08/01/2019 Por unanimidad

AGCBA firmó un protocolo contra la violencia de género

Con el objetivo de prevenir y resolver esta problemática dentro de la institución, la Auditoria Porteña aprobó el texto confeccionado por las trabajadoras que contó con el apoyo del personal y de los gremios.

Antes de que termine el año y luego de la aprobación de la “Ley Micaela”, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad un protocolo para casos de violencia de género dentro de la institución. Esto sucedió en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo y de esta forma, se convirtió en el primer organismo de la ciudad en contar con esta herramienta. La propuesta fue acompañada por la Presidenta del organismo, Cecilia Segura y por Mariela Coletta, Auditora General.

La iniciativa surgió del colectivo de trabajadoras del lugar, quienes comenzaron a organizarse desde 2017, a raíz de inquietudes sobre temas de género. “A partir del 8M de 2018 nos reunimos para visibilizar la problemática en el organismo, nos empezamos a juntar y a trabajar varios temas, uno de ellos era el protocolo”, expresaron desde el colectivo.

Si bien otros temas interesaban a este grupo de mujeres, como por ejemplo las licencias, “privilegiamos el trabajo sobre este protocolo para prevenir y sancionar los casos de violencia de género en la institución, porque nos parecía lo más importante y urgente”, explicaron. Esta herramienta establece los pasos a seguir en caso de sufrir algún episodio dentro del órgano de control de la Ciudad.

Este protocolo se podrá aplicar ante cualquier tipo de violencia o discriminación basada en el género, orientación sexual o identidad de género que “tengan por objeto o resultado, excluir, restringir, limitar, degradar, ofender o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, producida a través de cualquier medio de comunicación escrito, audiovisual o digital”, expresa el mismo.

De esta forma, todo el personal que sea víctima, ya sea de planta permanente o contratada, deberá recibir asesoramiento y orientación, además de tener derecho a una licencia con goce de haberes. La Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato será la encargada de recibir las consultas, además de establecer líneas de acción, brindar capacitaciones y realizar charlas. Las consultas serán de carácter confidencial. Luego de este paso, la afectada podrá decidir si realiza la denuncia o solicitar una medida cautelar de protección.

“Abordar una situación de violencia de género implica saber cómo intervenir, entonces recurrimos a un equipo externo especializado, que es quien recibe la denuncia, emite un informe y hace la evaluación de riesgo sobre la denuncia”, aseveraron. Asimismo, se constituyó un equipo de orientación interno para consultas que estará conformado por trabajadoras del organismo, que se elegirán para tales fines.

Para llevar adelante el equipo técnico externo se establecerán convenios con diferentes órganos encargados y especializados en la materia, con el objetivo de analizar cada uno de los casos que se presenten. Luego del análisis, este equipo elaborara un informe que será enviado al Colegio de Auditores, quienes dispondrán de 10 días de corrido para tomar las medidas necesarias.

El Colegio será el encargado de aplicar las sanciones que correspondan según la gravedad de los hechos y los antecedentes de la persona que resultase responsable. Las sanciones pueden ser apercibimientos, rescisión del contrato o la realización de cursos vinculados a la temática.

Según mencionaron desde el colectivo, “de acuerdo a la naturaleza del hecho, resultó necesario establecer un sistema de sanción que no sea solo para el personal de planta permanente, lo cual fue una tarea compleja debido a la cantidad de regímenes laborales diferentes que existen dentro de esta casa”.  

Las y los trabajadores del organismo de control porteño festejaron esta iniciativa. “El recibimiento fue muy bueno, de hecho el núcleo de mujeres del colectivo se amplió. Los tres gremios que acompañaron el proyecto fueron la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de la Legislatura y la Auditoría General de la Ciudad (SILCABA)”, agregaron.

Para la elaboración de esta propuesta, el colectivo de mujeres relevó otros protocolos similares de organismos públicos, donde encontraron que “los más desarrollados son los que poseen algunas universidades”, como los de la Universidad de Buenos Aires o los de las universidades de la provincia. Estos les sirvieron como punto de partida para el trabajo de confección que fue colectivo y horizontal. Según informaron, el próximo paso será trabajar en la brecha salarial que aún persiste en esta institución.

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