25/07/2017

Sin información sobre el anteproyecto de la Ley de Medios

Es el que reemplazaría a la norma aprobada por el gobierno de Cristina Fernández. Según la ONG CPR-Ceppas, “el Ministerio de Comunicaciones responde con cualquier cosa y no brinda datos”. “Hay oscurantismo y negligencia”, exclamaron.

En enero de 2016 Mauricio Macri derogó algunos artículos clave de la Ley de Medios Audiovisuales que nació durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los cambios principales que hizo el Presidente fueron habilitar la venta de medios, quitar el tope a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable y eliminar las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable, radio y TV abierta.

Dos meses después, el Gobierno creó una comisión encargada de elaborar un anteproyecto de Ley de comunicaciones convergentes para reemplazar definitivamente la norma aprobaba durante el Gobierno K. La comisión, que trabaja en la órbita del Ente Nacional de Comunicaciones y es coordinada por la vicepresidenta del ente, Silvana Giudici, le presentó al Poder Ejecutivo, en marzo de este año, el anteproyecto terminado y el Ministerio de Comunicaciones fijó un plazo de consulta de 180 días. Sin embargo, hay una organización de la sociedad civil que asegura que el Gobierno niega el acceso al texto.

“Pedimos el anteproyecto porque consideramos que es información ciudadana y no es que nos negaron la respuesta sino que nos enviaron otra cosa, nos respondieron cualquier cosa”, contó a Gestionpublica.info, Francisco Godínez Galay, Director del Centro de Producciones Radiofónicas (CPR-Ceppas).

A través de la Resolución 601, el Ministerio de Comunicaciones asegura que el texto está redactado y avisa del plazo de consulta popular. A partir de ese momento, el CPR efectuó tres pedidos de información y en todas las oportunidades recibió la misma (no) respuesta.

“Según la resolución, el texto está en algún lado, pero no lo están haciendo público”, analizó Godínez y recordó: “Primero pedimos los textos que van a formar parte del anteproyecto. Después pedimos ver el expediente y luego hicimos una tercera solicitud más detallada, especificando qué queríamos ver. Las tres veces nos enviaron resoluciones y las copias de dos pedidos similares de otros particulares”.

Para Godínez, no se trata “de algo que tenga que estar bajo cuatro llaves”. “Nosotros hacemos el pedido inocentemente porque queremos saber el contenido del texto para trabajarlo y hacer propuestas”, aclaró el Director del CPR. “Estamos pendientes del fortalecimiento del sector comunitario de la radio, del sector social, lo que es la radio pública, universitaria. Queremos saber qué se está cocinando antes de que de golpe aparezca en el Congreso”, amplió.

Pero más allá del interés específico del CPR, Godínez sabe que están ante “una falla en el derecho de acceso a la información pública”. “Nos parece que tiene que ser público para que funcionarios, académicos, estudiantes, periodistas o cualquier interesado tenga ese texto que tiene que ser público y sensible para la ciudadanía”, exigió.

“Nuestro interés principal es ver como toman a la radio comunitaria en un texto que dicen tener listo”, reafirmó Godínez y concluyó: “La reacción fue de oscurantismo y negligencia”.

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