitos que exigel programa”.

FONAVI

El Fondo Nacional de Vivienda, más conocido como FONAVI, es un organismo estatal creado en 1970 para contrarrestar el déficit habitacional y proveer viviendas económicas para sectores de bajos ingresos de la sociedad.  En 12 años, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto al instituto de la vivienda de la ciudad realizaron 3827 viviendas Fonavi y 165 soluciones habitacionales. Casi la misma cifra se realizó en 1978, teniendo en cuenta el pico de casi 4.500 viviendas en 1983. En Argentina la construcción de este tipo de viviendas tuvo su pico en el período de 1992 a 2002 donde se construyeron 375.864 viviendas, en comparación con el periodo 2004 a 2014 donde se terminaron 85.472 viviendas, unas 290.392 viviendas menos.

Desde la gran crisis de 2001-2002, las provincias acordaron con la Nación la libre disponibilidad de los recursos tributarios que les llegan por régimen especial de coparticipación, incluido el Fonavi. Desde entonces, entre el 7% y el 15% de la plata recaudada para hacer nuevas viviendas o mejorar la calidad de las existentes se desvió a otros fines.

Según el relevamiento realizado por el CEIS, se redujo el porcentaje de habitantes que son propietarios, de 71 bajó a 69% entre 2001 y 2010. Asimismo, aumentó el porcentaje de inquilinos y la degradación de distintos servicios: “mientras en 2001 el 65% de los hogares tenía acceso a gas de red, en 2010 solo lo tiene el 57%. Después hay otros servicios que descienden en menor medida, como el transporte público y la pavimentación”. Otro punto clave es el lugar donde se asientan las viviendas, “entre los años 2003 y 2015 el promedio de personas cuyas viviendas se ubican en zonas inundables, es decir terrenos que no son aptos para viviendas, alcanzó entre un 12 y un 16% en todo el país; esto implica alrededor de 6 millones de personas”.

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