14/03/2012 Entrevista

Ley de Acceso a la Información Pública: un debate congelado en Diputados

Aunque ya cuenta con media sanción del Senado, el proyecto no logra ser tratado en la Cámara Baja. Argentina, junto a Bolivia, Cuba, Venezuela, Paraguay y Costa Rica, son los únicos países de América Latina que no tienen una normativa que transparente el funcionamiento del Estado.

Gestiónpublica.info dialogó con Renzo Lavin, coordinador del programa de fortalecimiento institucional de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), quién en conjunto con miembros de otras organizaciones civiles viene luchando desde el 2001 para que no se dilate más la aprobación de la Ley.

¿Cómo surge el reclamo por la Ley de Acceso a la Información Pública?

Notamos que en la sociedad había un reclamo muy fuerte para transparentar el funcionamiento del Estado, y es por esto que venimos trabajando sobre este tema desde hace una década. Desde hace unos años, formamos parte de una campaña denominada Saber es un Derecho junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas  para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Directorio Legislativo, la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer(FEIM) y Poder Ciudadano.

Durante este tiempo hubo distintos proyectos de ley, ¿cómo fueron tratados?

Hubo un proceso que se inició en el 2001 con un proyecto que fue archivado en el 2005 con media sanción del Senado. El segundo proceso se dio en el 2009 con una carrera entre las cámaras de Diputados y Senadores. Finalmente, ganó el Senado y aprobó el proyecto en octubre de 2010. La norma que estaba en tratamiento la impulsó el Senador (Rubén) Giustiniani (Frente Progresista Cívico y Social), pero se unificó con otros proyectos. En la actualidad, hay alrededor de 25 iniciativas presentadas entre ambas cámaras. El proyecto que había llegado cumplía con los estándares mínimos internacionales, seguía los lineamientos de la ley modelo de la OEA (sobre la que se basaron la mayoría de las leyes en Latinoamérica). Había algunos puntos perfectibles, por ejemplo el tema de la autoridad de aplicación ya que planteaba que existan 3 organismos, uno para cada poder del Estado. Aún está en discusión si este es el mejor modelo a seguir. Finalmente en el 2011 este proyecto no se trató, incluso hicimos un intento en las sesiones extraordinarias, pero no tuvimos éxito.

¿En qué contribuyó el decreto de Acceso a la Información Pública (1172/03) que sancionó el ex presidente Néstor Kirchner en el año 2003?

En su momento fue un avance muy importante, pero hoy ha mostrado sus limitaciones y hay grandes obstáculos para lograr que se cumpla efectivamente. En primer lugar, sólo es para el Poder Ejecutivo nacional, por lo que deja afuera a los otros poderes del Estado. Otra de las falencias más grandes es que no hay una autoridad de aplicación, es decir, un órgano que esté encargado de diseñar y promover una política pública de transparencia y de acceso a la información. Como resultado de esto, no hay protocolos de cumplimiento, capacitación para funcionarios, ni consecuencias por el incumplimiento.

¿Qué antecedentes internacionales existen ?

En los últimos 10 años en Latinoamérica hubo un avance en la sanción de leyes de Acceso a la Información. El último país en sancionar una ley de estas características fue Brasil. Los únicos países de América Latina que no tienen una norma similar son Argentina, Bolivia, Cuba, Venezuela, Paraguay y Costa Rica. México sacó su legislación en el año 2002 con un órgano de aplicación muy interesante que es el Instituto Federal de Acceso a la Información que ha sido un faro en la región sobre este tema.

¿Esto no impulsó a nuestro país a promover la Ley?

Tenemos entendido que el gobierno quiere sumarse a una iniciativa que está promoviendo Brasil junto con Estados Unidos que se llama Iniciativas de Gobiernos Abiertos. Se han sumado muchos países a un plan voluntario que se comprometen a impulsar dentro de sus países políticas de transparencia y de gobierno abierto, pero para incluirse Argentina necesita contar con una ley de acceso a la información.

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