25/04/2012 El proyecto ya tiene media sanción del Senado

Acceso a la Información Pública: a la espera de Diputados

El incremento de la dieta de los legisladores nacionales reactivó el tema. Diversas ONG llevan 11 años reclamando una normativa que transparente el funcionamiento del Estado.

El Acceso a la Información Pública es un derecho humano. Cualquier ciudadano puede sentir curiosidad en saber qué gastos emite el Estado nacional, o cuánto cobra un funcionario. Sin embargo, las trabas burocráticas suelen cooperar para que esa información no se difunda. La polémica desatada por el incremento de un 100% en la dieta de los legisladores nacionales, visibilizó la falta de transparencia de los organismos del Estado y puso de nuevo en el centro de escena los reclamos de varias ONGs que luchan, desde el 2001, por una Ley en la materia.

“Notamos que en la sociedad hay un reclamo muy fuerte para transparentar el funcionamiento del Estado”, comentó a gestionpublica.info Renzo Lavin, coordinador del programa de fortalecimiento institucional de la ACIJ. Esta ONG, junto a otras, emprende una campaña denominada Saber es un Derecho (ver aparte), desde donde se insiste a los cuerpos legislativos para que no se dilate más la aprobación de la normativa.

Para Andrés D´Alessandro, director ejecutivo de FOPEA, “hay un sinfín de información que produce el Estado y no se distribuye, esto es porque no hay un principio de transparencia activa. La Ley implicaría que el Estado de a conocer esa información sin la necesidad que nadie la pida”.

Desde el 2001, se presentaron en el Congreso diversos proyectos de Ley sobre el Acceso a la Información Pública. “El primero de todos fue archivado en el 2005 con media sanción del Senado. El segundo proceso se dio en el 2009 con una carrera entre las cámaras Alta y Baja. Finalmente, ganó el Senado y aprobó el proyecto en octubre de 2010”, recordó Lavin. “En el 2010 la OEA sacó una Ley modelo (sobre la que se basaron la mayoría de las leyes en Latinoamérica) que empujó a la Cámara Alta a dar la media sanción. Luego, la maraña política del 2011 hizo que entremos en un cono de sombra”, añadió D´Alessandro.

“La norma que estaba en tratamiento en el 2010 la impulsó el Senador (Rubén) Giustiniani (Frente Progresista Cívico y Social), pero se unificó con otros proyectos. En la actualidad, hay alrededor de 25 iniciativas en ambas cámaras”, detalló el representante de ACIJ.

Por su parte, el diputado nacional Gerardo Milman (GEN), presentó el año pasado varios pedidos de acceso a la información pública, apelando al decreto 1172. “El Poder Ejecutivo tiene la obligación de informar el salario de los funcionarios Nacionales”, aseguró. Consultado por gestionpublica, confirmó que “aún no obtuvo respuesta desde la Jefatura de Gabinete”.

El ejemplo de la provincia de Catamarca

La provincia de Catamarca puso en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública (Nro 5.336). La normativa, que fue sancionada a mediados de agosto de 2011 por el Congreso provincial, fue reglamentada y publicada el pasado 2 de Marzo en el Boletín Oficial local. El Director Ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Andrés D’alessandro, comentó a gestionpublica.info que “es importante mostrar que si bien a nivel nacional no pasa nada, por lo menos a nivel provincial se está avanzando”.

Desde el organismo que nuclea a periodistas de todo el país, aseguraron que esta Ley provincial “implica un avance significativo para la libertad de expresión, la transparencia del Estado y los derechos de los ciudadanos en democracia”, a la vez que remarcaron que representa “un gran avance en relación al reconocimiento del derecho de los ciudadanos a acceder a la información que está en manos del Estado, sus entidades, empresas y órganos, incluyendo a las empresas privadas que prestan servicios públicos”. “Esta información es importante para poder participar en los asuntos públicos y monitorear si los poderes del Estado funcionan de forma transparente, y buscando satisfacer las necesidades de la población”, agregaron en un comunicado.

Previo a la sanción de la Ley, FOPEA realizó en la ciudad de Catamarca un taller de Acceso a la Información Publica que coordino el jurista y especialista en el tema, Miguel Julio Rodríguez Villafañe y varios socios locales del organismo. Del encuentro, participaron más de 120 personas entre los que se encontraban funcionarios, legisladores y periodistas. “Ese debate fue un impulso para que la Ley, que estaba con media sanción de la Cámara de Diputados provincial, fuera aprobada por el Senado”, señaló Andrés D’alessandro.

“Es importante remarcar una vez más la importancia que el Congreso Nacional sancione durante el presente año legislativo esta norma y de esta manera Argentina pase a integrar la lista de más de 15 países en la región que ya cuenta con este tipo de ley”, remarcaron desde FOPEA. Consultado acerca de la posibilidad de que esta normativa sirva de antecedente para reactivar el tema en las nuevas sesiones legislativas de este año, el director ejecutivo de la entidad, afirmó: “Sinceramente, no tenemos muchas esperanzas, tal como se ha dado la composición de las ambas cámaras”.

Saber es un derecho. Que ahora sea Ley

En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional rige el decreto 1172 (de acceso a la información pública), firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2003. “En su momento fue un avance muy importante, pero hoy ha mostrado sus limitaciones ya que deja afuera a los otros poderes del Estado y no establece una autoridad de aplicación”, opinó Renzo Lavin. Además, “al ser un decreto, queda a discrecionalidad del manejo de Presidencia”, completó.

Según comentó, mundialmente, ya son 100 países los que cuentan con una normativa en la materia. En los últimos 10 años en América Latina hubo un avance en la sanción de leyes de Acceso a la Información. “El último en sancionar una Ley fue Brasil. Los únicos que no tienen una norma similar son Argentina, Bolivia, Cuba, Venezuela, Paraguay y Costa Rica, detalló.

Es por eso, que junto a varias ONG impulsan la campaña por una Ley Nacional “Saber es un derecho” (www.saberesunderecho.org), porque consideran, entre otras cosas, que “una normativa en la materia es importante ya que establecería mecanismos claros para que la ciudadanía pueda reclamar y recibir información que se encuentra en los distintos órganos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y  Poder Judicial”. El documento reúne los estándares mínimos que debería cumplir una futura Ley de acceso al a información.

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