22/06/2012 Columnista invitado

“Sin idoneidad no hay calidad institucional”

*Por Gerardo Sanchis Muñoz ¿Se puede explicar qué es exactamente la Calidad Institucional? Desde el Presidente de la Nación a cada candidato de la oposición; desde el lego al académico, el término se repite y se aprovecha en cada discurso, como una expresión comodín, que representa a muchas cosas diferentes.

El jurista Daniel Sabsay, precursor local en el tema, afirma que la “Calidad Institucional” supone garantizar, al menos, la independencia del Poder Judicial, una Justicia efectiva y oportuna, el correcto rol fiscalizador del Congreso, la vigencia plena de los organismos de contralor, la ejecución ordenada y oportuna del Presupuesto Nacional, la transparencia de los Actos Administrativos, un sistema electoral confiable, y el respeto de los Derechos Humanos.

En efecto, entendemos a la “Calidad Institucional” como un conjunto de condiciones de gobierno, referidas a los más diversos asuntos, funcionando correctamente. Es obvio que en muchos países como el nuestro no se poseen simultáneamente ninguna de esas condiciones en forma aceptable. Debe entonces haber una razón de fondo, sistémica o estructural, que lleve a esta situación. De lo contrario, estaríamos frente a la absurda receta de tipo “lista de supermercado”: basta ir agregando “justicia efectiva”, “independencia judicial”, etc., en nuestro “carrito” de mejoras, y listo. Dicho de otra manera: ¿dónde se compran la justicia efectiva y la independencia de poderes?

Hasta hace poco, algunos gurúes locales ofrecían todavía elixires mágicos institucionales. Un caso notorio era el del “hermanamiento institucional”, es decir la propuesta de importar instituciones (o calidad institucional) llave en mano de otros países, imitando el ejemplo de la Unión Europea que replica organizaciones públicas de países avanzados, en algunos de tradición socialista y recién incorporados a la unión.

No obstante, el problema argentino nunca ha sido su baja capacidad de diseño institucional. A pesar del mito, ideas o buenas instituciones no son lo que falta en nuestro país. Hemos tenido organizaciones modelo a nivel regional (INDEC, Banco Central, Obras Sanitarias, Vialidad Nacional, CONEA, etc.). Incluso el diseño de nuestro sistema de control SIGEN-AGN es avanzado.

Nuestra gran falla es otra. En muchos casos se tiene gente competente, pero no en el lugar que corresponde. En otros casos no existe gente competente porque no se la forma. Las organizaciones son fundamentalmente las personas que las componen. De nada sirve traer una Aduana copiada de España si voy a nombrar a inexpertos para conducirla, o si no tengo aduaneros idóneos para integrarla, porque no hay escuela aduanera meritoria. En ningún país avanzado falta un sistema de ingreso por mérito, y las carreras públicas en las funciones claves e intransferibles del Estado (aduana, impuestos, regulación económica, auditoria, etc.), y en la mayoría también, escuelas de formación e inducción propias.

La institución que es débil es la Función Pública, porque domina en nuestro país la práctica de los cargos públicos como botín de guerra eleccionario, donde prevalece la militancia o la complicidad, y no la idoneidad.

La idoneidad en la Función Pública es mucho más que la “profesionalización”, es decir elegir el funcionario que ostenta una maestría. Supone, primero, la integridad (cívica, moral y personal), como componentes indispensables, luego la motivación (sensibilidad, responsabilización y compromiso) y finalmente la competencia. De hecho, la idoneidad es la que garantiza la conducta clave del Estado y, a su vez, es el ingrediente fundamental de la justicia para lograr la imparcialidad.

Sin idoneidad no hay ni imparcialidad ni competencia funcionarial, y sin esto es imposible que haya Calidad Institucional. Dicho de otra forma, si el agente de Policía no surge de un sistema que produce idoneidad, no será entonces ni imparcial ni competente: devendrá corrupto e ineficiente. Y si los agentes de policía son corruptos e ineficientes, no hay seguridad pública, o sea no hay bien público.

A pesar de la lógica del anterior argumento, el país sigue sufriendo desde hace años la degradación de la función ética y profesional de la policía, que acompaña la degradación inexorable del resto de las funciones públicas.

El criterio de idoneidad en el nombramiento de cargos, exigido por la Constitución Nacional en su artículo 16, ha desaparecido. La sociedad vislumbra que no habrá posibilidad de garantizar un plantel competitivo e idóneo para que el Estado acompañe exitosamente al sector privado en la conquista del mercado global, ni surgirá una Justicia independiente (imparcial), que vele por la seguridad jurídica, ni habrá agentes de seguridad probos.

Así las cosas, y a riesgo de ser reiterativo, es razonable argumentar que la “Calidad Institucional” no es ni más ni menos que la calidad de los funcionarios que componen las instituciones. Se puede inferir además que la generación de un civil service imparcial y competente, lleva por añadidura una dirigencia política idónea, porque el contagio por imitación es directo. Si el Estado dejara de ser un botín de cargos y de recursos, habrían amainado los incentivos para que los partidos políticos sean criaderos de oportunistas y aventureros. Se reforzará así el círculo virtuoso de la idoneidad entre la dirigencia política y estatal. Así, la ansiada “Calidad Institucional”, auténtica y sustentable, estará a la vuelta de la esquina, y cualquier “hermanamiento institucional” será ahora un aporte positivo. Con idoneidad en la Función Pública, habrá empresas públicas competitivas, políticas exportadoras exitosas, estrategias científico tecnológicas efectivas, y distribución del conocimiento y de la riqueza equitativa.  

* Egresado de la Ecole Nationale D’Administration (ENA) de Francia. Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Económicas -UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA.

Buenos Aires, jueves 21 de junio de 2012 

Notas relacionadas

Las enseñanzas de los docentes


Las enseñanzas de los docentes


Otra vez irregularidades en el Plan Federal de Viviendas


Incompatibilidad de intereses en acto


15 días para responder un pedido de información pública


Quieren crear una comisión que controle los fondos viales