23/08/2018 ElAuditor.Info

La Policía Federal no tiene robots antiexplosivos

Son los propios agentes quienes revisan paquetes sospechosos. Según la SIGEN, los equipos no se pueden reparar por falta de repuestos. Además, escasean herramientas para combatir incendios y muchos elementos agotaron su vida útil.

Un informe oficial reveló que la Policía Federal Argentina no dispone de robots antiexplosivos y que son los mismos agentes los que deben revisar los paquetes sospechosos.

El dato aparece en una investigación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) aprobada el año pasado sobre datos de 2016, mientras se producía el traspaso de facultades y funciones de la fuerza a la Ciudad de Buenos Aires.

Dice el ente de control que “los robots destinados a operaciones con material presuntamente explosivo se encuentran inactivos por la inexistencia de repuestos en el mercado para su reparación y puesta en servicio”, y añade que esto “incrementa los riesgos de accidentes”, porque los casos deben ser atendidos “directamente por el personal”.

Los robots deberían prestar servicio en la Brigada de Explosivos, que forma parte de la Superintendencia de Bomberos. Allí, la SIGEN descubrió falencias en la cobertura que la fuerza brinda a dos aeropuertos.

Por un lado, se señaló que en la terminal de San Miguel de Tucumán la dotación de herramientas, equipos de comunicación y móviles “no resulta suficiente" para el cumplimiento de funciones que, no obstante, tampoco están del todo claras; es que, según el informe, “no se ha celebrado ningún convenio” entre la Federal y la Administración Nacional de Aviación “que regule las responsabilidades de las partes respecto del servicio de Salvamento y Extinción de Incendios”.

Por el otro, algo parecido ocurre en el aeropuerto de San Fernando, donde sí hay un convenio, pero “se encuentra vencido”, y por eso “existe incertidumbre respecto de las obligaciones de cada una de las partes”, completó la Sindicatura.

El ente de control remarcó que todas estas observaciones corresponden a sectores de la Superintendencia de Bomberos que no fueron traspasados a la Policía de la Ciudad.

Por otra parte, en la Superintendencia Interior y Delitos Federales Complejos, la SIGEN notó que “los equipos disponibles para la atención de siniestros en muchos casos resultan deficientes, ya sea porque agotaron su vida útil (como las autobombas del Centro Atómico y el Aeropuerto de Bariloche), o por resultar escasos en relación a la dotación de personal”.

Sobre este último punto, el informe enumera que en la División Cuartel Aeropuerto Internacional Río Gallegos “escasean trajes de protección personal, equipos individuales para incendios, gafas para protección ocular, camillas plásticas, equipos de corte y mascarillas de protección nasal, entre otros”.   

Por el lado de la Superintendencia Drogas Peligrosas, la Sindicatura comprobó que “carece de adecuados depósitos para la guarda de sustancias o precursores químicos incautados, dificultando la correcta conservación y custodia del material secuestrado”.

Mientras que “la mayor parte de los vehículos” del Departamento de Operaciones Metropolitanas, “se encuentra en mal estado de conservación como consecuencia de su rodamiento permanente para realizar diligencias, intervenciones judiciales e investigaciones”.

Si de móviles se trata, los técnicos apuntaron que “los gabinetes científicos de Comodoro Rivadavia y Neuquén no cuentan con vehículos propios para dar cumplimiento a los requerimientos solicitados por el Poder Judicial”.

Pero en Neuquén no solo falta eso: agrega la Sindicatura que ese Gabinete Científico directamente “no cuenta con profesionales idóneos para realizar in situ las pericias químicas requeridas por la Justicia Federal y demás organismos requirentes”.

¿Volvió la SIGEN?

El acceso a los informes de la Sindicatura viene siendo un tema de discusión desde principios de esta década.

A partir del relevamiento sobre la Policía Federal, Elauditor.info pudo comprobar que no todas las investigaciones de la SIGEN están disponibles en su sitio web, sino que el ente decidió dejar públicos los informes que fueron pedidos por la ciudadanía mediante el decreto 1172/03.

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