01/08/2017 Columnista

Una reflexión sobre el “buen gobierno”

Por Atilio A. Boron. Una de las discusiones más arraigadas en el campo de la teoría política es la que se agita en torno a la identificación de las marcas distintivas de un buen gobierno. 

Un punto de partida es que el mismo debe ser la expresión de la soberanía popular, es decir, democrático. Pero lo que eso significa es que se posterga la discusión porque a la hora de definir lo que es la democracia, o lo democrático, surgen variadas y, por momentos, contradictorias respuestas. La versión liberal convencional le atribuye ese carácter a cualquier gobierno que surja de elecciones honestas y basadas en el sufragio universal. Esta era una tesis canónica en las ciencias sociales de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, pero hoy tiene un carácter residual porque la historia demostró que muchos gobiernos emanados del voto popular y un recuento honesto de votos tuvieron un desempeño claramente anti-democrático:  implementaron programas de gobierno que acrecentaron la desigualdad económica y la exclusión social, mostraron total indiferencia por la depredación del medio ambiente, mantuvieron o condonaron el sojuzgamiento de las minorías (étnicas, sexuales, etcétera) e, inclusive, apelaron a la violencia y a la manipulación de la prensa para someter a sus críticos. Una distinción clásica recuperó entonces su vigencia: una cosa es la legitimidad de origen y otra la que brota del ejercicio gubernamental. Son dos dimensiones que pueden combinarse de múltiples formas y los casos de gobiernos legítimamente electos que ejercen el poder de modo ilegítimo han sido numerosos a lo largo del último medio siglo.

Por eso entre los analistas ha venido tomando creciente importancia la cuestión de qué hacen y como gobiernan los gobiernos, no porque su origen sea irrelevante sino porque es insuficiente para lograr su completa caracterización. Una manera de examinar lo que hacen es el estudio de los presupuestos de los gobiernos: cuánto gastan, cuáles son sus prioridades y cuáles los temas a los cuales no le asignan sino una importancia marginal o que están condenados a la irrelevancia. Pero no sólo cuánto gastan, sino de qué grupos sociales extraen los recursos para financiar el tesoro, tema que hemos abordado en una nota anterior.

En este sentido, un breve examen de la experiencia de los gobiernos del PT en Brasil es ilustrativa. Todos ellos tuvieron una legitimidad de origen impecable pero, ¿cómo fue su desempeño? Si miramos el presupuesto federal encontraremos algunas claves interesantes para comprender las crecientes presiones a las que fueron sometidos tanto Luis Inacio “Lula” da Silva como su sucesora, que a la postre la debilitaron hasta tornarla indefensa ante sus corruptos críticos en el Congreso. En el año 2015, último cumplido íntegramente por Dilma Rousseff, los gastos combinados de la amortización de la deuda pública (39.5 %) más los intereses (7.9 %) más otras obligaciones financieras (4.4 %) totalizaban el 51.8 % del presupuesto federal mientras que el gasto social y previsional apenas si llegaba al 18.4 %. Este fenomenal desequilibrio presupuestario demuestra cuales eran las prioridades del Estado y cuáles no, más allá de que las razones por las que esto sucediese fuesen consecuencias de políticas públicas equivocadas en el pasado o prioridades destinadas a favorecer a determinados grupos y clases sociales. Por eso, cuando la relación entre el gasto social y el gasto para pagar la deuda pública es casi de 1 a 3 puede inferirse que dicho desequilibrio es poco conducente al buen gobierno y que el “clima social” en el que se desenvuelve la gestión gubernamental estará inevitablemente surcado por profundas tensiones llamadas a afectar la efectividad de sus políticas.

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