19/01/2012 Auditoría General de la Nación

El circuito de un informe

Todo comienza en una planificación: se selecciona el organismo a auditar, se emprende la tarea de fiscalización y se elabora un documento. El Colegio de Auditores deberá aprobarlo, para luego ser tratado en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso Nacional.

El control público es una de las funciones parlamentarias. La Auditoría General de la Nación (AGN) es el organismo que actúa como brazo técnico del Congreso. Para emprender su tarea, realiza tres tipos de planificaciones: la estratégica, que podrá extenderse en más de un ejercicio fiscal e implica la obtención de información del organismo sujeto a control; la anual donde la AGN específica qué áreas de la Administración Pública le interesa auditar (según el riesgo que presenten); y la individual para cada auditoría, que facilitará el avance de las tareas a través de las distintas etapas de la fiscalización.

Las tres planificaciones deberán ser elevadas en primera instancia al Colegio de Auditores y, en el caso de ser aprobado por este cuerpo, se pone a conocimiento de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso. 

Cada plan de auditoría se complementa con un programa de trabajo que incluye relevamientos preliminares, a fin de reunir información acerca de las actividades a auditar. Este programa podrá ser modificado durante el transcurso de la tarea.

Una vez seleccionado el organismo a auditar, los jefes de cada auditoría coordinan la tarea del equipo multidisciplinario que, a través de sus herramientas, comienzan a recolectar las evidencias.

Con las pruebas ya reunidas y cotejadas, el trabajo concluye con la elaboración del informe. Una vez elaborado, este documento se envía al órgano auditado para que haga su descargo.

La Auditoria toma esa información y completa el informe. Tras la aprobación del Colegio de Auditores, es elevado a la Comisión Mixta Revisora de Cuenta del Congreso donde los legisladores de ambas cámaras lo tratan y emiten una resolución, que en el 99% de los casos son pedidos de informes al auditado sobre el motivo de la irregularidad.

Esta comisión parlamentaria tiene la facultad de solicitar sumarios a los funcionarios que han producido la falta, y, en caso de que el dolo sea importante, se agrega un artículo para que el informe sea enviado a la Oficina Anticorrupción, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas o, incluso, a la Justicia si existiera alguna causa pendiente con ese tema.

Notas relacionadas

Buscan modificar la Ley de Ética antes de las elecciones


12 años después avanza la figura del Defensor de la Niñez


“Cuánto más claro sea todo, más fácil será controlar”


Recompensa para quienes denuncien hechos de corrupción


“Los fondos de La Rioja son el secreto mejor guardado”


Digitalización en la AGN: Optimismo y un control eficaz