16/01/2018 Buenos Aires

El Tribunal de Cuentas negó la salida de otro funcionario

Versiones periodísticas anunciaban la jubilación de uno de los integrantes del Tribunal de Cuentas, lo que provocaría que el mismo tenga problemas para funcionar. Desde el propio Tribunal negaron que esto vaya a suceder.

La semana pasada el diario La Nación, uno de los matutinos con mayor tirada en Argentina, anunció que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires va a tener problemas para sesionar durante 2018 como consecuencia de la posible salida de uno de sus vocales.

Actualmente el TC está funcionando con 3 de los 5 miembros ejecutivos, lo que provoca que tenga un quórum ajustado. El organismo de control, que se encarga de supervisar las cuentas del Ejecutivo Bonaerense, no puede perder más miembros porque si esto sucediera ya no podrá dictar fallos.

Los vocales de esta institución ocupan cargos vitalicios a los que se accede con acuerdo del Senado, luego de haber sido propuestos por la Gobernación. Cabe recordar que en 2017 renunció a su puesto Héctor Giecco y en 2016 falleció la única vocal mujer, Cecilia Fernández.

Según La Nación, Gustavo Fernández, uno de los dos vocales que quedan, habría anunciado que va a jubilarse y comenzó los trámites para esta acción. Sin embargo, desde el propio tribunal le aseguraron a GestionPublica.info que el funcionario no realizó ninguna presentación formal y que este anuncio habría sido a los trabajadores que lo acompañan en sus labores.

Desde el organismo que comanda Eduardo Grinberg le confirmaron a este medio que en caso de que se haga efectiva la jubilación de Fernández, la Gobernadora María Eugenia Vidal presentaría los candidatos para reemplazarlo y que además tiene pensado ocupar las vocalías que ya se encuentran vacantes.

Atribuciones del TC

Según la norma de creación, el Tribunal debe “examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos”.

Además de esto, el organismo inspecciona “las oficinas provinciales o municipales que administren fondos públicos y toma las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley”.

Actualmente el Organismo se rige por la Ley Orgánica N°10.869 y sus modificatorias, donde se determina su estructura, composición, facultades, funcionamiento y normas a las cuales deberá ajustar sus procedimientos.

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