04/10/2011 Apostillas del Congreso de Junín

Interesante debate sobre las rendiciones de cuentas

Las jornadas dedicadas a la transparencia organizadas por la Universidad del Noroeste de Buenos Aires dejaron varias perlitas. Casi al cierre del encuentro, los presidentes de tres Tribunales de Cuentas (La Pampa, Río Negro y Santa Fe), contaron detalles de su labor, pero el auditor nacional Horacio Pernasetti quiso saber hasta dónde podían llegar los organismos, y allí aparecieron las diferencias: ¿hay que controlar sólo documentos, o averiguar cómo se aplican los fondos públicos?

Durante las jornadas nacionales sobre transparencia, realizadas hace dos semanas en la localidad bonaerense de Junín, se produjo un interesante debate en torno al alcance del control en la gestión pública del que participaron los titulares de tres Tribunales de Cuentas provinciales y un auditor general de la Nación.

El intercambio de ideas surgió luego de las disertaciones de José Roberto Sappa, presidente del Tribunal de Cuentas de La Pampa, Pedro Casariego, de Río Negro y María del Carmen Crescimano, de Santa Fe, que hablaron sobre las características del control en sus provincias.

El primero en exponer fue Sappa, quien luego de afirmar que “rendir cuentas es una forma de combatir la corrupción y dar credibilidad a la gestión del Gobierno”, explicó algunos proyectos que se pusieron en práctica en el Tribunal pampeano. El funcionario contó que en 2003 el organismo comenzó a implementar un sistema de gestión de calidad, mediante la aplicación de normas ISO 9001, y logró esa certificación en mayo de 2006. En ese sentido, adelantó que habrá en La Pampa una auditoría realizada por la propia firma certificadora IRAM, donde se evaluará el sistema implementado por el Tribunal, que, según Sappa, “deberá evidenciar el compromiso con el desarrollo del sistema de gestión de calidad, así como la mejora continua de su eficiencia”.

Al finalizar la exposición de Sappa, siguió el turno de Pedro Casariego, presidente del Tribunal de Cuentas de Río Negro, que utilizó sus primeros minutos para hacer una breve reseña histórica sobre la creación del organismo y sus actuales funciones. Luego, afirmó que en su provincia “las rendiciones de cuentas se presentan en forma mensual ante el Tribunal”, lo que genera un ritmo de aprobación muy activo. Casariego mencionó, además, las revisiones de cuentas que hacen sobre INVAP, la empresa de tecnología de la provincia de Río Negro, donde el organismo controla los estados contables, las contrataciones y su relación con empresas subsidiarias en las que el Estado provincial también tiene participación.

Luego tomó la palabra María del Carmen Crescimano, presidenta del Tribunal de Cuentas de Santa Fe, quien abrió su exposición explicando el ámbito de control de su organismo, que alcanza a la administración pública, centralizada y descentralizada, y a las empresas y sociedades del Estado. Con respecto a las empresas, Crescimano contextualizó los diferentes modos de controlarlas: “Por un lado, están las empresas que no reciben fondos del Estado, a las cuales se las controla a través del balance, mediante una auditoría anual. Luego está el control que se efectúa sobre aquellas firmas que reciben fondos en forma ocasional, que deben rendir cuentas específicas, como si hubiesen recibido un subsidio, y, por último, están las firmas que reciben asistencia financiera en forma permanente, que tienen la obligación de presentar los estados contables en forma trimestral”.   

Tras estas intervenciones, ante un auditorio casi repleto en la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), se dio apertura a la instancia de preguntas y el primero en pedir la palabra fue Horacio Pernasetti, de la Auditoría General de la Nación.

El catamarqueño solicitó “algunos ejemplos de cómo funciona la rendición de cuentas dentro de las jurisdicciones de los Tribunales locales”, e inquirió: “¿Ustedes pueden llegar a toda la información de los gastos?”.

María del Carmen Crescimano fue la primera en responder la pregunta del auditor: “En Santa Fe, trimestralmente las jurisdicciones deben presentar balances de aplicación de fondos, pero obviamente para lo que usted dice, deberíamos hacer un control de gestión. Se controla específicamente en función de los fondos percibidos, cuando se hace el control de las rendiciones de cuentas, solamente se hace el correspondiente a la partida, pero no así dentro de esa partida. A nosotros se nos hace imposible determinar tan finamente ese control”.

Distinta fue la postura de Casariego: “En Río Negro la rendición de cuentas para los entes autárquicos es mensual, cada organismo remite al Tribunal el expediente madre que dice qué es lo que gastó durante ese mes, con especificaciones concretas de las partidas a las que pertenece cada gasto y de qué se trata. Nosotros tenemos un sistema de muestreo que determina que, en toda erogación superior a 15 mil pesos, necesariamente tiene que ser pedido el expediente para ser revisado y, por vía de otro sistema de muestreo, se toman algunos otros valores también, como para controlar la mayor cantidad de aspectos posibles. Sabemos con qué fin salio la partida y verificamos el expediente directamente, vale decir hasta el último instante de la compra”, y continuó: “La rendición de cuentas es una rendición documental, en nuestro caso tenemos una Dirección de Auditoría con facultades de auditar cualquier lugar del Estado respecto de este tipo de controles. De hecho, hemos auditado cuestiones que en los papeles estaban bien y que luego determinamos que habían sido operaciones casi delictivas, sobre todo en materia de obra pública”.

Luego llegó la respuesta de Sappa, quien tomó una tercera postura y comentó que “en La Pampa se hace un control de rendición de cuentas diarias y por lo tanto es mucho más exhaustivo”. Además, apartándose de la postura de su par santafecina, opinó que el control del gasto no es solamente verificar la documentación y explicó que en su provincia se aprueban los juicios de cuenta cuando se presentan las facturas de compras que acrediten los detalles del gasto de fondos públicos. “Eso no creo que sea control de gestión, no se está controlando mérito o conveniencia, (sino que) se buscando el control de legalidad”, completó.

Ante esta respuesta, Crescimano explicó: “Yo decía control de gestión porque es ver si el gasto se aplicó a lo que la política pública lo asignó, ver si la gestión para la cual se había aplicado ese gasto, se desarrolló. Eso se determina mas allá de la legalidad, es la cuestión para la cual había sido designado el gasto”.

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