15/08/2018 Opinión

De los cuadernos a la economía

Casualidad o no, cuando el caso de los aportantes truchos a la campaña de la gobernadora María Eugenia Vidal comenzaba a horadar los cimientos de su proyección nacional, hizo su aparición la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Por Facundo Martínez*

Casualidad o no, justo cuando el caso de los aportantes truchos a la campaña de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal comenzaba a horadar los cimientos de su proyección nacional, hizo su aparición en la política nacional la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, a partir de los cuales el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli intentan reconstruir el mapa de la corrupción del gobierno kirchnerista a través de la obra pública y su cartelización encubierta.

Con funcionarios y empresarios detenidos por el juez, acostumbrado a utilizar la figura de la prisión preventiva, comenzaron a aparecer los llamados “imputados colaboradores”, en su mayoría empresarios teóricamente arrepentidos de pagar coimas que frente al magistrado llaman “aportes para la campaña política”, hechos supuestamente bajo presión.

La metodología utilizada por Bonadío nos remite a la teoría del juego y a uno de sus problemas tradicionales: el dilema del prisionero, un juego en el que se premia al prisionero que traiciona y se castiga al que no lo hace. El problema es más o menos así: la policía arresta a dos sospechosos de un delito, pero carece de pruebas para condenarlos. Entonces los incomunica y les propone el mismo trato. Si uno confiesa y el otro no, el cómplice será condenado a diez años de cárcel, y el primero será liberado. Si el primero calla y el cómplice confiesa, se invertirán los castigos. Pero si ambos confiesan, habrá pena de seis años para cada uno y si ambos se niegan a traicionar, sólo estarán detenidos hasta que termine el proceso. Si por caso los detenidos pudiesen hablar entre sí, no podrían estar seguros de confiar mutuamente, puesto que más allá de la posibilidad de mantenerse en silencio y cooperar, confesar termina siendo una estrategia dominante, ya que sea cual sea la elección del otro, es la opción que reduce siempre su propia sentencia.

El problema en la causa de los cuadernos comienza a transitar un camino todavía más sinuoso que el de la cooperación de los prisioneros. Ya que con las confesiones de los empresarios arrepentidos, el establishment vinculado a la obra pública comienza a verse salpicado de manera nunca antes vista. Uno de los primeros nombrados por uno de los imputados colaboradores fue el primo del presidente Mauricio Macri, el ex titular de la empresa Iecsa y ex directivo de Socma, Ángelo Calcaterra - hijo de Pía Macri, hermana de Franco-, quien reconoció ante el juez el mecanismo de pagos en negro a funcionarios del sector, así como el hecho de haber consultado al presidente con respecto a lo que podía decir o no durante la indagatoria frente al juez.

Iecsa fue una de las constructoras más favorecidas por la obra pública durante los doce años del gobierno kirchnerista. Cuando el propio Macri asumió el poder, Iecsa tenía contratos con el Estado por valores que alcanzaban los 3.500 millones de dólares (Página 12, 11-8-18).

La estrategia de los empresarios involucrados está más o menos a la vista. Buscan despegarse del pago de coimas y hablan ante el juez de aportes “bajo presión” para las campañas políticas. Aunque por ahora parece funcionar, ya que el juez los recibe, les toma declaración y los deja en libertad, surgen varias contradicciones si se toma al pie de la letra lo escrito en los cuadernos del chofer Centeno, donde figuran pagos de coimas en años no electorales (Clarín, 12-8-18). Calcaterra había sido nombrado ante el juez por un empleado de su confianza, Sánchez Caballero, también liberado por Bonadío. Y su declaración dejó un dato también curioso: el primo habría aportado dinero para la campaña en contra de su propia familia en 2015 y no denunciado la supuesta “extorsión”.

La trama abierta a partir del escándalo de los cuadernos, que se puede ver en detalle en la investigación periodística realizada por Horacio Verbitsky y que bien vale la pena leer en El cohete a la luna, involucra mucho más que a un puñado de empresarios arrepentidos y a un juez que suele ensañarse contra el gobierno anterior.

