21/11/2017 Medio Ambiente

Advertencias a la reforma de la Ley de Glaciares

El presidente Macri ya hizo pública su intención de modificar la norma que los regula y protege. ONGs ambientalistas, entre ellas FARN, aseguran que al dar vía libre a proyectos mineros traerá contaminación y se afectará el área periglaciar.

La semana pasada en la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri se reunió con integrantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) junto a Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería, Jorge Triaca, ministro de Trabajo y representantes de las provincias de Jujuy, Mendoza, Catamarca, Santa Cruz, Río Negro y San Juan para dialogar acerca de la reforma a la Ley de Glaciares. En el encuentro estuvieron presentes Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Constitución de la República Argentina (Uocra) y Héctor Laplace, jefe de los trabajadores mineros reunidos en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).

“El presidente escuchó las quejas del sector por la presunta inviabilidad de los proyectos que quieren radicarse en la zona próxima de glaciares y se comprometió de palabra a reformular la normativa vigente para limitar el alcance de lo que es el Artículo nº 2  donde figura el área periglaciar, que es una parte importante de los glaciares pero que muchas veces no está a la vista”, expresó Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en comunicación con este medio.

El área periglaciar suele estar bajo tierra, no posee manto níveo, muchas veces son glaciares de escombros o que están soterrados. “La mayor parte de los proyectos están en esa zona. Nosotros detectamos que hay 44 iniciativas registradas en estas áreas”, sostuvo.

Entre los convocados estuvieron también Eduardo Elsztain (Austral Gold), Carlos Miguens (Patagonia Gold) y Fernando Giannoni (Barrick), tres de los mayores empresarios mineros del país y Marcelo Álvarez, titular de la CAEM. En el encuentro, Macri confirmó que para mediados de febrero se avanzará en un nuevo proyecto que reformule la Ley de glaciares aprobada en 2010. Los empresarios expresaron que existen alrededor de US$ 18.000 millones de potencial inversión frenados por la indefinición sobre estas áreas.

“Me parece que si ese es el tipo de inversiones que Argentina está buscando va por muy mal camino. No son inversiones que generen mejor desarrollo ni más calidad ni mejor inclusión. Van a ser inversiones que posiblemente afecten a otras potencialidades productivas del país y va en contradicción con el crecimiento agropecuario que existe hoy en la zona de San Juan o Mendoza con los regadíos, con la industria vitivinícola. Hay un montón de cuestiones de alta contradicción”, aseveró Nápoli.

“La instalación de estos proyectos en zona periglaciar genera contaminación porque estamos hablando de actividad minera, hidrocarburifera o en este caso se pretende hacer una obra de infraestructura bien grande como el túnel binacional o la implantación de algunas hidroeléctricas. Todo esto genera un impacto, directo o indirecto, que afecta al sistema interglaciar”, detalló el integrante de FARN. Uno de los proyectos más controversiales consta de un corredor bioceánico que conectará el centro de la Argentina con el puerto de Coquimbo, en Chile.

Según el especialista de FARN, la reforma de la Ley de glaciares “va en contra del principio de regresión”. “Una vez que se genera una  protección no se puede ir en retroceso de esa defensa. Esto afecta a los compromisos internacionales de Argentina, principalmente a la Convención del Cambio Climático, y va a traer problemas a futuro”, remarcó Nápoli.

Reservas de agua

Los glaciares son grandes reservorios de agua y cualquier actividad que se ponga por encima de esas zonas, de manera permanente o transitoria con transporte o con paso de vehículos, afecta todo el funcionamiento del glaciar. Con una Ley sin reglamentar y el inventario de glaciares aún en proceso, Nápoli afirmó que lo que busca desde el sector minero es “evitar esta evaluación porque saben que los resultados van a ser negativos para sus proyectos”. “Lo que quieren hacer es remover directamente el área de protección y que no haya ningún tipo de evaluación. Que sea vía libre para los proyectos. Es necesaria la realización de estudios estratégicos que evalúen los proyectos que pretenden instalarse y que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales diga si afectan o no los glaciares”, finalizó.

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