06/06/2012 Por la Cuenca Matanza-Riachuelo

El Juez Armella intimó el Gobierno porteño

Pidió identificar la totalidad del presupuesto asignado al Plan Integral de Saneamiento Ambiental y garantizarle a la Auditoria de la Ciudad el libre acceso a la información administrativo financiera.

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a identificar la totalidad del presupuesto destinado al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y a garantizarle a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) el libre acceso de la información administrativo financiera.

En diálogo con gestionpublica.info, el legislador porteño por Proyecto Sur, Rafael Gentili, denunció que en la Ciudad “no queda claro cuanta plata hay dispuesta para el saneamiento de la cuenca” y añadió que “la subejecución está a la orden del día”.

La medida que impulsa el juez Armella se ajusta a la iniciativa propuesta por la Auditoría General de la Nación (AGN), que plantea que cada jurisdicción sea responsable de auditar su zona. El Tribunal de Cuentas bonaerense firmó recientemente un convenio con la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en donde se compromete a proveer a la AGN informes semestrales en lo que respecta a la Provincia de Buenos Aires. 

Andrés Napoli, director del área de Riachuelo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), calificó a esta política como necesaria. “El año pasado en una audiencia pública el titular de la AGN, Leandro Despouy, dijo que sólo se había podido auditar un 8 por ciento del presupuesto asignado para el saneamiento de la cuenca”, señaló e informó que con esta medida se intenta que exista una “previsión presupuestaria de carácter unificado”

Por su parte, Gentili comentó que le parece “correcto” que los organismos de control establecidos en cada localidad sean los que controlen lo que se hace en sus jurisdicciones respecto al cumplimiento de la ACUMAR. Además, el diputado porteño se refirió al juez federal de Quilmes (Armella) a quien lo describió como “una suerte de emperador impuesto por la justicia” porque sus decisiones nadie las puede discutir.

Tanto Gentili como Napoli, coincidieron en que la vivienda es uno de los problemas más comprometidos que tiene la Ciudad de Buenos Aires respecto al Riachuelo. Si bien el miembro de la FARN aseguró que las obras que lleva a cabo el gobierno porteño para relocalizar a las familias que habitan el camino de sirga “no están atrasadas”, el legislador por Proyecto Sur fustigó que “la ciudad no cumple los plazos en el tema de vivienda”.

Según él diputado, “en julio deberían estar relocalizados los habitantes de la Villa 26. Los terrenos fueron comprados por anteriores gestiones  y no empezaron las obras pese a estar licitadas, adjudicadas”.  Gentinli concluyó que en el gobierno de Mauricio Macri “es una política no cumplir con los plazos”.

Por otro lado, el Juez Armella también intimó a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires a asistir a la Auditoría General de la Nación en la realización del Informe Semestral. Para ello, deberá brindar información acerca del presupuesto total asignado al Plan Integral de Saneamiento Ambiental por el Gobierno porteño y la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachueco (ACUMAR), un listado de las partidas presupuestarias asignadas al mencionado plan, criterios de distribución y nomenclatura, un listado de las obras programadas, estado respectivo y documentación respaldatoria, como así también un listado del personal, grado de calificación y equipamiento con que cuenta el Organismo auditor.

El juez federal de Quilmes, estableció el día 12 de junio como fecha en la que deberán presentarse personalmente el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Francisco Cabrera, y la Presidente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Cecilia Segura Rattagan.

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