24/10/2012 Opinión

Aporte al debate sobre el aborto

*Por Facundo Martínez. El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Mitt Rommey, fue duramente cuestionado a mediados de octubre luego de amenazar con anular la ley que legalizó los abortos en su país y que el año que viene va a cumplir nada menos que 40 años.

El presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, adelantó que no vetará la ley que despenaliza el aborto, que los senadores uruguayos votaron la semana pasada, y que una vez promulgada sumará al país vecino a la lista de países latinoamericanos donde esa práctica está contemplada y es regulada por el Estado: Cuba, Puerto Rico, Guyana y México, aunque en este último sólo se permite y no se castiga en casos de violaciones y siempre que la interrupción se concrete hasta la semana 12 de gestación.

En la Argentina también el debate sobre la despenalización del aborto se ha instalado con suficiente fuerza en estos últimos días, y el caso uruguayo, a pesar de sus restricciones, fue tomado con entusiasmo por las mujeres feministas que, con más de una década de trabajo conjunto y articulado, impulsan en el país la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”. Para este grupo de mujeres, la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto es “una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos” y la herramienta es un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, elaborado colectivamente en 2006 y presentado en la Cámara de Diputados al año siguiente, y nuevamente en 2009 y 2010.

Dicho proyecto, que en su camino cuenta ya con medio centenar de firmas de diputadas y diputados nacionales, y también con el apoyo explícito de la mayoría de los Consejos Directivos de distintas facultades y Consejos Superiores de las universidades públicas nacionales, expresa, fundamentalmente, que toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de un embarazo durante las primeras doce semanas de gestación (art. 1); y tiene derecho a acceder a la realización de la práctica en el sistema de salud (art. 2); y que fuera del plazo establecido en el artículo 1, toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción del embarazo si éste fuera producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer, si existieran malformaciones fetales graves. Se trata de un proyecto de ley amplio y extensivo, cuyo principal sostén es ni más ni menos que la realidad.

Un nuevo empujón llegó esta semana desde el ámbito internacional. En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Argentina se presentó para rendir el Examen Periódico Universal -una suerte de rendición de cuentas de lo hecho en la materia de DD.HH. En los últimos cuatro años-, países como Alemania, Holanda, Suiza, Noruega, Eslovenia y Uruguay, entre otros, pidieron a la Argentina que garantice el acceso a los abortos no punibles y expresaron su preocupación por las muertes de mujeres por abortos inseguros.

En la Argentina, se estima, se practican anualmente cerca de 500 mil abortos clandestinos, con los riesgos que estos suponen: unas 3.000 mujeres han perdido la vida como consecuencia de realizarse abortos inseguros. La mayoría son chicas jóvenes y pobres, quienes no pueden pagar los servicios que otras jóvenes, de clases media y alta, sí pueden asumir para afrontar el mismo problema.

La resistencia que le oponen la Iglesia y otros sectores conservadores de la sociedad ha frenado sistemáticamente todo tipo de iniciativas en materia de abortos. La propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández, ferviente defensora de los derechos de las mujeres, pero de base doctrinaria católica, encontró su propio límite con el tema y admitió públicamente su posición contraria al aborto, la cual ratificó el año pasado en una reunión con los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina. Sin embargo, no dio instrucciones a los bloques de su partido para interrumpir los debates parlamentarios sobre el tema.

El mejor ejemplo de eso es la posición que asumió el senador del Frente para la Victoria Miguel Angel Pichetto, a raíz de la negación de la jueza Myrian Rustán de Estrada, quien dio curso a una medida cautelar presentada por la ONG Pro Familia para no autorizar que una joven violada pudiera realizarse un aborto, el que finalmente se realizó gracias a un veloz pronunciamiento de la Corte Suprema. Pichetto se pronunció a favor de promulgar una ley para reglamentar el “aborto no punible” en el mismo sentido que lo resuelto por el alto tribunal, “para que no se pueda seguir interpretando la ley en el sentido que lo hacen quiénes presentan recursos de amparo”.No se trata de un proyecto del bloque oficialista, ni está impulsado por el Poder Ejecutivo, y por el solo hecho de hablar de “aborto no punible” permite intuir que se tratará de una ley con elementos restrictivos, al estilo uruguayo, y no amplia y general, en el sentido en que lo plantea la Campaña, cuyo lema no deja lugar a dudas: “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”.

*Sociólogo y Periodista.

 

 

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