19/12/2017 Columnista

Días de furia y violencia

Por Facundo Martínez*. Luego de la jornada del jueves pasado en la que la violencia se hizo presente en todos los niveles, se reanudaron las discusiones con las que el Gobierno volvió a la carga con su intención de aprobar la reforma previsional.

Sin embargo, la noticia del día no fue precisamente el debate de los legisladores, los argumentos a favor o en contra de la polémica reforma sino otra vez los violentos incidentes que tuvieron lugar en la Plaza de los Dos Congresos.

Varios gremios se dieron cita nuevamente en la calle para intentar frenar la reforma que significaría una quita importante en los ingresos de los jubilados, ya que estipula un recorte de unos 100 mil millones de pesos en los fondos previsionales. Así lo habían hecho también la semana pasada, cuando en medio de una represión inexplicable e indiscriminada de la Gendarmería –que incluyó periodistas y reporteros gráficos baleados-, el Gobierno debió suspender la sesión por falta de quorum para tratar sobre tablas la reforma, ya acordada con los Gobernadores y que apenas unos días antes había logrado pasar sin manchas por la Cámara Alta.

No se presentaron ayer los Gobernadores en la conferencia de prensa que Cambiemos había anunciado y que era una suerte de puesta en escena del acuerdo alcanzado días atrás. La idea del jefe de Gabinete, Marcos Peña, era que fueran los mandatarios provinciales quienes anunciaran como diferencia entre el jueves pasado y este lunes la aparición de un bono compensatorio que apenas cubriría un cinco por ciento de la pérdida total que sufrirían los jubilados. Tampoco hubo ayer efectivos de la Gendarmería, muy criticada por la represión del jueves.

El Gobierno dispuso que la seguridad corriera esta vez en manos de la Policía de la Ciudad, que el jueves se había quedado afuera del operativo de seguridad. El responsable directo del operativo fue el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo. Y, también a diferencia del jueves pasado, esta vez fue un inmenso grupo radical de manifestantes los que atacaron a los efectivos de seguridad, que aguantaron por casi dos horas una lluvia constante de piedras hasta que estos respondieron primero con bombas de pintura, camiones hidrantes, balas de gomas y gases lacrimógenos.

El nivel de violencia de la tarde fue realmente patético. La zona afectada por el operativo de seguridad fue, literalmente, tierra arrasada. Delante de un puñado de banderas rojas pertenecientes a distintos partidos de izquierda, un numeroso grupo de manifestantes violentos desataron su propia guerra contra la policía. Fue una batalla campal con todas las letras. Todo muy lamentable, y con un nivel de destrucción pocas veces visto desde aquellas tremendas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Con gomeras, parapetados detrás de unas placas de madera prensada, lanzando piedras, bombas de estruendo, rompiendo todo a su alcance, los violentos acapararon todo el protagonismo. Esa actitud combativa alejaba a los encapuchados, coordinados entre sí, de la gran mayoría de los manifestantes que se habían acercado a la zona para expresarse en forma pacífica. De esta manera, el reclamo legítimo que se pudo ver en las primeras horas de la jornada quedó subsumido en la violencia y el sin razón de unos pocos que, por lo visto, parecía haber planificado sus ataques.

Dentro del Congreso, la oposición buscó infructuosamente que la sesión fuera nuevamente levantada, a raíz de los acontecimientos. No hubo caso. El Gobierno consiguió el quórum y la oposición finalmente participó del debate, que en sus primeras horas fue prácticamente tomado por los incidentes que ocurrían en las calles aledañas. 

Los gremios de la CTA, los movimientos sociales que se movilizaron ayer en gran número y los dirigentes de la CGT, que se reunieron por la mañana para decretar finalmente el paro por 24 horas que comenzó a correr desde las 12 horas de lunes, tomaron distancia de los hechos de violencia. Los manifestantes radicalizados, luego de varias horas de combate sin tregua, comenzaron a ser alcanzados y detenidos por los efectivos de seguridad, que a esa altura parecían también desbordados en su propio accionar.

Negocios destruidos, cientos de manifestantes y policías heridos por doquier, se pudieron observar en los pequeños momentos de tensa calma que entregó la tarde. Pero la violencia rebrotaba ya de un lado y también del otro, y otra vez volvían los disparos, el descontrol, las corridas, las piedras, las balas de gomas y los gases lacrimógenos.

En medio de ese caos de piedrazos, disparos y corridas, aparecieron las motos desde donde la policía reprimía a diestra y siniestra; luego se sumaron a la faena efectivos de la Federal. Pasadas las 19 horas, el caos del Congreso se había trasladado varias cuadras y ganado la Avenida 9 de Julio. La manifestación en contra de la reforma previsional ya estaba desvirtuada.  

Se había entusiasmado el Gobierno tras la reunión del viernes entre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores. “Lo del bono encaminó todo”, sostenían en la Casa Rosada. No parece acertado pensar que esta reforma o cualquier otra –ni hablar de la laboral, también en ciernes- puede tratarse en este contexto de alta conflictividad social.

Los cacerolazos que se reprodujeron por la noche en diferentes puntos de la Ciudad fueron otra muestra de la expresión popular en este sentido. El Gobierno puede quedarse con los hechos de violencia y su respuesta también violenta, o mucho mejor aún con las manifestaciones pacíficas, altamente democráticas, que ganaron las calles por la noche. En todo caso, lo que está más que claro es que esta reforma no cuenta con el apoyo necesario, más allá de los números que el Gobierno, con sus diferentes metodologías, pueda juntar en las cámaras de representantes.

La represión sostenida del último jueves durante casi ocho horas por la Gendarmería, y la violencia expresada ayer por manifestantes extremadamente violentos, y luego por las fuerzas de seguridad, que duró casi seis horas, expresan algo así como las dos caras de una misma moneda. Nada bien le hacen a la democracia, que no debe renunciar jamás al debate y a la búsqueda de consensos.

El Gobierno impulsó una ley con la que busca recortar jubilaciones, pensiones, la asignación universal por hijo y hasta las pensiones de los veteranos de Malvinas. Todas cuestiones sensibles para una sociedad que, con aciertos y errores, no parece dispuesta a seguir comiéndose los sapos de la rosca política.

*Sociólogo y periodista.

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