Ese puede ser el caso del número dos de Techint, Luis Betnaza, quien frente al juez reconoció haberle pagado coimas al gobierno kirchnerista para que el ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, intercediera ante el de Hugo Chávez, en Venezuela, para lograr el pago de una indemnización por la expropiación de la planta de Sidor, en el Estado de Bolívar. Betnaza asumió la responsabilidad para correr del escándalo al gerente Héctor Zabaleta, imputado por el juez por haber realizado el pago que le ordenaron. Si lo que pretenden los empresarios con esta estrategia de victimización es correrse de las acusaciones de corrupción y asociación ilícita, por las que podrían recibir penas de hasta diez años de cárcel, aceptar el haber pagado este tipo de dádivas no los favorece, más bien los incrimina.

Un problema todavía mayor que este escándalo comienzan a ver en el Gobierno. Con las empresas más importantes del país en la mira de la corrupción en torno a la obra pública, hay quienes piensan que se profundizará aún más la crisis económica que castiga al gobierno como consecuencia de su propia política.

Lo que primero comienza a quedar claro con las declaraciones recogidas por el juez en la causa de los cuadernos es que si la justicia tiene una puerta giratoria es en principio la que utilizan los empresarios que, como en el dilema del prisionero, bajo la presión de terminar presos se muestran arrepentidos para volverse lo más rápido posible a sus casas.

Ese es el caso, por dar un ejemplo, del titular de Esuco y ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, quien admitió lisa y llanamente que entre los empresarios del sector pactaban quién ganaba cada licitación, decidían los precios y pagaban la correspondiente coima a De Vido, estimadas entre el 10 y el 20 por ciento del total de los valores de las obras. De ser así su declaración ante la Justicia, tal como fue filtrada a los medios de comunicación, Wagner estaría admitiendo de alguna manera estafas en las licitaciones y asociación ilícita en perjuicio del Estado, un delito que al menos por el momento no parece tal ante los ojos de Bonadío.

Sus confesiones sobre la cartelización de la obra pública, de la que participaban empresas como “Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco, entre otras”, involucran directamente en la trama de falsificación de las licitaciones entre empresas constructoras que acordaban los valores con sobreprecios y decidían quién iba a ganar la obra, al presidente Macri y su familia, dueños de Iecsa en 2004.

Wagner no aportó pruebas de lo que dijo ante el juez, y aunque se involucró en un delito mayor, también volvió a dormir a su casa como lo hizo en su momento el primo Calcaterra, quien ante Bonadío sólo admitió haber hecho “aportes para las campañas” y ocultó lo que contó Wagner, que habría pagado coimas a cambio de licitaciones y adjudicaciones fraudulentas.

Otro capítulo de la causa fue la jornada que vivió ayer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien debió declarar como imputada en la causa. La actual senadora del FpV se presentó en los tribunales de Comodoro Py, presentó su declaración en un escrito y se negó a contestarle preguntas al juez a quien acusa de “enemistad manifiesta”.

En el escrito, CFK se muestra como víctima de una persecución judicial, se desvinculó de la acusación de integrar una asociación ilícita e insistió con su pedido de que la justicia realice una auditoría sobre la obra pública durante su gestión para verificar si existen irregularidades. Además, en su presentación recusó a Bonadío y al fiscal Stornelli, y reclamó la nulidad de todo lo actuado hasta el momento al considerar que los cuadernos de Centeno “son privados e inviolables según la Constitución”. Y solicitó que declaren como testigos Mauricio Macri y Daniel Angelici, quienes supuestamente habrían negociado con el juez que Calcaterra declarara como “imputado arrepentido” y saliera luego en libertad.

El juez, por su parte, mientras espera que el senado se pronuncie sobre el desafuero de la expresidenta, respondió adelantándose con una serie de allanamientos en dos departamentos en el mismo domicilio de Fernández de Kirchner. Allí la Policía Federal rompió pisos y paredes buscando dinero o algo relevante para la causa. No encontraron nada. Por ahora tampoco pudieron ingresar al domicilio particular de CKF, protegido por los fueros parlamentarios.

Mientras todo eso ocurría el lunes, el dólar cerró a 30,72 pesos, con un incremento de 87 centavos con respecto al cierre del último viernes, marcando un nuevo récord. La devaluación escribió así un nuevo capítulo, ya que desde el miércoles pasado el dólar acumula una suba del 9,6. Una cifra que asciende al 62,1 por ciento en lo que va del año; al 75,6 en los últimos doce meses y al 212,2 por ciento desde finales de 2015.

*Sociólogo y periodista.

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