15/02/2012 Columnista Invitado

Ciudadanos controlando al Estado: ¿compramos un buzón?

*Por Gerardo Sanchís Muñoz Ante los crecientes problemas del Estado como prestador y como garante de la ética pública, los años noventa instalaron la idea genial: ¡Que al Estado lo controle el ciudadano! Aunque un poco obvia, parecía la solución tan esperada hace años al problema de la responsabilidad difusa del Estado, a su dificultad para rendir cuentas, que sintetiza muy bien la lengua de Shakespeare en un solo término: la “accountability”.

Rápidamente nació el mito. En el imaginario popular se afianzó la idea de una epopeya de ciudadanos rasos, olvidados, cuando no maltratados por el Estado, invadiendo con coraje y determinación cada uno de sus rincones, exigiendo información y revisando cuentas, haciendo evidente la ineficiencia, y detectando la corrupción…

En este ambiente de gesta cívica, nacieron las innumerables iniciativas de “control” y “participación ciudadana”, de “transparencia”, de “publicidad de los actos públicos”, que convergieron con la gran novedad de los noventa: la explosión de Internet: ahora toda actividad pública, como las compras, licitaciones, adjudicaciones, podía subirse a la red y ser controlada por los ciudadanos, cómodamente, desde sus casas!

Hoy, con el beneficio de la perspectiva, y los magros por no decir nulos resultados obtenidos con estas iniciativas, podríamos aprovechar para “bajarnos del pony” de esta quimera del control ciudadano.

La cruda realidad es que el Estado es, y siempre ha sido, demasiado complejo para ser controlado por individuos no especializados. Por algo en todo el mundo los Estados son fiscalizados por organismos ad-hoc, profesionalizados y estructurados. Es parte de la lógica misma de la burocracia, el ser controlado por otro que es a su vez controlado por otro más, que a su vez tiene algún tipo de control externo. Es ingenuo, por no decir infantil, pensar que porque se obliga a una agencia a publicar en línea sus licitaciones, los “ciudadanos” van a poder detectar posibles anomalías, cuando le bastaría al burócrata inundar la página con miles de transacciones, omitiendo las dos o tres claves, imposibles de descubrir por alguien no especializado.

De ninguna manera queremos afirmar que el ciudadano no tiene un rol en cuidar su patrimonio público, ni tampoco que no haya sido un gran avance empezar a brindar información pública por Internet. Sin embargo, nuestro principal rol como “controladores” es ser usuarios, beneficiarios y clientes del sector público mucho más severos, y dejar el conformismo y la comodidad exigiendo calidad y oportunidad en los servicios, y siguiendo nuestras quejas hasta al final.

Y en segundo lugar, empezar a tener conciencia que en el núcleo de la integridad y calidad del Estado está la idoneidad de cada agente. Ningún control puede compensar una cadena de funcionarios que no tienen ni la integridad, ni la vocación, ni la capacidad para ser funcionarios.

En los países avanzados, se controla más que nada, y con severidad, quién entra al Estado y qué idoneidad detenta. Luego, el control, aunque nunca debe descartarse, es mucho menos necesario, porque el sistema de nombramientos busca asegurar confiabilidad. En nuestros sectores públicos, para comprar un bien insignificante, como por ejemplo una abrochadora, se arman expedientes y controles de la altura del Obelisco. En contraste, para nombrar funcionarios, acto crucial si los hay, basta un simple llamado de teléfono, e ingresan como jueces federales o funcionarios de planta, personas casi desconocidas, y directamente “de la calle”.

Es esta la verdadera gesta, la cuenta pendiente de la Argentina del nuevo siglo: regresar al Estado idóneo, profesional e imparcial, donde imperan los concursos, el sistema de mérito y no el favoritismo sistemático. Si todo ingreso se hace “a dedo”, violando la Constitución, estos mal llamados funcionarios públicos no responderán ni a las leyes ni al público, sino, ciegamente, a su padrino político.  Es absurdo así esperar que el “ciudadano” pueda exigir cuentas. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, tiene el control externo de la Auditoria General de la Nación dependiente del Congreso. Un sistema perfecto, salvo que los auditores no son nombrados por idoneidad sino por cupo político, algo visto como normal y aceptado por toda la sociedad. Otro absurdo: ¿cómo exigir control en un régimen totalmente politizado?

El Estado politizado se “vende” en general como una gesta de militancia y de reivindicación social. Es otro gran engaño. El Estado que no se mueve por los principios, las normas y regulaciones, y sí por la política, se mueve con el poder, porque el poder es el motor de la política. Y el poder siempre estás cerca de los que más tienen, y así el Estado politizado siempre favorece al poderoso, violando los derechos de los ciudadanos “rasos”.

La iniciativa sensata de control ciudadano no sería exigir publicidad de actos por Internet, sino que se vaya  limitando el sistema de padrinazgo, caldo de cultivo de un Estado injusto, descontrolado, y finalmente incontrolable.

* Egresado de la Ecole Nationale D’Administration (ENA) de Francia. Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Económicas -UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA.

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