12/02/2019 26 de febrero

Nueva audiencia para tratar el aumento del gas

Será para establecer un aumento en la tarifa a partir del próximo invierno. La misma fue solicitada por ENARGAS y ya suma varios rechazos de organizaciones de la sociedad civil.

El próximo 26 de febrero se realizará una audiencia pública para establecer un aumento en la tarifa de gas a partir del próximo invierno. La misma fue solicitada por el Ente Nacional Regulador del Gas y ya suma varios rechazos de organizaciones de la sociedad civil.

La misma será una formalidad para, eventualmente, confirmar los aumentos que tiene previsto el ejecutivo. En el temario se incluye el ajuste de los ingresos de transportistas y distribuidoras según la fórmula prevista en los contratos que se firmaron en 2017 cuando Juan José Aranguren impulsó la revisión tarifaria integral para esas empresas.

Desde el Espacio de Coordinación para las Políticas Públicas, integrado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, convocaron a la ciudadanía a inscribirse en la audiencia para, en forma colectiva y masiva, manifestar su rechazo.

Según le explicaron a este medio, el tarifazo es confiscatorio ya que “estamos ante un escenario dramático de empobrecimiento e incapacidad creciente de importantes sectores de la población para afrontar el pago de tarifas brutales que ponen en peligro el derecho humano de acceso a la energía”.

Para el Espacio, “es urgente el debate sobre el precio del gas natural en la Argentina, cuya contracara es la falta de discusión certera, justa y abierta sobre los costos de producción reales del sistema gasífero. El actual esquema es insostenible por el factor dolarización”. “Este gobierno comenzó a exportar un gas que sobra en verano, pero que podría escasear nuevamente en invierno, y lo hace a valores que están entre los 3.90 y los 4,20 dólares por millón de btu. Estos precios de exportación son más bajos que los que estamos pagando todos nosotros como usuarios”, aseguraron.

El abogado Jonatan Baldiviezo, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, explicó que “tenemos un sistema energético, un mercado de alimentos y un mercado inmobiliario dolarizado o que establece los precios internos de acuerdo a los precios internacionales, mientras el ingreso familiar en pesos va detrás de la inflación y ya no alcanza para afrontar los constantes aumentos de los alquileres, los alimentos y los servicios públicos”.

“Los aumentos proyectados en las tarifas incluso quedarán muy por encima de la inflación que el propio Gobierno estima en alrededor del 23% para el 2019”, sostuvo y agregó que “la política del derrame nunca ha funcionado. Ahora estamos repitiendo la misma historia cíclica de la Argentina. Para atraer inversiones, Cambiemos garantiza la rentabilidad en dólares de las empresas que generan energía mientras la ciudadanía tanto por la inflación como por la devaluación tiene que hacer el sacrificio de pagar los aumentos de las tarifas para garantizar los beneficios en dólares de estas empresas”.

Baldiviezo remarcó que “el costo para acceso a los servicios públicos domiciliarios pasaron de representar un 6% del salario mínimo al 23%.  En Europa se considera que una familia está en situación de pobreza energética si el 10% de sus ingresos es destinado al pago de los servicios públicos. ¿Cuántas familias destinan mucho más en Argentina para afrontar las tarifas?”.

“Las familias viven la incertidumbre y la angustia diaria por no tener los recursos económicos para comprar alimentos, pagar el alquiler, las expensas o abonar los servicios. Para esto se endeuda con las tarjetas de crédito a intereses usureros. Parece que semejante penuria no es suficiente, las concesionarias de distribución de energía están amenazando a las familias con incorporarlas en el veraz por sus deudas”, indicó. “No sólo se contentan con cortarles el servicio sino también con perjudicar el crédito de las familias. La animosidad del mercado energético que se siente poderoso por el aval del Estado Nacional que no pone ningún límite”, añadió.

Como conclusión, Baldiviezo sostuvo que “el objetivo principal es frenar el tarifazo pero también vamos por una reforma institucional que reconozca realmente la Democracia Participativa para romper con la ajenidad de la clase política a las necesidades de la población, para que no estemos constantemente pidiendo respuestas a nuestros representantes para no ser escuchados”.

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