27/09/2017 Incertidumbre

Pedido de acceso a ¿qué?

En dos días entra en vigencia la Ley de acceso a la información. Sin embargo, este medio realizó, al azar, nueve solicitudes a distintos municipios del país y no solo no respondieron sino que demostraron tener un bajo conocimiento de la norma.

Tras 15 años de espera, en septiembre de 2016 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública que garantiza este derecho por parte de la ciudadanía. Luego de un año de prórroga para que las instituciones y provincias se adapten a la normativa, entra en vigencia el 29 de este mes.  

El 28 de marzo de este año, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto de reglamentación de dicha Ley y, a fines de agosto, luego de una audiencia pública, Eduardo Bertoni fue designado director de la Agencia de Acceso a la Información, organismo que deberá velar por el cumplimiento de la norma.

Si bien la Ley entra en vigencia el 29 de septiembre, desde hace muchos años varias provincias tienen sus propias normativas que regulan el derecho. Son 3 (Formosa, Tucumán y San Juan) las que todavía están en falta. Mendoza y La Rioja trabajan para adherirse pronto y otras como Neuquén y Santa Cruz se sumaron a la Ley nacional a principios de año.  

Por su parte, varios municipios, por iniciativa propia o adaptándose a la normativa provincial, tienen una ordenanza local que garantiza el acceso a la información. A fin de analizar su grado de cumplimiento, uso y conocimiento por parte de la ciudadanía, Gestionpublica.info realizó nueve pedidos de acceso a la información en distintas ciudades. El resultado fue llamativo: no solo no respondieron en tiempo y forma, sino que demostraron tener un bajo o nulo conocimiento de la existencia de la normativa.

Los municipios donde se realizaron los pedidos fueron la ciudad de Santa Rosa, La Pampa; Firmat en la provincia de Santa Fe; la ciudad de Córdoba, Diamante en Entre Ríos; el Calafate, Santa Cruz; Posadas, Misiones; Venado Tuerto, en Santa Fe; San Rafael, de Mendoza y Rio Grande de Tierra del Fuego. De los nueve pedidos realizados, nadie contestó. Al parecer, a la hora de pedir información a distancia las garantías empiezan a desaparecer.

Las ordenanzas locales varían en plazos y formalidades. De 10 a 15 días son los plazos estipulados para enviar la información solicitada. La redacción de este medio pudo corroborar que este tiempo no se cumple ni están adaptados a la nueva Ley de acceso a la información a nivel nacional.

Entre las falencias encontradas se destaca que solo una ciudad tiene la opción de enviar el pedido de acceso a la información de forma online. La Ciudad de Córdoba tiene una pestaña habilitada para realizar este trámite y la respuesta que se recibe es automática. Igualmente, más allá de esa facilidad, tampoco contestaron el pedido. Este punto es un detalle particular ya que la mayoría de los portales webs de los municipios incorporaron una pestaña de “obras publicas”  o “gobierno abierto” pero no de acceso a la información.

En Entre Ríos rige la Ley provincial 23. 258 del 2005 y en el municipio de Diamante la ordenanza 1065 garantiza este derecho desde 2011. Sin embargo, realizar un pedido de acceso a la información fue imposible. Aunque Vanina, de Secretaria Privada, intentó resolverlo, el mail nunca funcionó. Esta ciudad como antecedente una acción de amparo impuesta por un ciudadano al que no le respondieron como corresponde un pedido de acceso a la información.

En la ciudad santafesina de Firmat el pedido también quedó trunco ya que los trabajadores municipales no sabían de qué se trataba la ordenanza ni como llevar adelante el trámite. Susana, de Mesa de Entrada, luego de varias preguntas e intentos de derivar a distintas áreas, se excusó con que “nunca reciben pedidos de información por mail”.

La totalidad de los pedidos fueron realizados de manera informal y no como la Ley lo indica. La mayoría de las mesas de entradas municipales no cuentan con un mail propio por lo que, quienes atendieron el llamado, disponían de su mail personal para comenzar el trámite. Este fue el caso de Santa Rosa, La Pampa, donde Facundo González, de Mesa de entrada, explicó que en la ciudad “no se realizan pedidos de información porque no se difunde el derecho”.

El mail de la mesa de entrada no funcionaba  y el portal de Santa Rosa es bastante inaccesible, por eso González nos brindó su mail personal para la solicitud. Este fue el único caso donde se cumplió con la directiva de entregar al solicitante de la información “una constancia del requerimiento” con un número de expediente de pedido en trámite.

Temáticas

En todas las oportunidades se solicitó información sobre problemáticas relevantes de público conocimiento. Un ejemplo es Posadas, Misiones, donde se pidió datos sobre las políticas llevadas adelante para la prevención del Dengue. Desde Mesa de Entrada derivaron el requerimiento al área de prensa donde se hicieron cargo del trámite pero nuevamente de manera “informal” enviando un mail personal para continuar con la solicitud.  Según confesaron, no suelen recibir pedidos de acceso a la información y mucho menos por mail.  

La Ley nacional 27275 reza que la información se podrá “realizar por escrito o por medios electrónicos y sin ninguna formalidad a excepción de la identidad del solicitante, la identificación clara de la información que se solicita y los datos de contacto del solicitante, a los fines de enviarle la información solicitada o anunciarle que está disponible”.

En muchos lugares como en el Calafate, Santa Cruz, ni siquiera confirmaron la recepción del pedido, como figura en la normativa. Por su parte, Rio Grande, en Tierra del Fuego, fue elegido uno de los lugares más transparentes del país pero así y todo tampoco contestó al pedido de acceso a la información y no cuenta con un formulario web para iniciar el trámite. Los mecanismos de solicitud quedaron obsoletos por los nuevos parámetros impuestos por la tecnología. Ricardo, de Mesa de Entrada, aseguró que no cuentan con un mail para dicho procedimiento y además confesó “no saber” de la ordenanza de acceso a la información. Según dijo, “de eso se debería ocupar prensa” pero prensa nunca contestó.

“No puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria”, dice la Ley nacional. La ciudad mendocina de San Rafael cuenta con una ordenanza mucho antes que la provincia asumiera el compromiso de tener una Ley provincial. Pero en Mesa de Entrada, al recibir el pedido, pidieron explicaciones sobre los motivos de la solicitud y, al negar la explicación, la responsable del área se enojó y cortó el teléfono.  

Sin distinciones políticas, ninguna de las localidades consultadas contestó y los plazos de todos los pedidos se vencieron. Sin mecanismos unificados, leyes dispares, desconocimiento del articulado y sus procedimientos, diferentes plazos, páginas webs desactualizadas, sin la posibilidad de pedir información de forma online, la Ley de acceso a la información, que todavía no entró en vigencia, no solo tiene poca difusión entre los ciudadanos sino también para aquellos que deben ser los encargados de ponerla en práctica.

Ley nacional

Algunos de los principios que establece la Ley nacional son la transparencia, máxima divulgación, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, facilitación y buena fe. Otro es “Informalismo” que establece que “los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento”.

El cumplimiento de estos principios se vuelve imposible en el territorio argentino. Un claro ejemplo es el principio de gratuidad, porque los mecanismos de acceso a la información requieren llamar o el uso de algún medio de correo para obtener información. A los portales de los municipios, claramente en crecimiento, les falta el formulario para facilitar el ejercicio de solicitud de pedidos vía web, más allá de la posibilidad de hacerlo en persona. El 29 de septiembre entra en vigencia la normativa nacional de acceso a la información pero el panorama general demuestra que todavía queda mucho por hacer.

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