12/03/2019 Tucumán

Un ex funcionario deberá pagar 800 mil pesos de multa

El Tribunal de Cuentas sancionó a Rafael Pirlo, ex subinterventor del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual. La investigación data de 2015, cuando manejaba el sector financiero del organismo y habla de “recibos falseados”.

Tras un fallo del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán, el ex funcionario Rafael Pirlo deberá devolver al Estado $ 820.260 en concepto de multa. La investigación comenzó en 2015 cuando el ex subinterventor del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) estaba a cargo del Servicio Administrativo Financiero.

El Acuerdo N° 501, firmado el 8 de febrero por las autoridades del Tribunal de Cuentas declaró patrimonialmente responsable a Pirlo por la falta de regularización de un comprobante de observación. Así, le formularon un cargo fiscal y se detalla que el "monto que deberá ser actualizado hasta la fecha de su efectivo pago". Además, enviaron las actuaciones al Departamento Judicial para que ejecute la cobranza.

En abril de 2017, el Tribunal de Cuentas abrió un sumario contra Pirlo por supuestas facturas “truchas” a nombre de cuatro empresas. Para ese momento, el funcionario en cuestión ya no estaba en el cargo, ya que había renunciado en octubre de 2016 luego de varias observaciones en sus tareas.

Lo que en ese momento llamó la atención de los contadores fiscales no había sido precisamente el saldo pendiente, sino que esas facturas realizadas eran “desconocidas por los proveedores”. Entre las empresas a las que se les habría falseado la confección de facturas, figuran “Tu Librería”, “Transportes Chávez”, “Transportes Adela” y “Transportes El Nene”.

Una vez generado el sumario contra Pirlo, el ex funcionario tuvo una instancia para responder las inquietudes del ente de control. Sin embargo, el Tribunal rechazó sus réplicas. "Las consideraciones formuladas resultan absolutamente inidóneas técnicas y jurídicamente”, entendió el máximo organismo de control tucumano. “Está fehacientemente determinada la obligación del imputado de rendir cuentas de las operaciones detalladas, como asimismo la no regularización de ésta durante todo el desarrollo de los procedimientos aludidos, habiéndose intimado, citado a comparecer, y ofrecer pruebas, todo esto último con resultado negativo", se lee en el fallo.

El último intento de Pirlo por dilatar el asunto fue pedir una pericia caligráfica, pero desde el Tribunal, enseguida aseguraron que la solicitud resultaba “sin incidencia alguna en la decisión de fondo” y que el juicio está “debidamente acreditado ya que no se regularizó la rendición de cuentas”.

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