25/07/2017 Columnista

Tributación, bienestar y democracia

Por Atilio A. Boron.  Días pasados, Clarín publicó una nota donde se demuestra que la presión tributaria de nuestro país es muy elevada y, peor aún, muy desigualmente distribuida en perjuicio de los sectores más pobres de nuestra sociedad.

Este es un problema crónico de la Argentina, y más de treinta años de democracia con gobiernos de distinto signo y orientaciones políticas han comprobado que éstos no supieron o no pudieron encarar lo que es un problema vital de la economía y más aún de la democracia. De la economía, porque una estructura regresiva como la nuestra es un obstáculo de primer orden al desarrollo y de la democracia porque una de las formas más irritantes y deletéreas de la injusticia social es la que se pone brutalmente de manifiesto en el desigual esfuerzo que distintas clases sociales realizan para sostener el funcionamiento del Estado y para recibir los beneficios de su accionar. Y para que este funcione correctamente y desempeñe la función esencial e irreemplazable que requiere la vida civilizada de las naciones es preciso contar con los recursos financieros indispensables.

Un Estado pobre, con bajas capacidades de captación de impuestos, no ofrece los servicios y los satisfactores que se esperan de él. Pero el caso argentino demuestra que ese no es el problema, porque recauda mucho, pero lo hace mal, por dos razones. Primero, porque descarga el peso principal del financiamiento del Estado sobre los contribuyentes cautivos que pagan el IVA y diversos impuestos indirectos. Segundo, porque gasta mal debido a la baja calidad de sus cuadros burocráticos y sus jefes políticos, la corrupción instalada en el sector público (alimentada por la que la incentiva desde los mercados) y a la permeabilidad de los gobiernos ante las presiones de los grupos económicos más concentrados y poderosos que no aportan lo que les corresponde.

Un reciente estudio realizado sobre la evolución del sistema impositivo argentino demuestra que la recaudación registró una fuerte regresividad en el último año y medio: mientras que la participación del IVA aumentó un 3 por ciento, las retenciones del complejo agropecuario y minero retrocedieron 6 puntos porcentuales. Abundando en estas cuestiones un estudio del CEPA (Centro de Economía Política) informa que entre enero de 2016 y febrero de este año los ingresos reportados por el IVA explican el 41,3 por ciento de la recaudación de la AFIP mientras que aquellos habían representado el 38,3 por ciento para el promedio de los diez años anteriores. El informe de dicha institución incluyó también otros tributos regresivos como los impuestos sobre cuentas corrientes, combustibles líquidos y GNC, internos y adicionales de emergencia en los cigarrillos. El conjunto del IVA más otros impuestos regresivos aporta el 59,4 por ciento de los ingresos de la AFIP a partir de 2016, cuando la cifra era de 55,3 por ciento hasta 2015, es decir un aumento de casi 4 puntos porcentuales. En otras palabras, como país nos estamos moviendo en la dirección equivocada.

Para resumir, la Argentina necesita no sólo aumentar el gasto público –estamos unos 7 puntos porcentuales debajo de Italia y a 14 de Finlandia y Francia- sino también modificar de raíz las fuentes de su financiamiento vía impuestos indirectos, combatir la evasión y la elusión fiscal e introducir una reforma en donde los impuestos a la riqueza y los ingresos corporativos adquieran mucha mayor gravitación. Eso por el lado de los ingresos fiscales. Necesita también mejorar la administración de esos enormes recursos aplicándolos a diversas prioridades democráticamente discutidas, y hacerlo con transparencia y honestidad  para que lleguen a los sectores que los necesitan. En una palabra, que la estructura tributaria cumpla con la función de redistribuir ingresos y riquezas de suerte tal que aumenten el bienestar general de la población y refuerce la legitimidad del orden democrático en lugar de lo que hace actualmente, que es exactamente lo contrario.

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