13/03/2018 Vía redes sociales

Acceso denegado

Poder Ciudadano denunció al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no facilitar información sobre compras y contrataciones directas. Luego de eso llegó la respuesta, pero no como esperaban desde la fundación.

“Contestaron pero de forma ambigua y sin la información requerida”, expresó en comunicación con este medio German Emanuele, quien es el Director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la fundación.

Le preguntamos a CABA por las compras y contrataciones directas que se hicieron por vía de excepción en los últimos años (son muchas). No responden. Nos ayudan a ver si con ustedes respetan la ley de acceso a la información pública. Nosotros no tenemos suerte últimamente, reza el tuit.

El lunes, y a través de un mail, el gobierno porteño se comunicó con la organización para comunicarles que su pedido había sido contestado días atrás, pero de manera parcial. En dicha instancia “requerimos información sobre las compras y contrataciones hechas de forma directa en los términos que establece el artículo 28 por lo normado en el inciso 8 del Decreto Reglamentario, que habilita esta modalidad de compras solo cuando medien razones de sanidad pública o emergencia sanitaria, en circunstancias extraordinarias o imprevisibles. Su respuesta fue que no hicieron ningún tipo de contratación sobre este inciso, pero no nos dicen nada sobre las contrataciones directas en general. La respuesta es ambigua. No nos terminan dando la información requerida”, aseveró Emanuele.

El principio general de compras y contrataciones es por licitaciones o concurso público. En determinadas situaciones de cuantía o urgencia, el estado puede realizar contrataciones directas. Los pasos no son los mismos, explicó Emanuele: “La licitación o concurso son los que mayor mecanismo de control tienen y las que garantizan mayores niveles de competencia para que el estado termine pagando lo menos posible. En las contrataciones directas no. Esta respuesta es un poco tramposa. No contesta lo que preguntamos. Queremos saber qué porcentaje de compras que hace el estado son bajo esa modalidad”.

ANTECEDENTES

Esta no es la primera vez que desde la Ciudad de Buenos Aires niegan información. Poder Ciudadano tiene dos casos en los que trabaja desde hace varios años. Uno es el acceso a los informes de la Sindicatura General de la Ciudad que no están publicados. “Ganamos una acción judicial el año pasado después de tres años de juicio y conseguimos solamente los informes de 2011, 2012, 2013 que nos mandaron en papel”, informó Emanuele. Hoy el pedido de acceso a los informes del año 2014, 2015, 2016 y 2017 esta judicializado hasta que contesten. “Cuando tienen una acción en su contra, desde el gobierno porteño, interponen recursos, lo lleva hasta el Tribunal Superior de Justicia y la causa demora dos o tres años”.

El otro caso es el de publicidad oficial. “Desde hace unos años insistimos para que publiquen más información sobre la de pauta publicitaria, principalmente la razón social de las empresas a las que se les otorga y la tarifa que se está pagando. Y al día de hoy no contamos con esa información, tenemos sentencia favorable en primera instancia y hay una intimación para que cumplan”, enunció el integrante de la fundación.

Poder Ciudadano brinda asesoramiento gratuito a personas que hayan realizado pedidos de acceso a la información sin obtener resultados. El acceso “depende mucho del tipo de información que se pide. Tenemos muchos casos donde se pide información y se responde, pero tenemos cuestiones más estructurales o sensibles no se contestan. Y no sensibles desde el punto de vista jurídico de información sensible, sino desde lo político”.

En 2016, después de 15 años de espera, se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública para promover la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información para fortalecer las instituciones de la democracia argentina. Esta norma obliga a los tres poderes del Estado, a partidos políticos, empresas y gremios, entre otros, a responder los pedidos de cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes.

“Hay mucha información que se publica y se da, pero hay cierta información de relevancia para hacer un seguimiento de la gestión pública que ya es más difícil de conseguir. El acceso a la información no se cumple y el problema está en la falta de mecanismos que tenemos para poder ejercer ese derecho de forma efectiva”.

La importancia del acceso a la información pública radica en conseguirla de modo oportuno. “Si tardan cuatro años para brindarte esa información, ese material ya no te sirve. Ahora el esquema que establece la ley de acceso genera que el ciudadano tenga que ir a la justicia para satisfacer su reclamo y para esto necesitás plata, tiempo, ganas. El efecto que tiene esto es que a la persona que hace una pregunta y no le contestan, deja de preguntar o deja de participar, y esto es muy grave”, enfatizó Emanuele, quien concluyó “al no establecer sanciones, todo termina en una discusión judicial eterna.  Efectivamente es muy difícil poder aplicar el espíritu de la ley si del otro lado no hay interés de contestar”.

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