27/02/2018 Ciudad de Buenos Aires

Luego de 25 años, licitan el servicio de subterráneos

El Poder Ejecutivo publicó el pliego que abre a concurso la licitación pública. Un día después, se presentó un recurso de amparo que denuncia la inconstitucionalidad del proceso por el cual se aprobó este llamado.

En el pliego se fija el pago según los kilómetros que recorran los trenes. La unidad de medida será el cochekilómetro y la empresa ganadora deberá asumir los costos de producción. El 1 de enero de 2019 entraría en funcionamiento, por un período de 12 años con la posibilidad de prórroga por tres años más.

El Secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, expresó que “sostenemos que el servicio de transporte, como el subte, los colectivos y los trenes, tienen que ser manejados por el Estado, como en las grandes ciudades del mundo”.

New York, Madrid, California, Londres o París, son algunas de las ciudades donde la concesión la tienen empresas estatales. “El transporte no es una mercancía, es un servicio y por ende el estado tiene que garantizar el traslado de los ciudadanos de la manera más cómoda, rápida, barata, segura y ecológica posible”, aseveró Pianelli, quienes se oponen a las concesiones privadas porque “el transporte no da ganancia, es un servicio. Cuando viene una concesionaria privada, el Estado termina pagando la ganancia de la empresa”.

Metrovias, firma del grupo Roggio, opera los subterráneos porteños desde 1994 y podrá competir por continuar, pero se preveen formas de trabajo conjunto en caso de que no gane. En contraposición con el contrato establecido con Metrovias, el nuevo pliego expresa que el adjudicatario ya no recibirá un monto fijo mensual a cambio de correr los coches bajo tierra, sino que la red tendrá un costo variable para la Ciudad, fijado según la cantidad de cochekilómetro recorrido.

Las compañías interesadas en operar las seis líneas de subte más el Premetro, deberán presentar en julio dos sobres, uno con su oferta técnica y el otro con su propuesta económica. En agosto se abrirán los sobres y en octubre se decidirá cuál será la empresa elegida. En el pliego publicado se garantiza la continuidad de los puestos a los trabajadores del subte. Las frecuencias seguirán siendo materia de SBASE, que seguirá con la extensión de la red.

“SBASE, como está organizado y como viene operando, es un desastre”, denunció Pianelli. En 2013, SBASE le compró al metro de Madrid 6 formaciones marca CAF modelo 5000, fuera de circulación y usadas en Madrid para probar explosivos. “La compraron, las trajeron, las pagaron medio millón de dólares cada una, cuando cada uno de los trenes nuevos cuesta un poco más de 1 millón. Compraron 6 para que funcionen 2, gastando tres millones de dólares, el mismo precio que comprar dos trenes nuevos”, remarcó Pianelli.

A este escándalo se le sumó, recientemente, la noticia de que las formaciones tienen asbesto, un material prohibido por ser cancerígeno. “El metro de Madrid acaba de reconocer que un trabajador murió de un cáncer, conocido como asbestosis, provocado por la exposición a este material”, denunció el secretario del gremio. Las formaciones fueron retiradas de circulación hace apenas una semana cuando se viralizó la noticia.

La Auditoría de la Ciudad elaboró un duro informe aprobado en 2016 sobre esta transacción. Para el organismo, la compra no fue debidamente fundamentada, no se verificó la razonabilidad de los precios finales ni se realizó un estudio acerca de la sustentabilidad, vida útil y ahorro energético. El informe señala, además, que SBASE incumplió dictámenes de la Procuración General.

“No se preguntó, no se hicieron las pruebas correspondientes y se trajo una bomba de tiempo a la Argentina. Reconocemos que hay un problema. Estamos en contra de que la concesionaria sea la operadora del subte, pero más preocupados estamos de que la empresa dueña del subte (SBASE) actúe con una irresponsabilidad a tal nivel que hace operaciones económicas no redituables y que ponen en riesgo la vida de los trabajadores”, enfatizó Pianelli.

Inconstitucionalidad

“Sabemos que el proyecto votado en la Legislatura es inconstitucional porque tenía que votarse con mayoría especial y se votó con mayoría simple”, agregó Pianelli. El miércoles 21 de febrero, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, presentó un recurso de amparo colectivo ante la Justicia porteña solicitando que se aclare la inconstitucionalidad y la nulidad de la Ley 5.885, que autoriza al Ejecutivo a llamar a licitación para seleccionar un nuevo concesionario. El amparo recayó en el juzgado de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad número 3, a cargo del Juez Pablo Mantaras. Los denunciantes cuestionaron el incumplimiento de los artículos 63, 82 inciso 5, 89 inciso 5 y 90 de la Constitución porteña.

Audiencia publica

El 6 de marzo a las 12 horas en el Teatro de la Ribera, en La Boca, se realizará la audiencia pública por el aumento de la tarifa del subterráneo. Esta audiencia tuvo poca difusión y hasta el momento solo hay 15 inscriptos como oradores. La inscripción cierra el 28 de febrero. Desde el sindicato expresaron que van a participar manifestando su rechazo al “indignante aumento del valor de la tarifa. En relación a precio/kilómetros debe ser la más cara del planeta, porque termina saliendo 10 centavos de dólar el kilómetro cuando en el resto del mundo está a dos centavos”.

“Esta es una audiencia que no se está promocionando, el propio estado se encarga de ocultarla a propósito para que la ciudadanía no se entere, cuando tendría que ser al revés, tendría que estar preocupado el estado”, aseguró Pianelli.

Las indicaciones para inscribirse son confusas: hay que enviar un mail, luego descargarse un cuestionario, llenarlo y enviarlo. “Las audiencias públicas tendrían que promocionarse en el lugar del que se trata, en este caso en el subte. Es poco accesible, deberían difundir en el subte”.

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