04/12/2012 Opinión

Hacia la democratización de la palabra

Por Facundo Martínez*. El camino hacia una verdadera democratización de la palabra está llegando a la recta final. La Corte Suprema de Justicia puso como límite para la plena vigencia del artículo 161 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA)-sancionada por el Congreso de la Nación en 2009- el 7 de diciembre próximo.

Precisamente, desde que se pronunció el máximo tribunal -el 22 de mayo de este año- se ha instalado en la sociedad la idea del 7D, como un día bisagra, principalmente para el Grupo Clarín, el único entre sus pares que se resiste a presentar su plan de adecuación a la denominada Ley de Medios.  

La LSCA, desde su concepción, su sanción y sus primeros años de vigencia –incluso a pesar de las cautelares que fueron postergando su plena aplicación- es una ley cuyo espíritu, forjado a la luz de los foros provinciales que se multiplicaron a lo largo y a lo ancho del país, es garantizar el derecho a la información, la libertad de expresión y la democratización de los medios de comunicación. Pero aún más, la LSCA también vino a reparar el daño que produjo aquel decreto-ley de Radiodifusión que puso en vigencia el dictador Jorge Rafael Videla, en los años `80, y que sirvió para silenciar las voces contrarias a las políticas de aniquilamiento de la industria nacional, en pos de la defensa del sector agropecuario, cuyos principales actores sostuvieron el Golpe de Estado de 1976.

Esa ley de la dictadura, que complementa la inescrupulosa entrega de Papel Prensa a las empresas dueñas de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, tuvo otro momento de protagonismo cuando, a mediados de los ‘80, más precisamente en 1987, el entonces presidente de los argentinos, Raúl Alfonsín, comienza a plantear la necesidad de derogar esa ley de la dictadura y reemplazarla con otra acorde a los tiempos de recuperación de la democracia y, por supuesto, también de la palabra, que había sido silenciada principalmente con el Terrorismo de Estado: el secuestro y desaparición de personas, y sus nefastas consecuencias. No hubo caso, las presiones del diario Clarín contra el líder radical fueron feroces, una campaña de desestabilización importante, y las buenas intenciones de Alfonsín se derrumbaron como castillos de naipes.

Finalmente, durante el neoliberalismo de los años ’90, a la sombra de las privatizaciones, los empresarios de los medios encontraron el marco propicio para una inédita expansión y fortalecimiento de sus respectivas corporaciones. Ya para 1995, el Grupo Clarín logra la hegemonía necesaria para terminar de moldear su concentración monopólica de medios de comunicación, cuya primavera puso en jaque la nueva Ley de Medios, que tiene entre sus objetivos principales evitar precisamente la monopolización de la palabra, favoreciendo la pluralidad y la democratización de la palabra.

Mucho se ha logrado desde que la LSCA fue sancionada. Se han adjudicado nuevas licencias y señales de televisión entre las Universidades, las municipalidades, cooperativas de trabajo, organizaciones sin fines de lucro, pueblos originarios, hechos que la derogada Ley de Radiodifusión no permitía, ya que sólo admitía como actores de la comunicación a empresas comerciales. La LSCA, en cambio, es inclusiva. En estos tres años el trabajo se ha multiplicado. Incluso los partidos políticos, a través de sus representantes, han participado del debate y también han propuesto modificaciones, incluidas en el proyecto aprobado por mayoría en el Congreso.

Este proyecto contempló la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que preside desde octubre pasado Martín Sabbatella, y cuyo directorio incluye representantes de distintos partidos políticos, oficialistas y opositores. Y tendrá, además, una instancia democrática de control a través de una Comisión Bicameral de Seguimiento y un Consejo Asesor, integrado por representantes de distintos sectores sociales, cuya misión será garantizar el cumplimiento de la producción de contenidos educativos, infantiles y de derechos humanos.

Frente a la inminencia del 7D, fecha en la que vence la entrega de proyectos de adecuación a la nueva ley de la democracia, la pelea mediática entre el Gobierno y el Grupo Clarín ha ido en aumento y por momentos ha tomado ribetes novelescos entre defensores y detractores. Lo que finalmente sucederá ese día es una incógnita. Seguramente no desaparecerá TN o el diario Clarín o el Canal Volver, como esgrime el propio Grupo en sus spots publicitarios; tampoco irá el Gobierno con la Gendarmería a tomar por la fuerza los medios de comunicación afectados. Entre quienes impulsaron y concretaron el proyecto que dio cuerpo a la LSCA es común escuchar que la estrategia del Gobierno, en el hipotético caso de que el Grupo Clarín no presente su plan de adecuación, no será otra que la disponer y volver a licitar las frecuencias que hayan quedado afuera de la ley.

Por su parte, el Grupo Clarín, que es el más afectado por el artículo 161 de la Ley de Medios, comenzó a denunciar una “aplicación selectiva” de la ley, en perjuicio de sus propios intereses. Bajo su control concentra unos 240 sistemas de cable, 4 canales de televisión abierta, 10 radios, entre AMs y FMs; y, precisamente, eso es lo que no admite la nueva ley, que en virtud de una mayor participación y democratización de la palabra, pretende impedir la formación de monopolios u oligopolios, fijando límites a las concentraciones.

*Sociólogo y periodista

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