27/09/2012 Hay más de 20 proyectos archivados en el Congreso

Argentina sigue en deuda en materia de transparencia

En América Latina ya son 13 los países que cuentan con una normativa que regula el acceso a la información pública. En nuestro país, la última iniciativa presentada por el senador Samuel Cabanchik perdió estado parlamentario en febrero de 2010.

En el Congreso Nacional hay alrededor de 20 proyectos de Ley de acceso a la información pública que esperan ser tratados. Mientras varios países de Latinoamérica avanzan de forma exitosa en la materia, para Argentina es una deuda pendiente. La última iniciativa, presentada por el senador Samuel Cabanchik (Proyecto Buenos Aires Federal) perdió estado parlamentario en febrero de 2010, a pesar de contar con el visto bueno de la Cámara Alta.

En el marco del Día Mundial de Acceso a la Información Pública, que se celebra el 28 de septiembre, gestiónpublica.info se comunicó con el senador de PROBAFE, quien destacó que hubo “acciones y omisiones” que llevaron a que su iniciativa “se cayera” en Diputados.

“Trabajamos mucho con las organizaciones sociales, escuchamos sus reclamos, nos reunimos y tuvimos en cuenta a todos los sectores, pero después no pasó anda”, criticó Cabanchik y añadió: “Ciertas miopías coyunturales de determinados actores malograron la posibilidad de aprobar la Ley”.

En la actualidad, el derecho a la información está regulado por el decreto 1172  firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner en 2003. Si bien para Cabanchik esta medida significó un “avance” en la materia, para el director del área de Acceso a la Información de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Ramiro Álvarez Ugarte, “ha demostrado tener serias limitaciones”.

“La falencia principal del decreto (cuya aplicación queda reducida al ámbito del Poder Ejecutivo) es que no forma estructuras dentro del Estado con la capacidad de impulsar el acceso a la información pública”, argumentó Álvarez Ugarte quien también cuestionó que la información que brinda es demasiado “errática”: “Muchas veces se contesta tarde y de manera incompleta”.

Consultado respecto al avance de distintas legislaciones en Latinoamérica, el senador consideró que Argentina está en una situación “intermedia”, mientras que para el representante de ADC el país está “muy retrasado”. “Hace casi 10 años, cuando comenzó el acceso a la información pública se puso en agenda, Argentina era uno de los países en donde más se había avanzado. Pero en el último tiempo, nos han superado”, completó Álvarez Ugarte. A la fecha, trece países latinoamericanos cuentan con leyes de acceso a la información. El último en sancionar la normativa, que entró en vigencia en mayo de este año, fue Brasil.

En cuanto a las metas por delante que tiene Argentina el representante de ADC, comentó: “El principal desafío es producir información de manera inteligente que sea útil para la ciudadanía y para los funcionarios. Es decir, información que se elabore en formatos abiertos y que permita ser procesada por terceros. Esto mejoraría enormemente las políticas públicas”.

Por su parte, Cabanchik apeló al uso “responsable” de este derecho: “Tiene que haber una educación cívica. Hay que tomar conciencia del valor que significa el acceso a la información pública. Es decir, es un derecho pero también es una responsabilidad”.

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