21/11/2017 Columnista

Fortalezas y debilidades

Por Facundo Martínez*. El paquete de leyes que el Gobierno planea presentar en el Congreso previo acuerdo con los Gobernadores y los sindicalistas expresan el fortalecimiento político que ha alcanzado Cambiemos en sus primeros años de gobierno.

Pacto fiscal, reforma laboral y algunos cambios significativos en el sistema de jubilaciones. El solo hecho de haber podido juntar a todos los gobernadores en una misma mesa para tratar estos temas es una muestra de ese fortalecimiento y de sus manejos para intentar llegar al consenso a través del diálogo. El impulso de las victorias electorales ha sido clave para alcanzar los acuerdos a los que se llegó la semana pasada, tanto como las divisiones internas que atraviesan a la oposición toda, con el kirchnerismo y el PJ a la cabeza.

Está claro que comienza una nueva etapa para el Gobierno y que tiene como meta el apuntalamiento de la economía, que viene marchando a otra velocidad que la política. Ese será el desafío para el 2018. Entre los funcionarios cercanos a Mauricio Macri hay quienes hablan del fin de la transición y del comienzo de una etapa más dura y pura en el Gobierno, la de su sintonía fina, la de sus propias convicciones. Entre los primeros puntos sobresale el llamado plan de solvencia fiscal.

“Las metas para bajar el déficit fiscal son innegociables”, instruyó días atrás el Presidente a los integrantes de su Gabinete. Macri quiere que su equipo se mueva rápido en las Cámaras para poder aprobar, al menos con media sanción en diciembre, los paquetes de leyes que su gobierno considera clave para el futuro. En la cámara alta, el acuerdo alcanzado con los Gobernadores marcará la cancha a los senadores, Miguel Angel Pichetto, por ejemplo, del PJ, ya adelantó su posición de acompañar las reformas sin poner “palos en la rueda”; de seguro no será igual con la presencia de la ex presidenta en la Cámara. Está más que claro que entre los senadores, los proyectos oficialistas tendrán menos resistencia que entre los diputados, donde el Gobierno prevé una mayor cantidad de obstáculos.

El ajuste no llegará sólo a los bolsillos de los trabajadores, que ya tendrán lo suyo con los aumentos de las tarifas de luz (70 por ciento en diciembre y febrero) y el gas (45 por ciento en diciembre) anunciados en los últimos días. En el Estado se sentirá el ajuste en todas sus vertientes, sobre todo si se cumplen las expectativas del Gobierno en lo que respecta a la reducción de gastos de las diferentes carteras, otra de las metas fijadas para el año próximo. También deberá dar cuenta del impacto que el nuevo tarifazo tendrá en las metas inflacionarias para el 2018.

De hecho, varios economistas prevén un redoblamiento de la presión inflacionaria para los próximos meses, comenzando con diciembre donde calculan un 2 por ciento impulsado por el tarifazo, lo que cerraría el número anual en el orden del 24 por ciento, siete puntos por arriba de la meta que el Gobierno estableció a finales del año pasado. Desde el Banco Central, Federico Sturzenegger mira con alerta los números. Es que una modificación en la meta inflacionaria del 2018, que los más optimistas calculan en el orden de un 12 por ciento, lo obligarían a volver a subir tazas de interés, una receta que se viene aplicando con inusitada frecuencia.

Los que peor parecen haber salido de este acuerdo entre Nación y las provincias son los jubilados y los beneficiarios de prestaciones sociales. El recorte de 100 millones de pesos sobre los fondos de la ANSES que sostiene el ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, van a tener secuelas en sus bolsillos. Los gobernadores cuestionaron que el ajuste de las jubilaciones sea solo por inflación, pero el recorte es recorte y por más que se maquille, lo cierto es que los jubilados terminarán cobrando menos y más tarde que cómo lo venían haciendo con la actual normativa de movilidad jubilatoria. El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, se comprometió ante los gobernadores a mejorar la propuesta.

La actitud frente a la cuestión de los jubilados fue menos sensible por parte de la CGT, concentrados en la defensa de sus propios intereses, sus sindicatos y obras sociales, los triunviros no pusieron trabas en este punto. Aunque es de esperar que sí lo hagan cuando el proyecto oficialista ingrese a las Cámaras, lo cierto es que hasta el momento no hubo reparos disonantes.

Al menos los movimientos sociales, por su parte, se movilizarán este miércoles a la ANSES para exigir que el bono de fin de año que están pactando con el Gobierno –que sería de unos 2200 pesos en diciembre- lo cobren también los jubilados y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Los que anunciaron ya su resistencia a la reforma laboral, porque entienden que esta favorece el poder de las patronales, fueron los gremios nucleados en la Corriente Federal que lidera Sergio Palazzo, junto a Pablo Moyano y las dos CTA. Moyano anticipó el lunes una movilización en contra de las reformas impulsadas por el gobierno, pero fue más arriba aún al señalar que de la misma participarán “otros sindicatos que integran el consejo directivo de la central obrera”.

Si bien esta manifestación –que no tiene fecha aún- pone un interrogante sobre la fuerza del acuerdo alcanzado por el ministerio de Trabajo y la cúpula de la CGT, al que se llegó luego de que el Gobierno bajara del proyecto algunos puntos inaceptables para los dirigentes gremiales. “Por más que algunos dirigentes hayan dicho que hay un acuerdo, somos muchos los dirigentes y muchísimos los trabajadores que no lo estamos, porque la reforma va a traer despidos y congelamiento de los salarios”, declaró Moyano, y agregó: “Nos comprometemos desde la secretaría gremial de la CGT a hacer una gran marcha, con un montón de organizaciones que no estamos de acuerdo con lo que se ha firmado”.

Palazzo, por su parte, caracterizó: “Este es un gobierno que primero atacó a los trabajadores formales en las paritarias del año pasado, con acuerdos salariales por debajo de la inflación. Hoy ataca a los sectores más desprotegidos con el cambio del cálculo del haber jubilatorio, que también afectará a los beneficiarios de planes sociales y de la asignación universal por hijo” y llamó a la “unidad en acción” de los diferentes sectores que componen el sector del Trabajo, lo que incluye entre otras cosas pedidos de audiencia con los diferentes bloques parlamentarios antes y durante el tratamiento de las reformas.

El Gobierno ha conseguido fortalecerse políticamente, y ha demostrado su envalentonamiento. Lo que queda ahora es ver en qué medida consigue garantizar sus objetivos, frente a la presión que podrán ejercer todos aquellos que no tuvieron ni voz ni voto en los acuerdos anunciados.

*Sociólogo y periodista.

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