20/02/2018 Opinión

Esgrimas políticas y gremiales

Las negociaciones paritarias comenzaron en un contexto económico y político poco favorable para el gobierno. La idea que tiene de instalar un techo del 15%, no parece ajustarse a la inflación que estiman la mayoría de las consultoras.

Algunos gremios han comenzado a aceptar esa cifra, con pequeños ajustes, que terminan elevando la inflación, y a la que se le deberá sumar el aumento de las tarifas y el impacto de la suba del dólar, que siempre dejan su huella en los precios.

Por esa brecha entre lo que el gobierna proyecta como meta inflacionaria y lo que finalmente ocurre, es que la mayoría de los gremios pretende instalar en las negociaciones la famosa cláusula gatillo, que debería compensar automáticamente las diferencias.

El dirigente del Frente Renovador y ex presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, expresó con claridad la necesidad de introducir este mecanismo en los acuerdos. “Esta medida defiende el poder de compra de los trabajadores. Mientras el Gobierno actualiza los créditos con UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) haciendo que la deuda se ajuste por la inflación y golpeando así el bolsillo de la gente, y a la vez les paga a los inversores financieros también con ajuste por inflación, los salarios son los que pierden porque pasan a ser la variable de ajuste”, señaló. 

El Gobierno, por su parte, no quiere saber nada con esta cláusula. Está claro que mientras insista en practicar la fórmula de bajar los precios enfriando el consumo, necesita mantener un pie sobre el crecimiento de los salarios. Esa ecuación es la que intentan desarmar los sectores del sindicalismo que alertan sobre pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, con el moyanismo a la cabeza. La marcha prevista para el 21F fue convocada “contra las políticas económicas y de ajuste” y es una señal en esa dirección.  

De los lineamientos y las discusiones que tuvieron lugar en el  “retiro espiritual” que los principales funcionarios del Gobierno concretaron en Chapadmalal, ha trascendido poco y nada, ya que los medios apenas informaron sobre la distribución de las habitaciones, sobre los partidos de tenis y paddle jugados entre los ministros y secretarios de Estado.

Ya de regreso, se supo que una de las mayores preocupaciones del Gobierno es que sus funcionarios no cometan en estos dos años que quedan hasta las presidenciales los mismos errores; la otra, y más importante aún, son los intentos de unificación del peronismo, acaso la única fuerza capaz de oponerles verdadera resistencia en 2019, ya que el “divide y reinarás” ensayado durante estos primeros dos primeros años de mandato ha comenzado a debilitarse.

Una muestra de esto es la crisis que atraviesa la cúpula de la CGT. El triunviro Juan Carlos Schmid expresó que el experimento ideado por Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo “está agotado”. No hacía ni falta decirlo, sobre todo después del desconcierto que significó que la mayoría de los sindicatos grandes desobedecieran el mandato del triunvirato en el marco del paro del 19D y que se acentuó cuando los sectores más combativos del movimiento obrero decidieron activar el freno de emergencia del tren que, previo acuerdo entre la conducción tripartita de la CGT y el ministro de Trabajo Jorge Triaca, conducía a la aprobación de la reforma laboral en el contexto dramático y represivo en el que el Congreso sancionó en diciembre la ley de Reforma Previsional, que impactó negativamente en el bolsillo de los jubilados.

Así como los sindicalistas de peso comienzan a pensar en la necesidad de volver a encolumnar al movimiento obrero bajo un solo líder, tal como está estipulado en el estatuto de la CGT, en el Gobierno se apuran a presentar los primeros acuerdos paritarios que se firman dentro de los parámetros fijados por el equipo económico, e insisten en remarcar que la movilización del 21F es una contienda más en la sostenida disputa entre el presidente Macri y Hugo Moyano.

Para los distintos sindicatos, las dos CTA y los movimientos sociales que convocan a la misma, nada más lejos de esa apreciación. Las demandas “obedecen al deterioro económico y social que atraviesa el país” y “a la falta absoluta de diálogo”. 

Al menos una buena noticia le llegó a Macri la semana pasada. Fue el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el gremio de Obras Sanitarias que conduce José Luis Lingeri, quien ya había anunciado que no marchaba junto a Moyano.

Lingeri aceptó cerrar por un 15 por ciento y sin cláusula gatillo; sin embargo, el acuerdo contempla, además, una recomposición del 2,8 por ciento para compensar la brecha entre el acuerdo de 2017 y la inflación registrada. También se acordó un compromiso de revisión del acuerdo al cabo de nueve meses, que no es lo mismo que la cláusula gatillo de la que el Gobierno toma, por ahora, absoluta distancia.

