30/01/2018 Opinión

Decisiones peligrosas

Por Facundo Martínez. El argumento con el que Mauricio Macri justificó el megadecreto de necesidad y urgencia no fue bien recibido por el arco opositor.

 

Este megadecreto titulado “Desburocratización y simplificación”, contempla unas 170 medidas con las que se pretenden simplificar procedimientos del Estado para darle “una mayor competitividad a la economía”. Algunos dirigentes históricos de sectores aliados al Gobierno, como la UCR, levantaron su voz en disidencia.

La promesa que corrió por cuenta del Ministerio de Producción es que estas medidas permitirán reducir el déficit fiscal y le facilitarían al país la chance de ahorrar en un futuro cientos de miles de millones de pesos. Esas son las expectativas, optimistas claro.

Ahora bien, el polémico megadecreto hace foco en cuestiones que tienen que ver con la desregulación del Estado, eliminando medidas protectoras de la producción y también del empleo, y afecta por lo menos directamente a ocho ministerios: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía; además de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Banco Central y la Anses.

Según fue presentado, el megadecreto es el producto de la revisión, por parte de las carteras involucradas, de regulaciones que fueron quedando “desactualizadas” y que, por otra parte, frenarían la llegada al país de las famosas inversiones, que siguen retrasadas en su aparición. Es una receta de manual del capital internacional, operar en aquellos países donde los controles estatales sean menores, las condiciones laborales sean flexibles y las condiciones económicas sean favorables a sus intereses.

El Gobierno, que ha endeudado en gran medida al país en sus dos primeros años de mandato, fue hasta el hueso en esta nueva medida que establece la modificación de un centenar y medio de leyes o decretos previos y la derogación de otras 19 leyes o decretos. Incluso el ministro de Producción, Francisco Cabrera, reconoció que el DNU firmado por Macri es una de las condiciones de la OCDE para aceptar a la Argentina en la organización.

Un repaso de las modificaciones que establece el megadecreto incluye al Senasa; la posibilidad de exportar obras de artes –algo que no estaba permitido-; la habilitación de los camiones con doble acoplado o “bitrenes”, que permitirían bajar los costos de traslado; el cambio de manos de los campos y ganado del Ejército que ahora serán controlados por la AABE; la derogación de la ley de autoabastecimiento; la vía libre al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que este pueda invertir sus activos en la especulación financiera; tráfico aéreo, con la incorporación de nueve aeropuertos al sistema de control de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA); y, entre otros aspectos, la posibilidad de que las empresas acreedoras de créditos personales puedan embargar los sueldos de sus deudores…

Cómo mínimo, es curioso el hecho de que el megadecreto firmado por el Presidente copia párrafos prácticamente exactos de otro megadecreto, firmado el 30 de diciembre de 1991 por Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo. Este dato no es menor, ya que por entonces se lo consideró como inconstitucional al decretazo y ese parece ser también ahora el argumento de quienes pretenden impugnarlo.

Pero más allá de eso, lo cierto es que desde los partidos opositores al Gobierno se produjo una catarata de críticas a la iniciativa, porque a su modo burla mecanismos de la democracia como la búsqueda de consensos a través del debate parlamentario. Difícil que Cambiemos aceptase dar nuevos debates, sobre todo después de lo ocurrido durante la aprobación de la Reforma Previsional, que como consecuencia le trajo al Gobierno una caída significativa de su imagen frente a la opinión pública (Clarín, 15/1/2018).

Además Margarita Stolbizer, del GEN, avisó que buscará frenar el megadecreto por su “inconstitucionalidad”. Ni necesario ni urgente, señaló la aliada de Sergio Massa y advirtió que esta medida no sólo “vulnera derechos” sino que parece destinado “a prescindir del Congreso”. Para Stolbizer, el DNU “es un claro abuso de poder” que afecta “seriamente la división de poderes”.

“Vamos a solicitar a la Justicia la revisión del instrumento y la declaración de su inconstitucionalidad por no existir las condiciones de necesidad ni de urgencia que constituyen requisitos ineludibles según la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, apuntó, y argumentó: “el Poder Ejecutivo ha asumido facultades legislativas que le están vedadas, debido a que no se cumplen las condiciones que determina la Constitución Nacional para sortear la intervención del Congreso. Se alteran las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano”, afirmó Stolbizer.

