20/11/2018 Leve suba

Argentina subió 5 lugares en ranking mundial de justicia

La organización World Justice Project lanzó su “Índice de Estado de Derecho 2017-2018”. Mientras tanto, organizaciones civiles presentaron un acuerdo por el acceso a la justicia.

La organización internacional World Justice Project (WJP) presentó su “Índice de Estado de Derecho 2017-2018”, el cual ubica a la Argentina en el puesto 46, mostrando un leve ascenso en relación a la última marca obtenida.

El ranking es una evaluación que se realizó sobre 113 países en el cual se asignaron puntajes sobre ocho factores distintos: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Argentina escaló 5 posiciones pero sin embargo se encuentra lejos de los mejores países de América Latina: Uruguay es el mejor de la región, ubicado en el puesto 22 del ranking mundial y con una muy buena visión del respeto por el Estado de derecho. En este apartado, argentina está 12 sobre 30 países de la región.

El dato positivo que rescatan desde el gobierno nacional es que solamente doce países tuvieron una mejoría en esta evaluación: Argentina, Botsuana, Croacia, Dinamarca (líder del ranking), España, Estonia, Francia, Ghana, Japón, Jordania, Noruega y Portugal.

Por otro lado, cabe destacar que las mejoras pasan solamente por dos de los ocho rubros que son evaluados: límites al poder gubernamental -mecanismos constitucionales e institucionales que obligan a los funcionarios a rendir cuentas- y gobierno abierto, este último el que mejor percepción y crecimiento ha tenido. La única caída que registra Argentina en este período es en materia de Orden y Seguridad.

Dentro del ranking de justicia civil (evalúa si las personas pueden resolver sus quejas de forma pacífica y efectiva a través del sistema), Argentina está en el puesto 43; y en el de justicia penal (examen que considera a la policía, defensores, fiscales, jueces y personal penitenciario), se ubica 61.

Acerca de esto, la semana pasada se presentó el “Acuerdo por el acceso a la justicia”, una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y referentes de grupos desaventajados, que tiene por objetivo promover una agenda integral de reformas para garantizar un acceso igualitario a la justicia y hacer efectivos los derechos de la población.

El documento incluye iniciativas para garantizar asistencia jurídica accesible y de calidad, mejorar la accesibilidad del Poder Judicial, optimizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, perfeccionar la canalización de reclamos y peticiones en sede administrativa, el empoderamiento jurídico y la participación de la ciudadanía, proteger personas y colectivos especialmente vulnerabilizados, la asignación de presupuesto suficiente, transparente y no discrecional y la producción de información y el monitoreo de las políticas.

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