01/11/2011 Informe especial

A dos años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

La norma oscila entre medidas cautelares y marchas de apoyo. Mientras tanto, el ente que reemplazó al COMFER recorre el país brindando cursos para crear medios populares y licita 220 nuevos canales de televisión sin tener su directorio completo.

Dos años han pasado y mucha fue el agua que fluyó debajo del puente. Entre medidas cautelares y marchas en apoyo, surgió un debate que aún continúa vigente. Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº 26.522), sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009, se derogó la antigua Ley de Radiodifusión (Nº 22.285) de la última dictadura militar. La “Ley de la democracia”, o “Ley de medios K”, tal como la apodaron distintos sectores, establece la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), no sólo para suceder al viejo Comité Federal de Radiodifusión (COMFER. Ver “Espejo de diferencias”), sino, y sobre todas las cosas, para bregar por la plena aplicación de la 26.522.

La Autoridad inició sus actividades el 10 de diciembre de 2009, según lo estableció el decreto presidencial 1525 de ese año. El organismo tiene como función actualizar las normas técnicas que regulan la actividad, otorgar habilitación y aprobar el inicio de las transmisiones regulares de las estaciones de radiodifusión, desalentando siempre las prácticas monopólicas y, además, representar internacionalmente a la Nación en la elaboración y negociación de tratados, acuerdos o convenios.  

Tal como detalla la Ley, en el Artículo 13, la conducción de la AFSCA debe estar ejercida por un directorio integrado por siete miembros: un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo Nacional; tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual como representación de la primera, segunda y tercera minoría; y dos directores propuestos por Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Ver aparte), uno de los cuales debe ser académico de las carreras de Ciencias de la Información, Ciencias de la Comunicación o Periodismo de universidades nacionales.

Busso confirmó que el directorio “aún no está completo” ya que falta la representación de la segunda y tercera minoría: “Tenía que haberse nombrado en diciembre de 2009, pero en ese momento las minorías eran el Radicalismo y el Peronismo Federal quienes se negaron a participar del organismo”.  En la actualidad la conducción del AFSCA está a cargo de Gabriel Mariotto, quien se desempeñó como interventor del COMFER y en estas elecciones es candidato a vicegobernador bonaerense por el Frente para la Victoria (FPV). Además, completan el directorio, Manuel Baladron, Jorge Capitanich (quien acaba de ser reelecto gobernador de la provincia de Chaco con el 66,56% de los votos), Eduardo Seminara y Claudio Schifer, quien fue seleccionado para ocupar ese cargo por el FPV. “Los dos lugares que quedan por designar son responsabilidad del Congreso”, recalcó el funcionario.

El AFSCA tiene poder sancionatorio que “puede ir desde un llamado de atención hasta la caducidad de la licencia, cuando se repitan faltas graves por parte del operador. Ya se están aplicando sanciones que por ahora no han llegado a la caducidad, pero esa es una posibilidad”, expresó a gestiónpublica.info el presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, Néstor Busso, cuya principal misión es colaborar con el AFSCA y brindar asesoramiento en materia de política pública de radiodifusión.  

Concursos. Una de las principales acciones que encara el AFSCA es el llamado a concurso para la adquisición de licencias por parte del sector privado comercial o sin fines de lucro. “Los criterios para la elaboración de bases y condiciones fueron elaborados por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. En este momento, hay un llamado a 220 canales de televisión, de los cuales la mitad serían para el sector comercial y los otros 110 para el sector no comercial”, explicó Busso, quien recalcó además que este llamado “se ha postergado por la suspensión del articulo 30, por parte del juez Carbone (Edmundo, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº1), que impide hacer trámites relacionados con cooperativas de servicios públicos. Como eso ponía algunas dudas sobre la realización de los concursos, el AFSCA dispuso esa postergación”. Este mismo juez es quien mantiene la medida cautelar que suspende la aplicación del Artículo 161 que estipula el plazo de un año para que los actuales prestadores de servicios se adecuen a la nueva normativa. El funcionario consideró la medida como “absurda” ya que pretende requerir de “tres o cuatro años para discutir si un año es un plazo adecuado para ajustarse a ella”.

La Ley. Tras debatir por un año la propuesta basada en los 21 puntos impulsados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en agosto del 2009 el proyecto de Ley que reemplazó, luego de veinte horas de tratamiento legislativo, a la Ley de Radiodifusión.

