13/11/2018 Capital Federal

Estudian reformar el Código de Planeamiento Urbano

Más de 700 personas participaron de las audiencias públicas que se realizaron en la Legislatura Porteña. Este proceso requiere de una doble lectura con la participación de la ciudadanía.

Diferentes audiencias repartidas en cuatro jornadas, y con 500 expositores, fueron las que se llevaron a cabo para tratar la modificación del Código Urbanístico. A su vez, los encuentros para el Código de Edificación, duraron dos días y contaron con 200 exponentes.

“Fueron las más grandes en cuestión de participación e inscriptos, en todos estos años de gestión del PRO en la Ciudad. Hubo un rechazo masivo y unánime a ambos códigos. Si los legisladores escucharan a la ciudadanía, tendrían que archivar este proyecto y solicitar la elaboración de una planificación y nuevos códigos de una forma más democrática, que atienda a las prioridades y las necesidades de los porteños”, denunció Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad, en comunicación con GestionPublica.info.

La presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez, tiene una visión muy diferente a la de Baldiviezo. “En ambas audiencias buscamos la mejor manera de organización para garantizar la mayor participación ciudadana posible. Por eso, creamos un cronograma de inscriptos y publicamos la lista para que los oradores pudieran conocer de antemano su momento de intervención. Realmente fue un éxito", detalló. La convocatoria rompió el record de asistencia en relación a otras audiencias públicas organizadas por el poder legislativo porteño.

Por su parte los oradores, “eran de diferentes ubicaciones geográficas, representando a casi todas las comunas. Los vecinos mostraron que hay muchos problemas territoriales no resueltos y que estos códigos no traen ningún tipo de solución”, enfatizó Baldiviezo.

Entre las críticas más frecuentes a estos códigos, se encuentran la falta de datos actualizados que lo sostengan, el aumento de la capacidad constructiva sin análisis de impacto ambiental, la connivencia con inmobiliarias en el desarrollo de los mismos, la falta de respuesta a las necesidades de la población y de compromisos concretos, sobre todo, que garanticen la integración socio-urbana de las villas y la carencia de protección a las identidades de los barrios, entre otras cosas.

Este nuevo código busca aumentar la capacidad constructiva y pasar a alojar a tres millones más de residentes, que son los que hoy concurren diariamente a la ciudad a trabajar, sin evaluar los nuevos requerimientos que surgirán con el incremento poblacional ni sus proyecciones. Para Baldiviezo era necesario “desconcentrar y descentralizar los servicios que brinda la ciudad. En vez de esto, se ha optado por concentrar la población del AMBA en la Ciudad”.

“Esto muestra que hay muchos problemas y conflictos sociales no resueltos. Estos nuevos códigos no cuentan con herramientas jurídicas que brinden soluciones a estas temáticas, por eso la ciudadanía mostró el rechazo, incluso denunciando que esto empeora la situación por la falta de protección de patrimonios, el colapso de servicios públicos, la necesidad de espacios verdes, la crisis habitacional y la cuestión económica”, manifestó Baldiviezo.

Si 20 años después…

La planificación de la Ciudad está respaldada por el Plan Urbano Ambiental aprobado en 2009, pero que según el Observatorio, debía ser aprobado en 2000. “Por cuestiones políticas y burocráticas se retrasó su aprobación, pero nunca se reformuló ni se actualizaron los datos. El diagnóstico de este Código se asienta sobre las estadísticas del Plan Urbano que fue pensado con problemáticas de los años 90. En estos 18 años fue cuando más se construyó y edificó en la ciudad. Si tenemos una planificación desactualizada, la herramienta jurídica va a estar totalmente alejada de la situación en la que viven los porteños”. Este plan debía ser actualizado cada cinco años, cosa que no sucedió.

Otra deuda que hay es la sanción del Código Ambiental, algo que se espera hace más de 20 años. “Discutimos cuestiones de la capacidad constructiva de los inmuebles y no sus consecuencias ambientales. Tenemos una visión muy sesgada de la problemática urbana. Hacen falta estudios de bases y de la proyección de la propuesta que realizó el gobierno”, subrayó Baldiviezo. Desde el año 1996 que los gobiernos han incumplido con el mandato constitucional de sancionar un Código Ambiental para la ciudad.

Luego de estas audiencias, comenzará el proceso de lograr una sanción en segunda lectura. “Si la legislatura desoye esto, continuaría con los tramites de tratamiento de estos códigos en las comisiones y luego un tratamiento en el recito para la votación”, anunció Baldiviezo.

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