El dirigente radical y ex diputado Ricardo Alfonsín fue otro de los que sumó su grano de arena a las críticas al Gobierno por el megadecreto. Alfonsín llamó al sector del radicalismo que apoya al gobierno de Cambiemos a frenar “una eventual deriva decisionista”.

En medio de estas tensiones y los movimientos que el peronismo comienza a hacer para unificarse, el Gobierno decidió enfriar el debate sobre la Reforma Laboral. La falta de consenso es tan grande que cualquier intento en ese sentido podría resultar letal para las aspiraciones reeleccionistas de Macri. La violencia durante la sanción de esta reforma y los tarifazos con los que el Gobierno terminó de despedir el año, no fueron bien tomados.

La consultora Management & Fit, según publicó el diario Clarín, registró caídas significativas en el índice del optimismo de los ciudadanos tanto en materia económica como en materia política. El primero bajo a 36,4 puntos; el otro, a 41,5.

Al parecer, el Gobierno busca incrementar sus mediciones librando una nueva batalla contra los sindicalistas que con sus reclamos le ponen trabas al carro triunfal de Cambiemos, victorioso en las pasadas elecciones. Contra ellos el Gobierno apunta ahora todos sus cañones.

Está por demás claro que, fracasada la meta inflacionaria del 10 por ciento para 2018, ya que el propio Gobierno admitió que debería ser del 15 por ciento y los analistas la estiman por arriba del 20 por ciento, las negociaciones paritarias de este año se anuncian complicadas.

A los puntos perdidos en 2017 por una buena parte de los trabajadores que arreglaron entre un 20 y 22 por ciento de aumento escalonado, se le deberían sumar los que no estima el Gobierno para este 2018. Frente a este panorama, al que habría que sumarle la resistencia social contra las medidas de ajuste, la única manera de que cierren las cuentas para el Gobierno pareciera ser la presión sobre la dirigencia sindical que, aunque con comportamiento sinuosos, finalmente logró que los senadores y diputados que les responden le quitaran el apoyo a la Reforma Laboral en las Cámaras. Así el Gobierno comprendió que la reforma vendría tirada de los pelos y tras la experiencia negativa de la reforma previsional, prefirió ponerla en la heladera, al menos por ahora.

El ex titular de la CGT y dirigente camionero Hugo Moyano, pasó de la foto con el ministro de Trabajo Jorge Triaca y el vicejefe de Gobierno Porteño Diego Santilli, en la inauguración de una clínica de Camioneros en la Ciudad --en la que de paso, los funcionarios le habían hecho llegar los saludos del Presidente--, a la presión y la investigación por lavado de dinero, según una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que también involucra a Pablo Moyano. Algo similar ocurre con el presidente del PJ porteño y dirigente de los encargados de edificios, Víctor Santa María, además dueño a través de la Fundación Octubre del diario Página/12 y la AM 750, entre otros medios de comunicación, del Centro Cultural Caras y Caretas y de la Universidad Metropolitana.

Moyano le clavó el freno a la reforma laboral y a su camión comenzaron a subirse otros dirigentes de peso, incluso los integrantes del triunvirato cegetista Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, quiénes en principio le habían dado el visto bueno a la Reforma. Eso enfureció al Gobierno, tanto como la persecución ahora enfurece a los sindicalistas. Las palabras de Luis Barrionuevo fueron lapidarias: “Alfonsín y De la Rúa atacaron a los sindicatos y no terminaron sus mandatos”, apuntó el gastronómico.

La carta fuerte que el Gobierno tiene para jugar en contra de los sindicalistas sigue siendo la Justicia, pero también esta parece debilitarse con las prisiones preventivas dictadas contra opositores y ex funcionarios kirchneristas.

En todo caso, todo indica que sigue fallando el diálogo y es probable que sin diálogo, al Gobierno solo le quede la vía rápida de los decretos de necesidad y urgencia, que no solo lastiman el juego parlamentario sino que además despiertan críticas y tensan las relaciones entre propios y ajenos.

*Sociólogo y periodista.

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