Hoy la 26.522 está plenamente vigente. “Así lo ha ratificado la Corte Suprema de Justicia”, aseguró Busso. Incluso, señaló, que “los jueces no tienen facultades para suspender la aplicación de la Ley en términos generales y que los diputados no pueden ir a reclamarle a la justicia cuando pierden una votación en el Congreso”.

A cinco días de abrirse los comicios presidenciales de este domingo, el funcionario reflexionó qué pasará luego de las elecciones: “Se va a poder avanzar en destrabar estas cuestiones. Su plena aplicación implica un profundo cambio cultural, es un proceso que va a ser largo pues significa la construcción de un modelo de comunicación plural, diverso donde se escuchen todas las voces”. Además, recalcó como “necesario” que se reserven el 33% de las frecuencias al sector sin fines de lucro: “Es preciso fortalecer y llenar de contenido a los medios públicos, que no son sólo del Estado Nacional, sino de las provincias, de los municipios, de las universidades y de los pueblos originarios”.

Espejo de diferencias. El antiguo COMFER, creado en 1980, estaba compuesto por un directorio integrado por un miembro de cada una de las tres fuerzas armadas, un representante de la SIDE, otro de la Secretaría de Comunicaciones y dos vinculados a los empresarios de la televisión y de la radio. Con la recuperación de la democracia el Comité estuvo intervenido. Según Busso, la diferencia entre el organismo y su predecesor es “abismal”: “Se pasó de la práctica de un sólo interventor seleccionado por el Poder Ejecutivo Nacional, a un organismo colegiado de siete miembros, de los cuales sólo tres pertenecen al oficialismo”. 

Cursos y talleres para la comunicación popular

Cómo poner en marcha una emisora popular

Organizados por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), durante todo el año pasado y la mitad del corriente, se realizaron 16 cursos y talleres sobre “Comunicación Popular” (gratuitos y abiertos al público general), que abarcaron aspectos teóricos y prácticos sobre “cómo planificar y gestionar un medio popular de comunicación”.

“Los resultaron fueron ampliamente positivos y las repercusiones muy buenas”, confirmó a gestionpublica.info el director nacional de Supervisión y Evaluación de la AFSCA, Gustavo Bulla, aunque también adelantó que en lo que resta de 2011, por el momento, no se realizarán más talleres. Igualmente, admitió que aún les quedan muchos lugares pendientes por visitar, como Misiones y Rosario, de donde ya recibieron invitaciones que probablemente se concreten el año que viene.

Bulla destacó también la gran convocatoria que tuvieron y aseguró que en algunos lugares (estuvieron en Capital Federal, La Plata, Córdoba, Lujan, Mendoza, Tucumán, Jujuy, Salta, San Juan, Entre Ríos, entre otros), llegaron a tener una concurrencia de 500 personas. Respecto a la modalidad de los cursos, explicó: “Fueron jornadas de dos días de trabajo, donde primero explicamos y damos información sobre los distintos aspectos de la legislación vigente, y luego brindamos un taller en el cual se divide a los participantes en tres tipos de proyectos de medios (radio, TV o productora de contenidos audiovisuales), y se hace un simulacro de formulación de un proyecto, que en algunos casos puede llegar a convertirse en un medio”.

Según mencionó Bulla, esta forma de plantear los cursos, “obligó a las personas a tener una dimensión un poco más cercana de la complejidad que significa pensar un medio de comunicación”, ya que según consideró, “la posibilidad jurídica que brinda la Ley es un plafón necesario, pero no suficiente”. Con esto se refirió a que se puede acceder, a partir de la nueva legislación, a determinadas licencias, pero después depende de cada uno hacer programaciones sustentables, no sólo desde el punto de vista económico, sino que sean atractivas para la audiencia.

Gustavo Bulla aseguró que uno de los aspectos que más   curiosidad despertó entre los asistentes, fue saber “cómo el Estado iba a apoyar financieramente sus proyectos”. “Nosotros les decíamos que se los va a apoyar de distintas maneras, pero a la vez aclaramos que no se puede pensar en un medio que dependa exclusivamente del dinero que reciba del Estado, porque entonces el proyecto no tiene viabilidad ni inserción social”, explicó. Teniendo en cuenta estas inquietudes, en los cursos también se brindaron herramientas sobre cómo generar un proyecto sustentable en el tiempo.

Por otro lado, el director nacional de Supervisión y Evaluación de la AFSCA, señaló que se encontraron varias con particularidades en su recorrida: “En el Norte apareció la problemática de los pueblos originarios con mucha fuerza”, ejemplificó Bulla, y reconoció que eso significó también un gran aprendizaje para ellos. “Uno conoce más profundamente el país”, afirmó.

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