26/09/2018 En el CCK

Un año de la Ley de Acceso a la Información Pública

El lunes 24 de septiembre se llevó a cabo un encuentro donde diferentes participantes expusieron sobre esta temática, en el primer aniversario de su sanción en Argentina.

En 2002, la UNESCO declaró al 28 de septiembre como el “Día mundial del Acceso a la Información Pública”. En 2007, debido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, éste tomo carácter de Derecho Humano y fundamental. Dichas resoluciones obligaron a los estados a tener una legislación que lo garantice. Nuestro país fue uno de los últimos en sumarse a los 27 países de América Latina y el Caribe que ya tenían normativa.

El lunes 24 se realizó en el Centro Cultural Kirchner el encuentro “Primer año de la Ley de Acceso a la Información Pública en Argentina”, donde en distintos paneles,  funcionarios, legisladores, ciudadanos y periodistas expusieron al respecto.

La Ley Nº 27.275 tiene por objeto “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la trasparencia de la gestión pública”. Establece que cualquier ciudadano puede solicitar información pública de forma gratuita, ante el sujeto obligado, quien debe designar un responsable de acceso a la información y contestar en el plazo de 15 días, con una prórroga de otros 15. Ante una denegatoria o incumplimiento, el solicitante tiene 40 días para asentar un reclamo en la Agencia de Acceso a la Información, órgano garante de la ley. En caso de que el pedido no se conteste y el reclamo sea válido, el último paso es recurrir a la Justicia.

“Durante muchos años intentamos tener una ley que respalde este derecho. Luego de 27 proyectos que se presentaron, dos de los cuales tuvieron media sanción pero se perdió estado parlamentario, logramos esta ley que es fundamental en materia de institucionalidad y transparencia”, expresó Karina Banfi, diputada nacional e impulsora del proyecto, en comunicación con GestionPublica.Info. La ley fue aprobada en la cámara baja en septiembre de 2016, con 182 votos a favor y 16 en contra.

Reglamentada a principios de 2017, entró en vigencia el 29 de septiembre de ese mismo año. Fue discutida por organizaciones de la sociedad civil que señalaban de “parcial” el proceso realizado. “No necesitamos que un derecho humano esté reglamentado para poder ejercerlo. Además, esta es una ley procedimental, no es necesario hacerlo”, agregó Banfi. De 40 artículos, 27 quedaron afuera, entre ellos el número 7 que es donde figuraban los sujetos obligados a brindar información pública.

La Agencia de Acceso a la Información Pública es el órgano encargado de velar por su cumplimiento y garantizar el efectivo ejercicio del derecho. Creada por el artículo 19 de la ley, entró en funcionamiento en 2017, con Eduardo Bertoni como su Secretario y Eugenia Braguinsky como Directora Nacional de Acceso a la Información Pública. Ese mismo año, el decreto 746 la fusionó con la Dirección Nacional de Datos Personales y ambas pasaron a la órbita de Jefatura de Gabinete.

“Este decreto le quita autonomía funcional y autarquía”, expresó German Emanuele, de Poder Ciudadano. Sin embargo, Bertoni aseguró que “este modelo es el mismo que usan en países como México, Alemania e Inglaterra. Son diferentes criterios, pero no se contradicen ni afectan su accionar”.

Esta agencia no es el único organismo garante, ya que por ley se crearon otros cinco organismos: en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público de la Nación, el Ministerio Público de Defensa y en el Consejo de la Magistratura. La mayoría se encuentra funcionando o en proceso de designación de titular, menos el del Congreso de la Nación.

“Todavía falta mucho para que la ley funcione bien dentro del Poder Legislativo. Las solicitudes aún no están digitalizadas y no tienen titular. Falta el cumplimiento de muchos puntos obligatorios. Por ejemplo, ninguna de las dos cámaras tiene información sobre los empleados contratados. Este es el único órgano garante que todavía no está funcionando como corresponde”, informó Mercedes de los Santos, Coordinadora de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno, de Directorio Legislativo.  

Pedidos

Desde que se creó la Agencia de Acceso a la Información en 2017 hasta la fecha, se registraron alrededor de 3 mil pedidos. Solo en 2018 se contabilizaron 1.655 y para el año que viene esperan duplicarlos. En cuanto a los reclamos recibidos, solo 170 fueron asentados, de los cuales ninguno está judicializado.

“El ejercicio de este derecho aumentó y no hay del otro lado una reticencia a dar información cuando se apela a esta herramienta. Queremos generar una cultura de la respuesta y no del silencio”, enunció Eduardo Bertoni, en diálogo con este medio.

Hace unos meses, a través de su página web y del sistema de Trámites a Distancia (TAD), habilitaron la opción de realizar pedidos de acceso a la información pública de forma digital. Con una estructura interna diagramada y en pleno trabajo, planean “reforzar las capacitaciones hacia adentro y afuera de la administración, para que los funcionarios sepan cómo deben recibir los pedidos”, añadió el Secretario.

Dentro de las debilidades de la ley, se encuentra su implementación a nivel provincial: “Esta ley es solo de aplicación federal, cada provincia puede adherirse o tener su propia norma, de carácter local”, explicó Emanuele.

En junio de 2017, Rogelio Frigerio, Ministro del Interior, envió una carta a las provincias invitando a adherirse a la normativa nacional. Desde entonces se sumaron Mendoza, Santa Cruz y Neuquén. Pero aún restan 5 provincias: San Juan, Formosa, La Rioja, Tucumán y La Pampa.

“Hay un desbalance importante. Muchas no tienen, otras tienen leyes muy buenas pero no las cumplen. Nuestra primera misión es trabajar en la aplicación de los principios de la ley con el Consejo Federal, porque si una provincia adhiere pero no impulsa los principios, no sirve de nada”, enfatizó Bertoni. Este Consejo fue creado por la Ley 27.275, con representantes provinciales y encuentros semestrales para avanzar en el acceso a la información pública.

¿Cuál es la percepción de la ciudadanía de este derecho?

Si bien las expectativas son buenas, la falta de concientización y difusión de este derecho hace que solo el 0,006 % de la población haya utilizado esta herramienta en lo que va de 2018. Las voces consultadas coincidieron en lo mismo: es necesaria más difusión y educación al respecto. “Hace falta usarla más, que la gente conozca este derecho y que forme parte de su vida cotidiana. Esta es una ley fundamental, porque es una herramienta para acceder a otros derechos”, aseveró Banfi.

No solo reconocido por la CIDH, sino también en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 1, 14, 41 y 75 de la Constitución Nacional Argentina, este derecho “debería contar con una campaña de comunicación para que la ciudadanía pueda utilizarla más, que no quede en su sanción y la usen unos pocos. El estado tiene que promover su utilización”, agregó de los Santos.

De los 1.655 pedidos registrados, 977 son localizados en Capital Federal y 454 en la provincia de Buenos Aires. “Esto es parte de los pendientes de la agencia. Es un problema que la gente no conozca este derecho, hay que trabajar para difundirlo ya que esta herramienta puede ayudar a las personas para mejorar su calidad de vida”, finalizó Eduardo Bertoni.

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