20/12/2011 El ejemplo de España y EE.UU.

El rol de los organismos de control ante una crisis económica

La crisis económica mundial dejó como saldo un notorio incremento de los índices de desempleo. La falta de oportunidades y el rechazo a las políticas de ajuste que se aplican por estos días en Estados Unidos y varios países de Europa, son el fundamento de las críticas de los autodenominados“indignados”.

Desde la explosión de la llamada “burbuja financiera”, en la segunda mitad de 2008, hasta la actualidad, el mundo no ha encontrado un instante de estabilidad económica: cierre de entidades financieras, bancos y empresas, subas en los índices de desocupación, personas –muchas- que pierden sus casas, balances en rojo, números que caen tan estrepitosamente que arrastran consigo gobiernos legítimamente electos. En definitiva, un combo de hechos que han provocado, entre otras cosas, la aparición en el espacio público de multitudes descontentas con los panoramas que viven en sus países, y que se han dado en llamar “indignados”.

Entre las críticas que hacen los indignados de varias latitudes se destacan la falta de oportunidades y el rechazo a las políticas de achicamiento que aplican sus Estados. “Pero en España, por ejemplo, no hubo un reclamo hacia los organismos de control, que podríamos haber hecho alguna advertencia sobre la crisis; nosotros no sentimos ninguna presión de la ciudadanía”, dijo Antonio Manuel López Hernández, Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, el equivalente a un Tribunal de Cuentas provincial de la Argentina.

El funcionario dio una conferencia durante un encuentro que se realizó en La Plata, por los 120 años del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. La intervención de López Hernández fue una de las más esperadas, en un Congreso del que también participaron representantes del control público del Brasil, Ecuador, Colombia y México. Y es que aquellas palabras del español no se escucharon como una expresión de alivio, sino como una fuerte autocrítica en relación al rol que jugó su organismo en la profunda crisis que vive la península en particular, y Europa en general.

En charla con gestionpublica.info, López Hernández amplió la idea:

-¿Cómo se puede acercar al pueblo español la labor de sus organismos de control?

-Creo que hay que emprender una doble tarea. De parte de los organismos, tiene que haber una política de acercamiento a los ciudadanos, explicar y comunicar mejor lo que se hace, para que se pueda percibir que el trabajo de los entes de control externo es útil y se pueda tener una idea clara de cuál es el desempeño que están teniendo las administraciones públicas. Eso es clave, los informes de los Tribunales de Cuentas, en esencia, pretenden dar credibilidad, por un lado a la información financiera que suministran las administraciones para que se la crea el ciudadano, y por otro lado, es un elemento que traslada al ciudadano si la gestión pública se está desarrollando de acuerdo a la normativa, si están cumpliéndose los cánones de eficacia y eficiencia; en definitiva, si se está haciendo un uso racional de los recursos públicos. Y si no, establecer un mecanismo de alerta y de recomendaciones para que eso pueda ser modificado. Creo que no nos estamos explicando adecuadamente, no somos capaces hasta ahora de llegar a los ciudadanos y sensibilizarlos con el papel que podemos tener. No obstante, para no echarnos toda la culpa a nosotros, hace falta que los ciudadanos puedan tener una mayor y mejor cultura en relación a su papel como un grupo de interés sobre lo que está pasando; deben de requerir que se utilicen mejor los fondos, de una manera más adecuada. Si combinamos esas dos cosas, puede haber una solución.

-¿Qué aporta el control en un momento de crisis?

-Normalmente se piensa en los Tribunales de Cuentas como órganos que pretenden penalizar o poner multas, o sea, desde un aspecto judicial. Eso está, no digo que no, pero creo que el principal papel que deben tener los entes es el de dar recomendaciones, provocar que se generen buenas prácticas en la gestión pública. Entonces, ahí es donde está el reto. Los informes de los Tribunales deben buscar que se cambien los modelos de gestión, que se encuentren mejores prácticas de administración y que se contribuya a un mejor gobierno económico de las administraciones públicas. ¿Cómo?, poniendo de relieve lo que está pasando, y recomendando cómo se pueden mejorar esas situaciones.

EE.UU. y las alarmas encendidas hace más de 15 años

En relación a lo que apuntó López Hernández, valioso es el aporte que brindó un medio colega, www.elauditor.info, al poco tiempo de la explosión de la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos.

El sitio, que “traduce” al lenguaje periodístico los informes de los organismos de control, publicó en octubre de 2008 un resumen sobre un trabajo de la Oficina General de Contabilidad (GAO, por sus siglas en inglés), un equivalente estadounidense de la Auditoría General de la Nación.

Es que en mayo de 1994, la GAO manifestó la “preocupación” al Congreso y a los reguladores federales por “el crecimiento de los ‘derivados’ y su complejidad”, y los riesgos que podían provocar para el sistema financiero, los inversores y los contribuyentes de EE.UU.

Los derivados son contratos creados para reducir las pérdidas en las inversiones, y sus valores están basados, es decir “derivan”, de algún tipo de activo como las acciones, los bonos y los commodities. Estos contratos permiten que las grandes empresas y las financieras asuman riesgos mayores a los que se expondrían comúnmente, por ejemplo, emitiendo hipotecas o deuda empresaria. Como los derivados se comercializan, el riesgo queda limitado pero, al mismo tiempo, aumenta el número de participantes que quedarían expuestos si surgieran problemas.

Más allá de esta explicación, vale decir que los derivados nacieron hace poco más de dos décadas y su crecimiento -considerable- se dio por fuera de la regulación que proponían desde importantes figuras de las finanzas, como George Soros, hasta la propia GAO. Como ejemplo, aquella nota de elauditor.info señalaba que, cuando surgieron los derivados, su incidencia en el mercado era prácticamente insignificante, pero que ya para 2002 el volumen de operaciones ascendía a US$ 106 billones y hasta octubre de 2008, cuando estalló la crisis, los contratos movían unos US$ 531 billones.

Ya en 1994, el organismo de control estadounidense recomendó extender la regulación básica sobre esa parte del mercado financiero, “un gobierno corporativo prudente” para un espacio de negocios sin vigilancia, como el de los derivados, “mejorar la regulación bancaria” de quienes comerciaban los contratos y “aumentar las rendiciones de cuenta para los más importantes usuarios finales de derivados complejos”. Pero no lo hizo sólo hace 17 años: desde aquella alarma hasta octubre de 2008, la GAO dio a conocer 34 informes resaltando los riesgos que la falta de control y regulación sobre el crecimiento de los derivados ocasionaría en el mundo financiero y en el mercado de la vivienda estadounidense. Aparentemente, nadie prestó atención a la advertencia.

Notas relacionadas

“El consumidor desconoce sus derechos"


Las cuentas de la Copa Davis 2014 no cierran


Las cartas sobre la mesa


La moneda imposible


Devaluación, ganadores y perdedores


La (des) inversión de fin de ciclo como política de Estado