También habían firmado por esas cifras los aceiteros. En este caso es un poco más entendible ya que vienen de dos paritarias exitosas y por encima de la media de los acuerdos alcanzados. Mientras que el Gobierno de la Ciudad logró cerrar las negociaciones con los municipales porteños en el orden del 12 por ciento, sin cláusula gatillo ni tampoco compromiso de revisión.

Y están encaminados en la misma dirección gremios fuertes como la Uocra y Comercio, cuyo secretario general Armando Cavalieri podría firmarlo en los próximos días; incluso el Gobierno anhela que esto suceda antes del 21F.

Los llamados Gordos e Independientes de la CGT gozan por ahora de buena salud. No es el caso de los Moyano, a quienes el Juez Federal de Morón Néstor Barral, investiga por lavado de dinero. En el marco de esa causa dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario de Hugo, su hijo Pablo, su mujer, Liliana Zulet; y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.

Se trata de información que tienen el Banco Central y la AFIP, quienes deberán entregársela a la Justicia. Entre las firmas alcanzadas por esa medida se encuentran Aconra Construcciones SA, Iarai SA, prestadora de la Obra Social de Camioneros, y Dixey SA dedicada al diseño de indumentaria de trabajo y servicios informáticos.

Pero los Moyano no se quedan de manos cruzadas frente a las presiones del Gobierno. Apuestan al éxito de la marcha del 21F en la que esperan contar con 300 mil manifestantes, y en su discurso de cierre el dirigente camionero acusará a Macri de haberlo sometido a una “persecución”.

No lo acompañarán a Moyano los grandes gremios, muchos de los cuales se bajaron del caballo a mitad de camino. Fue el caso del gastronómico Luis Barrionuevo y del triunviro estacionero que le responde, Carlos Acuña, quien días atrás blandeó su espada como defensor de la protesta y hasta se animó a llamar “carnero” al también triunviro del sector de los Gordos, Héctor Daer.

También se bajó llamativamente el secretario de los porteros, Víctor Santa María, otro de los investigados por la Justicia por lavado de dinero.

En cambio, sí acompañarán a Moyano sus gremios aliados como Canillitas, Judiciales y Panaderos; más las dos CTA y los movimientos sociales. Camioneros y aliados buscarán medir el 21F con las flacas concentraciones del 19F al que convocaron desde las redes sociales sectores afines con el Gobierno; una esgrima menor, de la que el Gobierno ni siquiera quiso salir en la foto.

En medio de este clima de tensiones y mediciones de fuerza, preocupa el desenlace de la paritaria docente en la Provincia de Buenos Aires. Ya comenzaron las reuniones y por el momento no hubo acuerdo entre los gremios y los funcionarios enviados por la gobernadora María Eugenia Vidal.

La Provincia, en sintonía con el Gobierno Nacional, ofrece 15 por ciento sin cláusula gatillo ni revisión; el Frente de Unidad Gremial que componen la FEB, Suteba, UDA, Sadop y AMET, rechazó de cuajo y pide, además, una recomposición por la pérdida del acuerdo 2017.

“Si Vidal insiste con el 15 por ciento sin cláusula gatillo, va a haber conflicto”, manifestó el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, quien también estará presente en el palco de oradores del 21F y pidió “racionalidad” a los funcionarios provinciales que llevan adelante las negociaciones.

El Gobierno tiene una carta en la manga para presionar a los gremios y que las clases comiencen el 5 de marzo como está previsto. Desde el ministerio de Trabajo comenzó a desplegarse un operativo de auditorías sobre las entidades gremiales, entre ellos la Federación de Educadores Bonaerenses.

“No tememos o eludimos el control, pero resulta llamativo este procedimiento en el actual contexto. Estas acciones no cambiarán nuestra postura en defensa de los trabajadores”, advirtieron desde la FEB.

En los próximos días, una vez descomprimidas las tensiones que provoca el 21F, se verá si el Gobierno profundiza su estrategia de presiones o si, en cambio, se presta a negociar asumiendo las contingencias que sus errores de cálculos suscitan.

En forma paralela al transcurso de las negociaciones paritarias, tanto el peronismo como el sindicalismo seguirán buscando el necesario camino de conciliación en busca de un sólo liderazgo, para lo cual es clave la elaboración de un programa de interés común y la implementación de mecanismos que garanticen la unidad, tanto como las acciones políticas y gremiales.

 

*Facundo Martínez

Sociólogo y periodista.

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