06/06/2012 Rechazo al pliego

La ADC impugnó la candidatura a Procurador de Daniel Reposo

Afirman que presenta “escasos antecedentes” con los que no podría ni ser fiscal. Por otro lado, reclaman conocer su postura frente a temas clave de derecho constitucional, el funcionamiento e independencia de la Procuración General y sus planes en materia de política criminal, entre otros.

En un documento difundido en los medios de comunicación, la Asociación por la Defensa de los Derechos Civiles (ADC), impugnó la candidatura de Daniel Reposo para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación, en reemplazo de Esteban Righi. Además, junto con la Asociación Civil Igualdad y Justicia (ACIJ), presentaron un formulario con 45 preguntas sobre diversos temas respecto de los cuales aseguran sería conveniente conocer la opinión del candidato.

La ADC considera que Reposo, titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), presenta “escasos antecedentes” con los que no podría ni llegar a ser fiscal. Según informó la ONG, “es importante conocer su posición sobre temas clave de derecho constitucional, el funcionamiento e independencia de la Procuración General de la Nación, y sus planes en materia de política criminal, entre otros”.

Entre las 45 preguntas formuladas para Reposo, se encuentran:

•¿cuáles fueron las razones por las cuales, durante su gestión en la SIGEN, se dejaron de publicar de manera proactiva en la página web los informes del organismo y se negó la entrega de diversos informes del organismo a ciudadanos y organismos de control que los requirieron?

•Teniendo en cuenta que ha declarado públicamente ser “soldado de Cristina” o un “hombre de la Presidenta y del gobierno nacional” ¿Cómo concibe Ud. la exigencia constitucional respecto a la independencia del Ministerio Público y, a su juicio, qué hechos concretos la colocarían en situación de riesgo?

•¿Qué acciones impulsaría a fin de mejorar los resultados de las investigaciones en casos de corrupción?

•¿Qué acciones emprendería a fin de asegurar la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad? ¿Cuáles son sus prioridades en materia de política criminal?

En síntesis, la ADC considera que Reposo no reúne las calidades exigidas para acceder a un cargo de tamaña envergadura. El análisis de su Currículum Vitae (antes de su modificación del 10/5/12) arroja que el candidato:

•No reúne los antecedentes profesionales, académicos y técnicos requeridos para el cargo de Procurador General de la Nación. Su experiencia laboral y docente específica es tan escasa y poco relevante para el cargo propuesto que de aplicarse los criterios de evaluación del Régimen de Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal sus antecedentes ni siquiera alcanzan para ser fiscal de primera Instancia. Es inadmisible la candidatura de personas que no logren superar este escrutinio.

•Carece de la autonomía e independencia exigidas para ejercer de manera adecuada la jefatura de la Procuración General de la Nación. Su alineamiento público y expreso con la Presidenta de la Nación y su proyecto político es un serio indicio de que el Dr. Reposo no desempeñará el cargo con la independencia debida y exigida por la Constitución Nacional ni que será completa y absolutamente impermeable a instrucciones o directivas provenientes del Poder Ejecutivo.

•No brinda las garantías necesarias de que, bajo su liderazgo, la Procuración General de la Nación y los fiscales a su cargo podrán ejercer adecuadamente sus funciones, con independencia, autonomía y libres de presiones, especialmente en lo relativo a la investigación de delitos de corrupción o que involucren a funcionarios del gobierno.

La ADC sostiene que de confirmarse la designación de Reposo “constituiría un serio retroceso en el proceso de relegitimación Poder Judicial iniciado en 2003 con la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, proceso concebido e implementado durante el gobierno del Presidente Néstor Kirchner”. Por último, informaron que “la postulación de un candidato carente por completo de idoneidad e independencia para uno de los cargos más importantes de nuestro sistema de justicia va a contramano de los esfuerzos realizados por rejerarquizar los estamentos más altos del sector judicial y de nuestro sistema político”.

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