06/12/2012 Opinión

Escuchar a los trabajadores

*Por Facundo Martínez. El 2012 dejó varias señales de alerta para el Gobierno, como para no desatender en 2013, año electoral: los importantes cacerolazos en las principales ciudades del país, con sus reclamos específicos de clase, que alcanzaron su máximo esplendor el 8N.

Aún así, e incluso más allá de sus rasgos de espontáneos u organizados, no dejaron un programa de gobierno alternativo claro, una idea mejoradora; un paro nacional alentado y sostenido principalmente por una parte de la CGT, la del ahora díscolo Hugo Moyano, y otra parte de la CTA, la de Pablo Micheli –alianza que, dicho sea paso, terminó por sepultar aquella idea alumbrada dos años atrás cuando no eran pocos los gremialistas que soñaban con la unificación de las centrales obreras a partir de una alianza entre los dos Hugo, Moyano y Yasky, el líder de la CTA oficialista-; la pelea sin tregua entre el Gobierno y el Grupo Clarín, a propósito del inminente 7D y su posterior plena vigencia del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que obliga al Multimedios a presentar su plan de adecuación; y el legítimo reclamo de todos los trabajadores, los de las dos CGT, más allá de la prédica paciente del metalúrgico Antonio Caló, y también de las dos CTA: la suba del mínimo no imponible y el pago de las asignaciones familiares para todos los trabajadores y trabajadoras, quienes dejaron de cobrarlos por la falta de actualización de los topes dentro de un indisimulable, más allá de las estadísticas, esquema inflacionario.

La oposición al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner calificó esta situación, que afecta directamente el bolsillo de los trabajadores, de “impuesto al trabajo”. No se trata precisamente de eso, ya que, por ejemplo, el impuesto a las ganancias se paga en la mayoría de los sistemas fiscales modernos, aunque eso no implica que el gobierno y sus técnicos no deban revisar con mayor celo quiénes son los trabajadores que deben tributar y quiénes no. La vara ha quedado baja. La inflación, que es preocupante porque en muchos rubros, sobre todo en los básicos como alimentos, vivienda y vestimenta, salud, educación privada, por dar unos ejemplos, suele ser mayor a la media resultante de los acuerdos salariales paritarios, situación que recorta paulatinamente el poder adquisitivo y que no parece poder subsanarse en el corto plazo.

Se sabe en el entorno oficialista que para el 2013 esta cuestión estará en la agenda política, e incluso ocupará un lugar de privilegio. Se trata de un año electoral y el Gobierno tiene varios flancos abiertos, por lo que más le conviene desactivar algunos de los reclamos y, principalmente, el que unifica a todos los trabajadores independientemente de la central obrera que los represente. No alcanza en ese sentido con los acuerdos paritarios. Además, con las centrales obreras dividas y paradas políticamente en veredas opuestas, la cuestión de consensuar un número que unifique los reclamos no aparece con claridad en el horizonte.

El escenario es por demás complejo. De lo que haga el Gobierno en estos rubros dependerá en buena parte la confección del próximo Congreso Nacional y, por supuesto, de ese resultado dependerá la iniciativa de la re-re elección presidencial que impulsan algunos ultrakirchneristas, pero de la que todavía no se pronunció la presidenta, inteligente y cautelosa al máximo en este punto.

Otra cuestión que no puede quedar en el tintero, es la de la corrupción estructural, que en este 2012 salpicó nada más y nada menos que al vicepresidente Amado Bodou. Se sabe que de ahí sale la plata negra para la política. Sobreprecios y otros rebusques que están, como lo han estado siempre, al orden del día y asombran incluso a funcionarios de la mayor jerarquía, incluyendo al propio viceministro de economía Axel Kicillof, de quien cuentan se muestra asombrado por lo paga su cartera en rubros tales como alquileres de autos. Pero, en rigor, no le compete sólo al Gobierno el asunto. Es un déficit de la política, un mal congénito, que no distingue signos políticos. En este sentido, los organismos de control deberán redoblar también sus esfuerzos para mejorar la calidad institucional y contribuir al saneamiento del Estado en todo el territorio. 

Otra cuestión a tener en cuenta, para establecer si lo antes mencionado le jugará o no en contra al Gobierno en este año electoral, es la capacidad que ha demostrado tener la presidenta para levantarse en los momentos de crisis. La gran movilización de los empresarios del campo en 2008, la derrota de Néstor Kirchner ante Francisco De Narváez en 2009, alcanzan para ejemplicar: nada, aunque lo parezca, es determinante en política, siempre que el Gobierno se preste a escuchar lo que dice la calle, principalmente los trabajadores, para abrirse al debate, que sin dudas fortalece, y no cerrarse sobre sí mismo, que es la peor estrategia para un programa de gobierno nacional y popular.

(*) Sociólogo, periodista. 

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