28/08/2018 En 2017

Negro ambiente

El municipio de Lanús había relocalizado a 174 familias que vivían frente al Riachuelo, pero la Defensoría General de la Nación denunció problemas en la infraestructura de los hogares, deterioro de las mismas y artefactos faltantes.

A principios del año pasado, el Municipio de Lanús relocalizó a 174 familias que vivían frente al Riachuelo en un predio de (ex) Fabricaciones Militares. Ahora, miembros de la Defensoría General de la Nación (DGN) denunciaron graves problemas en la infraestructura de los hogares, deterioro de las mismas y artefactos faltantes.

Dentro de la estructura de la DGN se encuentra el “Equipo Riachuelo”, quien comandado por Mariano Gutiérrez, le solicitó al juez federal Jorge Ernesto Rodríguez que se reparen las fallas que tienen las casi 200 viviendas entregadas a los habitantes de Villa Jardín en el marco de la ejecución de la sentencia de la “causa Mendoza”.

“Los defensores representan a los niños, niñas, adolescentes y demás personas en condición de vulnerabilidad que ocupan las nuevas viviendas”, explicaron desde la DGN. “En el escrito se advierte que las personas relocalizadas, quienes debían ser trasladadas para mejorar su calidad de vida, siguen sufriendo la afectación de su derecho a la vivienda adecuada, en virtud de que las nuevas construcciones no cumplen con las condiciones de habitabilidad necesarias y generan riesgos y afectaciones para la salud e integridad personal de sus ocupantes”, indicaron.

Además, manifestaron que “la magnitud del problema fue tal que casi la totalidad de las viviendas presentaron desperfectos importantes, principalmente filtraciones y falta de elementos esenciales de la vivienda: tanque de agua, motor de cisterna, sanitarios, etc”.

“Durante todo el año 2017 y lo que va de 2018, se denunció el deterioro progresivo provocado por esos defectos y la ineficaz tarea en la ejecución de las reparaciones de las viviendas que se encontraban en período de garantía. Los problemas se fueron agudizando con el transcurrir del tiempo, hasta llegar a algún caso de incendio y de caída de techos en viviendas”, sostuvieron.

La semana pasada, los representantes del Ministerio Público de la Defensa (MPD) pidieron se resuelva de forma urgente y se ordene al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Lanús “la urgente reparación tanto de las fallas constructivas ya existentes al momento de la entrega de las viviendas, como de las emergentes con posterioridad a los fines de resguardar los derechos de la población ya reseñados y de cumplir con las obligaciones que la sentencia del máximo tribunal exige”.

Causa Mendoza y DGN

Se conoce como “Causa Mendoza” a la demanda presentada en 2004 por un grupo de vecinos que vivían en la Cuenca Matanza Riachuelo. En ese reclamo, se pedía la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios. Luego de 4 años, en 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación obligó a ACUMAR (la autoridad competente en el tema) a comenzar los trabajos para resarcir a los ciudadanos afectados por la situación.

El equipo de la DGN se conformó con el objetivo de “promover un integral acceso a la justicia de la población afectada por las relocalizaciones y urbanizaciones ordenadas en el marco de la ejecución de la denominada `Causa Matanza Riachuelo´ (Corte Suprema de la Justicia de la Nación –CSJN- M 1569), coadyuvante con la función de los defensores públicos oficiales que intervienen en el caso”.

La población destinataria de las acciones son las personas en situación de pobreza y grupos vulnerables en riesgo ambiental residentes en asentamientos de la Cuenca Matanza Riachuelo (CABA, Lanús, Avellaneda, Almirante Brown, La Matanza, Esteban Echeverría Lomas de Zamora, Merlo, Morón, Marcos Paz, Ezeiza, Cañuelas, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras), afectados por los procesos de relocalización y urbanización llevados a cabo a través de la causa judicial.

El propósito del equipo consiste “en el despliegue de acciones de abordaje territorial que releven la situación de este conjunto de derechos afectados, tanto individual como colectivamente, para luego generar o activar las acciones prejudiciales y judiciales que permitan su real efectivización, garantizando el acceso integral a la justicia”.

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