14/09/2012 En cuatro años de gestión

Un programa de protección ambiental en la minería sólo ejecutó el 12,7% del presupuesto asignado

Se trata de fondos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo y por inversiones nacionales. Según la Auditoria General de la Nación, en menos de dos años se debería gastar el 83% faltante. En declaraciones a gestionpublica.info, la diputada nacional Victoria Donda, aseguró que “no se está llevando a cabo ninguna política ambiental que regule la actividad”.

Según la Auditoria General de la Nación (AGN), el Programa de Gestión Ambiental Minera ejecutó hasta abril de 2012 sólo el 12,7% del total de los fondos percibidos hace cuatro años. Consultada por esta cifra, la Diputada nacional por el Frente Amplio Progresista y vicepresidenta de la comisión de Minería, Victoria Donda, señaló que no la sorprende: “no se está llevando adelante ninguna política ambiental que regule la activad”.

El Programa, que depende del ministerio de Planificación Federal, se inició en marzo de 2008 y tiene como objetivo promover el cuidado del medio ambiente en el marco de la explotación minera. Con este fin, se diseñaron actividades de evaluación de daños ambientales en las localidades de Abra Pampa (Jujuy) impactada por la actividad de la ex fundición Metal Huasi, Gonzalito (Río Negro) donde funcionaba la ex fundición de la mina Gonzalito y en Calingasta (San Juan) donde se daba la remediación de pasivo ambiental derivado del tratamiento de sulfatos. 

Además, el Programa de Gestión Ambiental Minera prevé llevar adelante la supervisión y coordinación de talleres de información a la comunidad sobre el impacto ambiental de la actividad. Según la AGN, los fondos asignados (que ascienden a USD 26.304.184) fueron otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por inversiones nacionales. El informe, publicado este año por el organismo de control y dado a conocer por el portal Elauditor.info, explica que se fijó un plazo de ejecución de 6 años contados a partir de noviembre de 2007, fecha en que entró en vigencia el contrato. Sin embargo, hasta ahora se llevan ejecutados sólo USD 3.357.133, por lo que en menos de dos años se debería gastar el 83% faltante.

Consultada por gestionpublica.info, la directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, María Eugenia Di Paola, consideró que “el crecimiento exponencial de la actividad minera se ha visto acompañado por una profundización de los conflictos sociales y ambientales que sufren las comunidades”. “La legislación ambiental establece que las poblaciones tienen que formar parte de los procesos de toma de decisión respecto a distintos temas. En este sentido, los proyectos mineros no escapan a esto”, señaló.

Desde el Programa de Gestión Ambiental, reconocieron que hubo subejecución “que venía de arrastre de los dos primeros años de ejecución del préstamo”. También, explicaron que durante el 2011, al haber sido un año electoral, se “han impuesto algunos retrasos en la ejecución de las actividades”. Igualmente, afirmaron que se verá una “mejora significativa para 2013”.

Por otro lado, Di Paola denunció “una falta de implementación de las leyes actuales” e hizo hincapié en la necesidad de replantear del esquema extractivista: “En los 90´ se estableció un marco legal que promovía las acciones mineras. Luego, apareció la legislación ambiental intentando poner un límite, pero a duras penas se está cumpliendo”, recordó la titular de FARN.

Respecto a las manifestaciones que tienen lugar en Famatina, Andalgalá y Tinogasta, Di Paola dijo: “Las poblaciones comienzan a levantarse por emprendimientos que no los tienen en cuenta y que han afectado su ambiente y recursos”. Según recalcó, en estas zonas “se está criminalizando mucho la protesta de quienes se oponen a la mega minería”.

“Es preciso plantar un control efectivo de los controles mineros existentes. Falta implementar la Ley de glaciares y la Ley general del ambiente, que plantea limitaciones a la actividad minera, lamentablemente no se están instrumentando como debería”, finalizó la directora de de FARN.

“Los pueblos tomaron conciencia”

Así señaló a gestionpublica.info el presidente de Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), Jorge Yabrowski, en referencia a los efectos negativos en la salud  actividad minera.

“El aumento de metales pesados en las napas, sumados a los residuos de cianuro producto de la explosión de las montañas para extraer los metales van generando una disminución de la calidad del agua potable. Esto genera la aparición de de distintas enfermedades cutáneas y oncológicas en la poblaciones aledañas a las mineras”, explicó.

La comunidad médica del departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca, en donde funciona la minera la Alumbrera, realizó un anuncio sobre “el deterioro de la calidad de vida” vinculado con “el aumento de patologías oncológicas en los últimos quince años”, señaló el especialista.

Desde hace tiempo, los habitantes de Famatina (provincia de La Rioja) se manifiestan para que no se instale una mina de oro en esa región. Movilizaciones similares se replicaron en las localidades catamarqueñas de Andalgalá y Tinogasta en donde los pobladores reclaman por una mejor calidad de vida. Para Yabrowski, “los pueblos tomaron conciencia del daño de la mega minería”.

Por último, el titular de FESPROSA sostuvo que “la naturaleza misma de la actividad la hace inviable”: “En la minería a cielo cerrado, donde los mineros bajan 10 metros dentro de un socavón, es menor el impacto ambiental porque es poco lo que sale de la montaña. Esta modalidad ya no rinde económicamente comentó y añadió: “Lo único redituable es destruir la montaña, lo cual provoca cambios ecológicos por generaciones”. 

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