23/10/2018 Senado de la Nación

Audiencia pública para designar al Defensor del niño

Participaron los 15 candidatos que aprobaron el examen escrito del 28 de septiembre. Los aspirantes expusieron sus planes de trabajo.

En el Salón Illia del Senado de la Nación, los 15 candidatos finalistas para ser designado Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, expusieron sus planes de trabajo. Este cargo está vacante desde 2005 cuando, a raíz de la sanción de la Ley Nº 26.061, se estableció la creación de una Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Luego de 13 años de demora, se realizan las audiencias para elegir al defensor.

Según lo estipulado, el proceso para la elección finalizará en un plazo de 15 días. En este tiempo, la Comisión Bicameral presidida por la senadora Norma Durango, deberá comunicar a través de su página web oficial, el nombre del candidato seleccionado, “quien tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales”, según reza la ley.

Los quince candidatos que participan son Gustavo Álvarez Pereira, Roxana Contreras, Claudia Bernazza, Marisa Graham, Sergio Marcelo Greco, Alicia Guerrero Zarza, Juan Facundo Hernández, Marisa Herrera, Gabriel Lerner, María José Lubertino, María Elena Naddeo, Nora Pulido, Fabián Marcelo Repetto, Nora Susana Shulman y Cecilia Sosa, quienes el 16 de octubre entregaron su plan de trabajo en la Comisión Bicameral.

Presupuesto 2019

El colectivo Infancia en Deuda, denunció recortes en el presupuesto destinado a los más chicos y pidieron al Congreso aumentar las partidas.

En números, el presupuesto para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufrirá una reducción del 34,55 %. Además, algunos programas como el Nº 47 de asistencia a espacios de primera infancia y el Nº 17 de atención a madres y niños, sufren un recorte de más del 60 %. En materia de infraestructura y equipamiento escolar, se reduce un 77 por ciento y el fortalecimiento edilicio de jardines infantes un 69 %, en comparación con el aprobado para 2018.

Desde el colectivo expresaron una “profunda preocupación por la regresividad de las partidas proyectadas para ciertos programas destinados a la protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el proyecto de presupuesto 2019”, y pidieron al Congreso revertir la situación e incrementar las partidas asignadas a la materia, atendiendo “lo que exigen los tratados internacionales de derechos humanos que en Argentina tienen jerarquía constitucional y diversas leyes que aseguran la inversión prioritaria en la niñez”.

En la apertura de la audiencia, la presidenta de la Comisión Norma Durango, afirmó: “Queremos expresar nuestra preocupación sobre el presupuesto para 2019 para la estructura y para el defensor o defensora. El trabajo de esta Comisión Bicameral no termina con la elección del candidato”.

En 2018, el Comité de Derechos del Niño de la ONU, en su último examen relativo a nuestro país, manifestó su preocupación por los niveles de la multidimensionalidad de la pobreza. “Los sistemas de protección social disponibles para los niños son limitados, en particular durante la primera infancia. Lo mismo para los niños indígenas, los niños con discapacidades y los niños que viven en zonas remotas. También preocupa que la crisis financiera ha tenido un efecto negativo sobre los sistemas de protección social en el Estado Parte, lo que se traduce en la cobertura insuficiente y los retrasos en la tramitación de las prestaciones sociales para los niños y sus familias, particularmente a nivel provincial”, expresa el informe de la ONU sobre la niñez en Argentina.

Por esos motivos, el Comité le recordó a la Argentina que en tiempos de crisis económica las medidas regresivas solo pueden aplicarse después de evaluar todas las demás opciones, garantizando que los niños, niñas y adolescentes sean los últimos afectados; especialmente quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Además, instó al país a garantizar que las partidas presupuestarias de niñez estén protegidas en situaciones de crisis económica.

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