12/12/2011 El último paso institucional para que una norma entre en vigencia

Leyes sin reglamentar en Buenos Aires: ¿una forma de veto encubierto sin costo político?

Una diputada porteña, Diana Maffía, investigó la problemática y observó que hay cerca de 400 leyes aprobadas por la Legislatura pero que no pueden aplicarse, porque el Ejecutivo no dispone el “cómo”. No es un fenómeno sólo de esta administración. Dos propuestas: imponer un plazo de 180 días para la reglamentación, y habilitar el mecanismo de Hábeas Norma, que le permita al ciudadano reclamar mediante amparos el cese del eventual perjuicio.

La sanción de una ley es un proceso complejo en el que interviene no sólo el Poder Legislativo, sino también el Ejecutivo, que tiene la facultad de promulgar o de vetar total o parcialmente la norma, tal como lo estipula, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los artículos 85 y 86 de la Constitución porteña. Sin embargo, a raíz de una investigación que emprendió la legisladora por la Coalición Cívica, Diana Maffía, se constató que desde la jefatura de Gobierno se estaba llevando adelante otra modalidad: “A partir de distintos proyectos, comencé a notar que se tardaba muchísimo en reglamentar una ley, y que se aplicaban políticas que no tenían que ver con lo que se votaba en la Legislatura. Así que me puse a investigar qué pasaba con la reglamentación de leyes y detecté que había casi 400 sin reglamentar”, expresó Maffía.

En 2009 se realizaron las jornadas Leyes sin reglamentar: ¿Otra forma de veto? en la cual participaron, aparte de Maffía, los abogados constitucionalistas Daniel Sabsay y Marcelo Alegre, y los diputados nacionales Alicia Comelli y Samuel Cabanchik. En el informe previo a ese encuentro se expresa que “la falta de reglamentación constituye una violación a los principios de la Constitución de la Ciudad”, que en su artículo 10 plantea que “los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de la reglamentación”.

Tal como detalló ese informe, dos tercios de las leyes dictadas en la Ciudad de Buenos Aires no estaban reglamentadas por el Poder Ejecutivo, algunas de las cuales “son fundamentales para el ejercicio efectivo de derechos inalienables de los/as vecinos/as” porteños.

Este escrito se actualizó al año siguiente, porque “circuló un informe anónimo del Ejecutivo que decía que lo que yo había hecho era mentira, que la cantidad de leyes no era esa, basándose en las fuentes que sirven para ver en qué estados están las leyes”. En el trabajo emitido en 2009 se tomó exclusivamente la información encontrada en la Dirección General Centro Documental de Información y Archivo Legislativo (CEDOM). 

En agosto del 2010, fecha en que se publicó un segundo relevamiento sobre la temática, se tomaron en cuenta tanto los datos del CEDOM, como del Sistema de Información Normativa del Gobierno de la Ciudad. Hasta ese momento se encontraban vigentes 3255 leyes, de las cuales el 12% (396 leyes) aún no se habían reglamentado.

“El problema de la no reglamentación de normas es que el Ejecutivo hace lo que quiere. Como no está reglamentada, no se aplica como el Legislativo lo previó y al no estar vetada, no se puede insistir para que se aplique. Se la deja en ese estado de ‘existe y no existe’. Por lo tanto, no hay recursos económicos, no lo tratamos en presupuestos”, expresó la legisladora porteña quien calificó a esta inacción como “una falla republicana” que se aplica para “evitar costo político del veto”.

“Es fácil notar cuando hay una mala praxis, pero es difícil dar cuenta cuando se trata de una omisión. En las jornadas (de 2009) se hablaba de otra forma de veto, pero lo que quedó claro allí fue que (la no reglamentación) era peor que el veto, ya que cuando se veta la Legislatura puede insistir. Cuando no se reglamenta, el Ejecutivo no hizo lo que tenía que hacer, y queda todo en una situación de limbo donde no se puede reclamar”, puntualizó la diputada porteña por la Coalición Cívica.

Maffía aclaró que el problema no es únicamente de la actual administración, “aunque el gobierno de (Mauricio) Macri sea el que más leyes sin reglamentar tiene”: “Hicimos esta investigación desde (Fernando) De la Rúa, el primer Jefe de Gobierno, y todos tuvieron leyes sin reglamentar”. En función de los datos recabados, la diputada sostuvo que se trata de “normas que de ser reglamentadas implican un presupuesto, requieren personal especializado y una determinada acción que muchas veces el Ejecutivo no tiene ganas, por su ideología, de llevar adelante”.

Para paliar esta problemática, Maffía presentó dos proyectos de ley: “Por un lado, una ley de reglamentación de normas, porque no siempre las leyes indican en qué plazo deben reglamentarse. Entonces, en ausencia de una explicitación, debería correr un término de 180 días para que se efectúe; por el otro, es una ley de Habeas Norma, que implica que si una persona se ve perjudicada por la falta de reglamentación de una ley que ya ha sido sancionada, pueda presentar una medida de amparo ante la Justicia y que un juez ordene resolver rápidamente la reglamentación para que cese el perjuicio sobre ese ciudadano”.

Sin embargo, estos proyectos jamás fueron tratados en la Legislatura, “estuvieron en una Comisión donde el PRO manda a dormir las leyes y perdieron estado parlamentario el 10 de diciembre”.

Consecuencias

Ya fueron varios los derrumbes que se produjeron en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires. El último, en pleno centro, le costó la vida a Isidoro Madueñas quien, por su discapacidad auditiva, no oyó los gritos de evacuación. A raíz de estos casos, se detectó hace ya un año que no había inspecciones en la etapa de pozo de las construcciones.

“Para solucionar eso se hizo una ley donde se indicó que debía haber dos inspecciones en la etapa del pozo para que se comprobara que se estaban siguiendo las medidas de precaución necesaria para no producir daños en edificios linderos. Pero el Ejecutivo no la reglamentó”, sostuvo Maffía quien agregó: “Cuando hay víctimas fatales, como en este caso, se ve mejor la imprudencia y la falta de compromiso. Acá hubo la displicencia de no reglamentar la ley”.

Por otra parte, durante la experiencia Escuela de Vecinos, impulsada por la Fundación Éforo –de la que ya diera cuenta este medio-, los participantes (alumnos secundarios de escuelas públicas y privadas) detectaron que hay dos leyes, relacionadas con la alimentación y la estética, que no están reglamentadas y, por lo tanto, no se aplican: una es la de Kioscos Saludables en Colegios y la otra, es la Ley de Talles.

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