03/10/2017 Congreso

Expectativa por la prórroga de la ley de tierras

Ya pasó por el Senado y buscan la aprobación en Diputados. El proyecto suspende los desalojos de las comunidades indígenas. De avanzar, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas debería finalizar el relevamiento catastral iniciado hace años.

El pasado 28 de septiembre se aprobó por unanimidad en el Senado la prórroga de la ley 26.160 de emergencia territorial. Este mes, debería ser tratada también en la Cámara Baja y por esto GestionPublica.info dialogó con Victoria Donda, diputada por Movimiento Libres del Sur, quién aseguró que “si la ley vence significaría una situación de inseguridad jurídica para un montón de comunidades”.  

La norma fue promulgada en el año 2006 y tuvo como objetivo la prohibición de los desalojos de comunidades como reivindicación territorial y, además, determinó que debe hacerse un relevamiento técnico-jurídico-catastral en las tierras ocupadas por las comunidades.

Como había mostrado este medio hace unos meses, según un informe de la Auditoria General de la Nación (AGN), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no ha “desarrollado mecanismos de registración, seguimiento y control de acciones programadas y ejecutadas en el cumplimiento de las funciones específica” que tiene esta institución.

Para Donda, la 26.160 “es una ley bastante débil, suspende los desalojos hasta que las comunidades hagan un relevamiento de cuáles son las tierras que consideran les corresponden”. “Esta ley se viene prorrogando desde el 2006. Esta sería la tercera prórroga”, indicó.

Según dijo, “no es que los desalojos no se efectuaron, por el contrario, la conflictividad viene creciendo”. “Aun siendo débil, esta norma es la única herramienta con la cual pueden ir a la justicia y reclamar lo que les parece justo”. “Por eso es importante lograr volver a la prórroga por cuatro años, para terminar al menos el relevamiento de las comunidades”, remarcó.

La Diputada nacional consideró que si la normativa vence (sería el 23 de noviembre) significaría una “situación de mucha inseguridad jurídica para un montón de comunidades”. “Estamos trabajando para que la media sanción que tiene en el Senado tenga dictamen y pueda llegar a Diputados y ser aprobada en sesión”, explicó.

Consultada por si la prorroga alcanza para normalizar la situación que viven los pueblos originarios, Donda sentenció que “no es una ley de fondo ni definitiva”. “No implica que se les otorgue un título al mapa que los pueblos originarios presentan como su territorio. Sólo se suspenden los desalojos, no es un reconocimiento legal y se debe ir a un litigio para determinar la propiedad”, resaltó.

Por último, contó que trabaja en conjunto con diferentes diputados desde hace más de dos años junto a Félix Díaz (líder de la comunidad Qom) y su comunidad para hacer un proyecto de ley de propiedad comunitaria. “El proyecto lo presentamos hace tiempo. En la Cámara Baja lo presentó la senadora Odarda y en Diputados Alcira Argumedo”, concluyó.

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